La realidad de las góndolas comenzó a devorarse el último gran mito del relato oficialista. Todo esto ocurre en un marco regional de extrema gravedad, donde el gobierno de Milei actúa como el principal aplaudidor de la incursión militar de Trump en Venezuela, utilizando la conmoción internacional para intentar disimular una crisis interna que no deja de profundizarse.
Aquella baja de la inflación que se presentaba como el único éxito tangible de un modelo basado en el ajuste y la recesión, hoy muestra signos claros de haber encontrado un piso infranqueable. Mientras los números de diciembre de 2025 terminan de procesarse, el optimismo libertario choca contra una inercia de precios que, lejos de desaparecer, se prepara para un nuevo salto en el inicio de este 2026. El sistema de bandas cambiarias y las promesas de inflación cero para mediados de año, hoy parecen un relato estadístico que no logra ocultar la carestía de la vida que golpea a las mayorías trabajadoras.
Los relevamientos de las principales consultoras privadas para el último mes del año pasado coinciden en que la desinflación se ha estancado en un escalón ascendente. Entre los registros de C&T, Libertad y Progreso, y Eco Go, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre se ubica en un rango que oscila entre el 2,3% y el 2,6%, superando el 2,1% que el propio Banco Central proyectaba a comienzos del mes.
Este rebote, impulsado fuertemente por el rubro de alimentos y particularmente por el precio de la carne vacuna, que subió un 8% mensual, demuestra que la caída del consumo tiene un límite como ancla de precios. Incluso la inflación núcleo, aquella que elimina los precios regulados y estacionales, avanzó a un ritmo del 2,8% según el Estudio Ferreres, marcando una señal de alerta sobre la consistencia de un programa que solo cierra con trabajadores bajo la línea de pobreza.
A esta dinámica se le suma un cambio metodológico en el INDEC que comenzaremos a ver en los datos de enero. El organismo dirigido por Marcos Lavagna actualizará la canasta de referencia, pasando de la encuesta de gastos de 2004 a la de 2017/2018, lo que en la práctica implica un maquillaje estadístico peligroso. Con el nuevo esquema, el rubro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas perderá peso relativo, bajando del 26,9% al 22,7%, mientras ganarán incidencia servicios como Vivienda, Electricidad y Gas. Esta maniobra intenta diluir el impacto de la comida en el índice general, justo cuando el acceso a las proteínas básicas se vuelve un lujo para millones. Es un intento de modernización que, bajo el enfoque del ajuste actual, solo sirve para ocultar que los hogares más pobres destinan casi todo su ingreso a comer, algo que la nueva estadística buscará subestimar sistemáticamente.
El abismo financiero: entre el default y la devaluación
La fragilidad del esquema económico no solo se mide en las góndolas, sino también en las oficinas técnicas de Washington. El Congressional Research Service (CRS) del Congreso de los Estados Unidos emitió recientemente un informe durísimo que pone en duda la solvencia del Estado argentino. Según estos técnicos parlamentarios, el país se encamina hacia una encrucijada inevitable de devaluación o default ante la incapacidad de generar divisas genuinas a través de un superávit comercial sólido.
El documento advierte que la defensa del tipo de cambio mediante la quema de reservas no es sostenible y que el gobierno oscila ante la décima cesación de pagos de su historia. Es que mientras el presidente sobreactúa su sumisión al imperialismo avalando el secuestro de Maduro y el bombardeo a Caracas, los técnicos de Washington dudan de que su lealtad sea suficiente para compensar la fragilidad de un programa económico que se queda sin dólares. Esta crítica no proviene de sectores progresistas, sino de la misma burocracia estadounidense que mira con recelo cómo el presidente republicano Donald Trump intenta rescatar a Javier Milei con fondos que el propio Congreso norteamericano aún no habilita por falta de garantías.
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Luis Caputo se encuentra hoy atrapado en esa encrucijada, sin una fórmula clara para capear los vencimientos que se acumulan en este primer cuatrimestre. La dependencia de los swaps de divisas con Estados Unidos y la incertidumbre sobre nuevos desembolsos del FMI alimentan la desconfianza de los mercados. Mientras el ministro busca cómo pagar los 4.200 millones de dólares de esta semana, el informe del CRS deja claro que la credibilidad del programa libertario está prendida con alfileres. Si el gobierno no logra conseguir dólares suficientes, el dilema será el siguiente: o se permite una mayor flexibilidad en el valor del peso, disparando nuevamente la inflación, o se deja de pagar la deuda externa, aislándose totalmente del crédito internacional.
Esta inestabilidad financiera se traduce de inmediato en un ataque directo a los ingresos de los trabajadores a través de un enero cargado de tarifazos. El mapa de aumentos que se ha trazado para este inicio de año es una muestra de la asfixia planificada que sufren los trabajadores:
- Luz y Gas: Eliminación de la segmentación por niveles e implementación del Régimen de Subsidios Focalizados que deja a 7,5 millones de hogares pagando tarifa plena por excedentes mínimos de consumo.
- Agua (AySA): Aumento mensual del 4%, acumulando un 17% en el primer cuatrimestre sobre un servicio que ya subió casi un 400% el año pasado.
- Transporte: El boleto mínimo de colectivo escala a $620 en CABA y $688 en provincia, mientras que el subte ya alcanza los $1.259 por viaje.
- Combustibles: Incrementos que llevan la nafta súper por encima de los $1.600, impactando de forma indirecta en toda la cadena de logística y distribución.
- Prepagas: Un nuevo ajuste del 2,5% mensual amparado en la desregulación total del sector salud.
- Alquileres: Saltos del 36,39% anual para los contratos que aún se rigen por actualizaciones anuales, profundizando la crisis habitacional.
- Comunicaciones: Subas de hasta el 4,5% en telefonía móvil e internet, servicios hoy vitales para el estudio y el trabajo.
Recomposición salarial para frenar el saqueo
Todo este escenario de proyecciones inflacionarias estancadas y deudas impagables tiene una única variable de ajuste: el bolsillo del laburante. Las nuevas bandas cambiarias y el maquillaje del INDEC no son más que herramientas técnicas para profundizar el ataque a los ingresos mientras la casta política y los ministros se aumentan sus dietas un 90%. El gobierno intenta imponer una paz social a través del espionaje y la persecución, pero la carestía de vida que se proyecta para los próximos meses vuelve insostenible cualquier intento de silenciar la protesta. La caída del salario real no es un efecto no deseado, sino el corazón mismo de un programa que necesita trabajadores pobres para garantizar el pago a los usureros internacionales.
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Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este plan sistemático de miseria y llamamos a organizar una respuesta contundente en las calles. No aceptamos que la única opción sea elegir entre el default o la devaluación que propone el Congreso yanqui; la verdadera salida es el no pago soberano de la deuda para destinar esos recursos a un plan nacional de emergencia. Exigimos una recomposición salarial inmediata para que ningún trabajador gane menos del valor de la canasta básica, con cláusulas de actualización automática que no dependan del maquillaje estadístico de Lavagna.
La batalla por nuestros ingresos es hoy una cuestión de soberanía elemental frente a un gobierno que gobierna para Wall Street. Solo con la movilización podemos frenar esta avanzada intervencionista y garantizar que la crisis la paguen quienes la generaron: los grandes empresarios y sus representantes políticos. La organización en cada lugar de trabajo y de estudio es el único camino para barrer con la estafa de este ajuste perpetuo y reconstruir un sistema donde la vida de las mayorías valga más que los intereses del FMI.
