La Legislatura provincial trata hoy en comisión y dará media sanción en esta semana a un proyecto de ley tramposo del gobernador Bordet. En nombre de “los derechos humanos” y de “no discriminar”, quieren aprobar un texto discriminatorio y censor favorable al Estado de Israel, que desde su fundación en 1948 discrimina, violenta y es genocida del pueblo palestino. Año a año, todos los informes del relator de Derechos Humanos de la ONU confirman que Israel comete apartheid, o sea racismo, contra los palestinos. Ahora, encima, en todo el mundo el sionismo pretende acallar toda opinión crítica hacia el accionar de ese Estado.
¿Cómo es la trampa? La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un grupo de 35 países al mando de EE.UU. e Israel que Argentina lamentablemente integra impulsa una definición falsa: considerar antisemitismo a toda crítica a alguna institución judía, incluido el Estado israelí. Pero resulta que semitas son todos los pueblos de Medio Oriente, que en su enorme mayoría son árabes. Por ende, el principal antisemita es Israel: un Estado que nació robando las tierras palestinas, arrasando sus aldeas, asesinando a decenas de miles de personas y aun hoy sigue aplicando un apartheid violatorio de los derechos humanos más elementales.
Israel y el sionismo buscan utilizar el repudiable genocidio nazi de ayer contra los judíos para ocultar el repudiable genocidio israelí de hoy contra los palestinos. El proyecto en debate es parte de esa maniobra antidemocrática contra la libre expresión. Ya la DAIA pretende imputar a nuestro dirigente Alejandro Bodart por sus críticas políticas a Israel. Pero en nuestro país ya hay jurisprudencia al respecto. En julio de 2010, la Cámara de Apelaciones penal porteña anuló la condena contra un dirigente de izquierda por parte de un juez que equivocadamente igualó antisionismo a antisemitismo. Ceder a la maniobra del proyecto de Bordet es violentar doblemente los derechos democráticos: por discriminar y por atacar la libertad de expresión.
