En medio del tembladeral político que se le abrió al gobierno, desde Casa Rosada ya están evaluando acelerar a fondo con un nuevo ataque contra los trabajadores. En medio de un escenario complicado por los viajes de Manuel Adorni y los nuevos detalles que acorralan al presidente por la criptoestafa de $LIBRA, la Mesa Política del oficialismo volvió a reunirse. Obvio que, sin dar ningún tipo de explicaciones sobre los escándalos, el cónclave libertario, encabezado por el jefe de Gabinete y la hermana del mandatario, Karina Milei, se dedicó a diagramar un nuevo paquete de leyeres regresivas y a cerrar filas para blindar a sus propios funcionarios de la crisis de corrupción que los envuelve.
Bajo la excusa de afinar el calendario legislativo para las próximas sesiones del Congreso, el Ejecutivo terminó de definir una batería de proyectos que busca profundizar el camino autoritario y represivo de la gestión. De acuerdo a trascendidos oficiales, el eje central de este nuevo intento de embestida será una reforma del Código Penal enfocada pura y exclusivamente en el aumento de penas. Este endurecimiento punitivo no es más que la herramienta legal que necesita el oficialismo para criminalizar la protesta social y disciplinar a una clase trabajadora que empieza a sentir de lleno el impacto brutal de la miseria generada por el programa del gobierno libertario. Un planteo bien cínico mientras que el presidente y funcionarios del núcleo duro, hoy se encuentran atravesados por estafas y malversación de fondos públicos.
En paralelo al endurecimiento de las penas, el gobierno está preparando un combo de reformas diseñadas a medida de los grandes capitales. El paquete incluye modificaciones sustanciales a la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de manejo del fuego. Aunque el texto fino de estos proyectos aún se mantiene en secreto, la orientación es bastante clara. Se busca flexibilizar cualquier barrera para beneficiar a los mismos sectores de siempre, garantizando la concentración de tierras, el desmonte indiscriminado para los agronegocios y la explotación sin control de nuestros bienes comunes. Este andamiaje jurídico se complementa con la presión que ya están ejerciendo sobre la Cámara de Diputados para acelerar la aprobación definitiva de la reforma a la ley de Glaciares, que ya cuenta con la escandalosa media sanción del Senado.
La motosierra también promete volver a encenderse sobre áreas ultra sensibles bajo el ya conocido cuentito del equilibrio fiscal. El oficialismo adelantó que impulsará recortes brutales cambiando de raíz la ley de discapacidad y atacando la ley de financiamiento universitario. Mientras el gobierno dibuja este ataque generalizado contra la educación pública y los sectores más vulnerables, puertas adentro la reunión de la Mesa Política funcionó como un bunker de contención. La presencia de figuras clave como Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y el asesor Santiago Caputo sirvió para intentar reordenar una interna feroz y unificar el discurso frente a las causas que manchan a la primera línea del Ejecutivo.
La postal de esta cumbre libertaria es la síntesis de la naturaleza de este gobierno. Mientras ajustan salvajemente el presupuesto universitario y les recortan la asistencia a las personas con discapacidad, dedican sus horas de gestión a tejer una red de impunidad para salvar a los responsables de una estafa millonaria y a los funcionarios que se van de vacaciones en aviones privados financiados con la plata del Estado. Este paquete de leyes represivas y extractivistas es el blindaje necesario para sostener un modelo económico basado en el saqueo de nuestros territorios y el empobrecimiento sistemático del pueblo. Frenar esta avanzada autoritaria en el Congreso y en las calles resulta una tarea urgente para evitar que esta banda de especuladores termine por rematar el país.
