En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad mediante la Resolución 47/3. El objetivo fue promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
En Argentina, en octubre del año 2000 se declaró el 3 de diciembre Día Nacional de las Personas con Discapacidad (Ley 25346).
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Extraña definición si consideramos los márgenes difusos de la normalidad. La discapacidad puede ser motora, intelectual, sensorial o psíquica.
Se estima que más de mil millones de personas en el mundo, es decir, un 15% de la población mundial, experimentan algún tipo de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de personas mayores de 15 años experimentan dificultades considerables a nivel funcional. Aproximadamente, 1 de cada 20 niños por debajo de los 14 años vive con una discapacidad de grado moderado o grave. Cifras que irán en aumento dado el envejecimiento de la población, las futuras pandemias y las desigualdades económicas. Las desventajas de este grupo de personas es tal, que en todo el mundo tienen los peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a derechos como la salud, la educación y el empleo.
Las cifras nacionales
En Argentina de acuerdo a datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en julio de 2018 eran 3.571.983 personas con discapacidad en todo el país. Uno de cada 10 argentinos tiene algún tipo de discapacidad.
En nuestro país rige el Sistema de Protección Legal a las Personas con Discapacidad, emanado de la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23, que establece los derechos de las personas con discapacidad, a saber: viajar gratuitamente en transportes de corta y larga distancia, tramitar el certificado de discapacidad, recibir asignación por hij¬¬¬o o hija discapacitada sin límite de edad, integración a la educación común, acceso al medio físico (parques, baños públicos, edificios), empleo en organismos públicos, talleres protegidos de producción, pensión por invalidez, jubilación con 45 años, franquicia tributaria para la adquisición de un automóvil, libre estacionamiento y exención del pago de patentes, cobertura 100% por parte de las obras sociales y prepagas (todas las terapias y medicamentos). Derechos absolutamente pertinentes, dignos y justos pero que en la realidad cotidiana no se cumplen. Así las familias inician su peregrinaje por las obras sociales y prepagas, las cuales en un amplio porcentaje se niegan a realizar tratamientos o terapias de todo tipo, argumentado que no son tan necesarios, arrogándose el derecho a decidir qué terapia si y cuál no, o reduciendo las mismas. También se niegan a pagar “medicamentos caros”. La mayoría de las veces se debe interponer un amparo judicial para que cumplan con lo establecido por ley, lo cual lleva tiempo, tiempo perdido para las infancias, ganado para las arcas de las obras sociales y prepagas.
Con respecto a las pensiones por invalidez, durante la era macrista fueron canceladas para miles de personas sin previo aviso. Con la asunción de Fernández la orden fue agilizar la salida de las pensiones que estaban trabadas, pero siguen saliendo a cuenta gotas. Actualmente el trámite se realiza por internet, lo que ya desde el vamos crea la obligación de tener acceso a una computadora e internet. La pensión equivale a un 70% de la jubilación mínima, lo cual es absolutamente insuficiente, casi inexistente.
En cuanto al empleo, por ley el número de personas con discapacidad que correspondería estén insertas en el mundo laboral es del 4 %. La realidad es que no llega al 1% en el sector público y en el sector privado representa tan sólo el 0,5 %.
En este capitalismo pandémico donde la desocupación ronda el 20% en Argentina, ¿podemos esperar que las personas con discapacidad accedan a un trabajo con haberes dignos y de acuerdo a sus intereses y habilidades? Contestaríamos sí, como expresión de deseo, a viva voz, pero la cruda realidad nos dice que no. ¿Podemos esperar que en este capitalismo violento cuya consigna es producir y producir más y cada vez más para engrosar las arcas de los que más tienen, las personas discapacitadas puedan producir a su ritmo y de acuerdo a las potencialidades que tienen? No podemos.
¿Podemos esperar que las infancias con discapacidad se desarrollen con total desenvoltura en una escuela homogeneizadora, que no acepta las diversidades y tiñe todo de una “normalidad” ya perimida y obsoleta? No podemos.
¿Podemos esperar que el Estado capitalista provea de todo lo necesario a las personas con discapacidad, sean prótesis, audífonos, terapias físicas o psicológicas, medicación, estimulación temprana en hospitales? Por el contrario, el Estado se desentiende creando para eso las obras sociales y las prepagas financiadas por los y las trabajadoras. Es este Estado el que ve la discapacidad como gasto y no como inversión en el desafío de hacer una vida digna a quien ya carga con el estigma de la falta o mal funcionamiento. La persona con discapacidad es doblemente explotada, (triple en el caso de mujeres) se le paga menos y se la atiende menos, quedando invisibilizada por esta sociedad exitista.
¿Qué debe propiciar y garantizar el Estado?
Empoderar a las personas con discapacidad para su inclusión en educación y el mercado laboral, garantizar la igualdad de derechos, accesibilidad electrónica, una salud terapéutica y no normalizadora, vida independiente y medios de vida sostenible, acceso al arte, la cultura, el deporte y participación plena en las decisiones democráticas. Todo esto es absolutamente posible y necesario, con un socialismo que considera a las personas como el bien preciado que son, que garantice el desarrollo de las potencialidades, haciendo énfasis en lo que cada una puede dar y no en lo que le falta o le ha sido negado desde el nacimiento.
Hay mucho que hacer por las personas con discapacidad, pero antes que nada hay que romper las barreras prejuiciosas que nos atan, abrir puertas e instalar las rampas que nos lleven a un pensamiento inclusivo, amoroso, sin tintes normalizantes, porque las “normalidades” cambian continuamente.
El camino es largo, les invita a transitarlo quien dedicó 32 años de su vida a educar niñes y jóvenes con discapacidad en escuelas públicas. Un camino con rispideces y valles como la vida misma.