El miércoles 21 de abril, en la Cámara de Senadores de Entre Ríos, se dio un paso más en la mercantilización de la salud. La cámara alta dio media sanción al proyecto de Ley de Arancelamiento y Recupero Financiero del Sistema de Salud Provincial. Sistema Informático de Gestión y Control de Recupero Hospitalario (SIGCRH) -de autoría de los senadores del Frente Justicialista Creer: Horacio Amavet y Jorge Maradey-. Una medida que profundiza el golpe a un derecho universal, como es el acceso a la salud pública.
No se dice ninguna novedad cuando uno afirma el estado calamitoso de los hospitales públicos en nuestra provincia, como así también las condiciones laborales y salarios de sus trabajadores. Con partidas presupuestarias de miserias, el sistema de salud se encuentra cada vez más deteriorado y, por ende, el acceso a la salud pública por parte de los usuarios. Esta situación no surgió de la nada y tampoco es producto de malas gestiones. Desde los´70 hasta el presente los diferentes gobiernos nacionales como así también los provinciales, de forma consciente, han mantenido la lógica que dejó impresa la última dictadura y profundizó el menemismo.
Con la eliminación del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de la Ley 21.902, en noviembre de 1978, se descentralizaron los servicios conjuntamente con los establecimientos hospitalarios nacionales, pasando estos a formar partes de las jurisdicciones provinciales o municipales. De forma símil a lo que sucedió y sucede con nuestra educación, esto significó un recorte y desfinanciación notable de la salud en Argentina.
En este marco, la medida impulsada por los senadores del oficialismo, profundiza esta matriz. Maradey, uno de los autores del proyecto, declaró: “Este proyecto mejora el servicio de asistencia sanitaria del sistema público y recupera parte de la inversión que hace el Estado en la salud pública”. Pero la realidad, lejos de mejorar el sistema público, lo único que hace es sentar los elementos legales para aplicar, de forma generalizada, un arancelamiento general a la salud pública. El trasfondo de la medida, como ha ocurrido en distintas provincias donde se han presentado iniciativas idénticas, es lograr la “autofinanciación” de los hospitales. Medida que, de fondo, busca quitarle la obligación al Estado de transferir los fondos necesarios para garantizar una obligación inalienable e intransferible, como es garantizar una salud pública, gratuita y universal. También vale decir que el pago por la salud pública, por medio impuestos, ya es algo que pagamos. Por tanto, más que otra vía de “rescate de las inversiones realizadas”, hay que realizar un aumento a las partidas a partir de la tributación general de la provincia.
Dentro del cuerpo del proyecto de Ley que ya tiene media sanción, se destaca: “personas que concurran a los efectores públicos de la provincia que no tuvieren cobertura social pero posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”, e insta a que los efectores públicos se encarguen de “…verificar la situación socioeconómica de cada persona beneficiaria del sistema, sin perjuicio de la atención brindada que deberá ser inmediata y no podrá estar condicionada en ningún caso, a la finalización de la evaluación requerida”.
A partir del barniz “progresista” que los senadores tratan de imprimirle al proyecto, se afecta la universalidad del derecho a la salud que es para todos y todas. Es el Estado el responsable de garantizar el sistema público de salud y no sus usuarios, abonando un arancel. Todo el espíritu robinhudesco de las declaraciones de los autores esconde las grandes concesiones que el gobierno provincial, encabezado por Gustavo Bordet, en medio de los momentos más críticos de la pandemia, les hizo (y continúa haciendo) a las clínicas privadas. Cuando era elemental la unificación del sistema de salud en uno único de carácter estatal y gratuito, el gobernador favoreció al sector privado subsidiando sus tarifas de luz y gas. Por tanto, justificaciones “progresistas” del tipo de las efectuados por los senadores, no sirven para esconder el carácter del gobierno provincial que todos los trabajadores y sectores populares bien conocemos.
Si verdaderamente se tomase a la salud pública como un derecho a querer garantizar, su sustentabilidad no se hace por medio de un arancelamiento, que va a afectar a los usuarios. En una provincia tan desigual, donde la riqueza se concentra en tan pocas manos de grandes tenedores de pooles de siembra, el establecimiento de impuestos progresivos al agropower es una vía para fortalecer el presupuesto en salud.
Lejos de eso, esta iniciativa prolonga el actual vaciamiento del hospital público, la falta de recurso humano, sueldos de pobreza, infraestructura maltrecha y la falta de insumos y aparatología. Cuando los oficialistas del Frente Justicialista Creer se muestren sorprendidos por el avance de los discursos y las políticas privatizadoras y neoliberales de la oposición de derecha, hay que recordar que son ellos quienes moldean las bases para que las mismas recobren lugar en la discusión política. Tampoco es novedad que, una vez firmado el acuerdo con el FMI, desde el oficialismo avancen con estas medidas que son promovidas desde organismos como el Banco Mundial y el propio Fondo.
Desde el MST en el FIT-Unidad, ante este ataque al derecho de la salud pública, llamamos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y los usuarios de la misma a resistir a esta ley privatista. Decimos: ¡No al arancelamiento del sistema de salud público provincial!
Nadia Burgos y Nicolás Zuttión