Luego de la aprobación de la Ley Bases, casi todos los gobiernos provinciales comenzaron a generar las ingenierías para adherirse al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) en pos de la promesa de una reactivación económica. Esta vendría de la mano de la aparición del empresariado, que actualmente dice necesitar un marco de seguridad jurídica y estabilidad para garantizar un “aluvión” de inversiones.
En este marco, la Entre Ríos de Frigerio no fue la excepción y ya se presentaron dos proyectos de ley para la adhesión a este nuevo régimen para que la legislatura de la provincia comience a tratarlos en comisiones. El primero es impulsado por los libertarios de la cámara de diputados entrerriana y propone adherir parcialmente a la provincia a la Ley Nacional N° 27.242 (Ley Bases), en donde se encuentra el régimen de inversiones. El segundo es presentado por el Poder Ejecutivo y suma a la adhesión al RIGI, la creación para el orden provincial de un Régimen de Incentivo para las Nuevas Inversiones (RINI). Este iría en la misma línea que la ley nacional, en donde se asegurarían entre otras cosas exenciones fiscales, pero incluso ampliaría los beneficios que la ley provincial de Promoción y Desarrollo Industrial actualmente asegura.
El RINI entrerriano
El proyecto para que Entre Ríos se amolde al RIGI en primera instancia fue motorizado por los diputados de los distintos bloques libertarios que ocupan la legislatura, donde Carlos Damasco (Fe y Libertad) figuraba como autor y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) junto con Roque Fleitas (La Libertad Avanza) acompañaban como coautores. Como motivación del proyecto y en consonancia con el discurso entreguista y extractivista libertario nacional los legisladores expresaron que: “la cantidad de recursos naturales que posee la provincia nos coloca en situación ideal para recibir grandes inversiones”.
Frente a esto Rogelio Frigerio dio un paso más y presentó un proyecto de ley a medida de la provincia, ya que además de adherirse al RIGI, propone crear un régimen para atraer inversiones de un rango menor a las que se pretende atraer con el régimen nacional. Este proyecto viene a sumarse a los beneficios ya existentes en la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial, incluyendo exenciones impositivas, ventajas de créditos estatales, es decir, mientras ajusta a los trabajadores entrerrianos, pretende ponerles una alfombra roja a los sectores concentrados de la economía. El tratamiento del proyecto de ley comenzaría este 7 de agosto en la comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas.
Según los considerandos de este proyecto, al igual que el RIGI, el RINI buscaría fomentar y facilitar la atracción de inversiones hacia nuestra provincia, aprovechando la localización, recursos, condiciones geográficas e infraestructura existentes en nuestro territorio. En concreto, este régimen provincial estaría adaptado para las inversiones del sector industrial, el transporte de carga vinculado con la actividad industrial, el turismo y la industria cultural, aunque el Ejecutivo de la provincia podría determinar otras actividades que se puedan enmarcar en este nuevo régimen. Pone a disposición nuestros bienes naturales y al Estado entrerriano para que los sectores extractivistas saqueen sin consecuencias y sin dejar un peso a la provincia. Por el contrario, el proyecto de Frigerio es quitarle impuestos a las empresas e intereses a los créditos que pidan al Estado.
Este proyecto mantendría los beneficios para los inversores entre 15 y 20 años. Y, como dijimos, además de contener las ventajas contempladas en la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial como son las exenciones a impuestos provinciales (Ingresos Brutos, inmobiliarios) y los reintegros en las prestaciones de energía eléctrica, también se sumaría con el RINI, la exención del 100% en sellados y en las tasas retributivas de servicios, así como beneficios para créditos.
Regímenes de inversiones con un solo propósito
Entre Ríos, una provincia envenenada por la actividad del agronegocio, con nuestros cuerpos marcados por las consecuencias del extractivismo, profundizaría así su modelo productivo (si es que puede llamarse “productivo” arrasar poblaciones y miles de hectáreas destinadas al monocultivo) con el proyecto del RIGI y el RINI.
En ninguno de los dos regímenes existe un control real de la producción en función del impacto ambiental y social que puedan generar las actividades productivas que se asienten en el territorio. Quedan fuera de cualquier hoja de ruta dibujadas por el gobierno nacional y provincial el bienestar de las poblaciones que sufrimos las consecuencias del extractivismo. Para decirlo de otra manera, estamos frente a una entrega de la soberanía productiva y de nuestros bienes comunes en un período que puede llegar a durar entre dos y tres décadas.
El combo que comprenden estas leyes en donde las empresas pagan menos, se les garantiza estabilidad fiscal, se les otorga inmunidad legal y hasta en algunos casos tendrían custodia propia, indican el destino colonial al cual quieren arrojar a todas las provincias y al país por completo. Frente a las presiones en las que se encuentra Argentina, producto de la crisis recesiva actual, estos proyectos de producción solo tienen como objetivo, en el corto plazo, capturar todas las divisas posibles (destinadas a pagar la deuda ilegal, ilegítima y usurera), mientras que en simultáneo se entregan nuestros territorios para la extracción de commodities reventando nuestros suelos y recursos. Y da por tierra las leyes y disposiciones que con la lucha de los pueblos hemos conquistado para enfrentar el arrasador modelo extractivista de nuestra provincia, como propone específicamente el proyecto presentado por los libertarios entrerrianos.
Esto es la presentación de una orientación reprimarizadora de la producción, en donde al mismo tiempo, y por como es la arquitectura de estos proyectos, las ganancias para el Estado no están aseguradas en ningún momento, por el contrario, prevé una quita de recaudación. Por el lado de la generación de puestos de trabajo tampoco se responde a la crisis que expresa el nivel de desempleo existente, es más, las actividades productivas que se fomentan no necesitan una gran demanda de mano de obra. Y el RIGI y RINI se suman a un andamiaje legislativo que Frigerio está impulsando en esta orientación, como la posibilidad de la venta de los bienes comunes (como los humedales), la ley de agrotóxicos (llamada irónicamente “de las buenas prácticas”), y la presentada por diputados de su bloque y de los libertarios para quitar las restricciones que pone la ley de manejo del fuego a la compra y venta de las tierras quemadas. Un combo de leyes hechas al servicio de los sectores concentrados del agronegocio, la especulación inmobiliaria y el extractivismo.
Un ejemplo de cómo se está configurando esta entrega se puede ver en la compra en conjunto de la mina Filo del Sol (San Juan) que realizaron la empresa australiana BHP junto con la canadiense Lundin Mining. Hoy bajo la vigencia del RIGI estas mineras tienen dos ventajas: quedan eximidas de liquidar las divisas en el país y también pueden enjuiciar al Estado en tribunales extranjeros si ven que sus intereses productivos/económicos se encuentran afectados. Todo un escenario en favor de los capitales concentrados.
Desde la Red Ecosocialista del MST en el Frente de izquierda entendemos que frente a este contexto se presentan dos caminos irreconciliables entre sí. Uno, donde el país se continue convirtiendo cada vez más en un productor de commodities para satisfacer las necesidades de los sectores más concentrados de la economía y el otro, donde se impone poner un freno y luchar por la transformación de la matriz productiva del país, donde las necesidades del conjunto de los trabajadores estén contempladas y la destrucción del medioambiente no sea una variable en desarrollo. Dar vuelta todo para construir una lógica totalmente opuesta a la que existe y quieren mantener con vida y profundizar los gobiernos ajustadores de Milei, Frigerio y los gobernadores. Pero también que se sacuda las conducciones que nos trajeron acá y que son tan culpables como el gobierno actual de este modelo arrasador y destructivo.
La lucha es el camino y así como tiramos la ley ómnibus y logramos diezmar la ley bases de su original, tenemos que profundizar la organización y llamar a la movilización, retomando el ejemplo de los pueblos que a lo largo y ancho del país vienen enfrentando esta matriz empobrecedora, para cuando se debatan estos proyectos, que este miércoles 7 tendrá su primera instancia de tratamiento en la Cámara entrerriana.