Este lunes 24 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, se desató una escena más de represión policial contra familiares de Leonardo Quintana de 22 años, encontrado muerto en su celda el pasado viernes. La muerte de Leonardo se dio luego de haber sido detenido por el robo de un auto y, según relata la policía, estaba esperando ser trasladado a la unidad penal de Paraná ya que el auto que había sustraído pertenecía a un agente penitenciario de la ciudad de Victoria. La policía reprimió violentamente a familiares y allegados que aún se encuentran detenidos.
La situación vivida en Victoria se suma a una serie de hechos donde la policía de Entre Ríos viene siendo señalada por su accionar. Desde casos de corrupción hasta la acusación directa de familiares de pibes asesinados en situaciones que se están investigando.
Pero el problema no gira exclusivamente en torno a policías “sueltos” que “exageran” su respuesta, tampoco puede pensarse la violencia policial abstraída del sistema en el que vivimos.
Según el informe de la CORREPI, en la gestión de Fernández hubo 671 casos de muertes en calabozos[1] y 11 muertes en contexto de protestas sociales. Estos números constituyen una constante, el mismo informe menciona que desde 1983 al 2021 ocurrieron el doble de muertes en detención (4165) que por gatillo fácil (segundo en el puesto con 2877 casos). El informe también señala que la brecha en ambas situaciones se ha ido acrecentando debido al recrudecimiento del sistema penal que he generado un aumento de las encarcelaciones y también de los márgenes en los que actúa la institución policial. Un ejemplo de esto son las leyes por narcomenudeo y las modificaciones de los códigos contravencionales que solo han profundizado las detenciones por portación de cara, las requisas compulsivas y por lo tanto la criminalización de pibes jóvenes y pobres.
Por otro lado, tenemos la connivencia de la casta política con las fuerzas represivas y el sistema penal. Donde los ricos quedan impunes por delitos como lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción, fuga para la timba financiera, todos delitos que además perjudican a las mayorías sociales, y quienes trabajamos día a día nos vemos expuestos a la discrecionalidad de las fuerzas, como el caso de Facundo Astudillo Castro con la policía de Berni, o Facundo Ferreria de 12 años en Tucumán, Lucas González en Barracas y la lista sigue. Mientras los poderosos quedan absueltos o esperan sus juicios en mansiones, los trabajadores y los pobres abarrotamos las unidades penales, las comisarías y alcaidías. El informe del primer semestre del 2021 de la Procuración Penitenciaria de la Nación[2] sobre Tortura y Malos Tratos muestra que hubo 110 casos de violencia física, 18 de amenazas y 6 de aislamientos prolongados (considerados tortura), en su mayoría ocurridos en unidades penitenciarias y solo en la primera mitad del 2021. La situación vivida en Victoria es una muestra más de la necesidad de pensar políticas de fondo frente a un sistema que cada vez más castiga a los trabajadores y beneficia a la impunidad de los poderosos. Esta policía no va más, tampoco el sistema penal que no da respuesta a las injusticias que vivimos día a día las mayorías populares y que cuando las da, solo nos perjudican. Repudiamos la represión a la protesta, situación que debe alarmarnos todas las veces ya que como ha pasado en ocasiones anteriores, son los métodos que se utilizan cuando los trabajadores reclamamos por nuestros derechos y que se va a profundizar si el gobierno de Fernández y los gobernadores sigue ajustándonos a la medida.
Sofía Cáceres Sforza
[1] http://www.correpi.org/2021/archivo-2021-la-deuda-es-con-el-pueblo/#modalidades
[2] https://ppn.gov.ar/index.php/estadisticas/informes-sobre-casos-de-tortura-y-malos-tratos