El 17 de junio el gobernador Llaryora anunció el proyecto para asfaltar la ruta E-64, que conecta La Calera con Malagueño. La obra demandará una inversión de 18 mil millones de pesos. Cuando se realizó el acto oficial los funcionarios provinciales incurrieron en un olvido llamativo: nadie dijo que el camino atraviesa de sur a norte una reserva natural protegida, la Reserva Natural de la Defensa La Calera (RND La Calera). Esta es una de las 17 Reservas Naturales de la Defensa que existen en el país y una de las dos que hay en nuestra provincia, la otra se encuentra en Ascochinga en los extremos sur y norte del Corredor Ambiental de Sierras Chicas creado en 2015, con el consenso de comunas y municipios y también con el apoyo de autoridades de aplicación ambiental, tanto nacionales como provincial. Se trata de reservas cogestionadas entre APN y el Ministerio de Defensa. En particular la de La Calera se ubica en tierras federales donde se asienta el conocido como Tercer Cuerpo de Ejército que tenía a su cargo el mega centro clandestino de detención y tortura La Perla, durante la última dictadura cívico militar.
Además, la RND La Calera surgió de un proceso de participación de vecinos y vecinas que comenzó en 2007. Con el apoyo técnico del Aula Abierta de Montaña de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) distintas organizaciones sociales de La Calera y de la ciudad de Córdoba conformaron el Grupo EsCALERA, que hizo foco en la necesidad de protección de estos territorios. La iniciativa de este grupo fue fundamental para lograr que el Poder Ejecutivo Nacional cree un área protegida del sistema federal a través de un convenio marco de colaboración recíproca entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales.
Aún no hay información pública precisa sobre si el Estado nacional ya autorizó la obra o cedió parte de las tierras a la provincia. Pero a la vez, en el marco del convenio entre el gobierno provincial y las autoridades nacionales, existe la posibilidad de canjear una parte de la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia por bienes inmuebles del Estado nacional en Córdoba, por ejemplo las 13.360 hectáreas de la reserva. Esto es otra gran preocupación de quienes defienden la reserva porque el gobierno de Llaryora se ha mostrado siempre dispuesto a sacrificar bienes naturales para favorecer los negocios de los empresarios sojeros y del desarrollo inmobiliario.
Desde EsCALERA y diversos sectores organizaron una caminata informativa el pasado 5 de julio a fin de visibilizar el patrimonio que se verá afectado y el grave daño que se produciría para el conjunto de las y los cordobeses a cambio de un negocio para pocos. Allí se hizo presente la legisladora Luciana Echevarría y una delegación de la Red Ecosocialista y el MST en el Frente de Izquierda – Unidad.
También desde la banca de Luciana se presentó un pedido de informes para que el gobierno provincial dé explicaciones sobre este proyecto que afectaría gravemente los bienes comunes naturales, la calidad de vida de las y los cordobeses y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Debido a que, salvo el anuncio oficial, no hay al día de la fecha información sobre el proyecto, ni informes de impacto ambiental ni ningún otro dato relevante para la población.
No todo tiene precio
La pavimentación del camino partiría en dos el área protegida más grande del Gran Córdoba. Distintos actores de la comunidad han manifestado una gran preocupación por las consecuencias que sufriría la Reserva. La RND La Calera mantiene hasta ahora gran parte de su vegetación original en buen estado de conservación como consecuencia de las restricciones del uso militar de las tierras. En la zona hay relevamientos recientes que registraron el regreso de diversas especies de la fauna autóctona a la región entre ellas pumas, pecaríes, corzuelas y diversos reptiles, anfibios y aves. Se trata de una reserva que se encuentra acechada por la voracidad de los especuladores del desarrollismo inmobiliario, como ocurrió con los incendios de septiembre de 2024, ya que La Calera es la ciudad de la provincia que más creció en los últimos diez años.
Como señalan especialistas y activistas que organizan la defensa de la Reserva una obra de este tipo generaría: fragmentación del hábitat, alteración del paisaje serrano y del bosque del Espinal, incremento de incendios forestales, pérdida de biodiversidad, aumento de atropellamientos de fauna silvestre, contaminación lumínica y sonora, afectación de las cuencas hídricas, contaminación del agua por los riesgos de infiltración de hidrocarburos, impermeabilización del suelo, entre otros graves daños ambientales.
Algunos expertos advierten que las implicancias ecológicas y patrimoniales son difíciles de cuantificar, porque los servicios ambientales que la reserva aporta a toda la región son incalculables.
Por eso también se reclama a la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia, Victoria Flores, que se realice el Estudio de Impacto Ambiental y se convoque a una Audiencia Pública sobre esta obra. Por ahora hay un elocuente silencio de los funcionarios respecto a esos pedidos.
Además, en la zona se ubican los hornos de cal y otras instalaciones desarrolladas por la Compañía de Jesús durante la época colonial, para la producción de cal, un material esencial para la construcción de iglesias, colegios, y otras edificaciones, tanto para las misiones jesuíticas como para las ciudades cercanas. Entonces la obra pone en riesgo el patrimonio arqueológico, ya que el movimiento de suelos y obras viales pueden destruir vestigios culturales e históricos aún no documentados.
Una obra que pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia
El aspecto ambiental es sólo una parte del daño que se produciría ya que este camino atraviesa los campos del Ejército y durante la última dictadura cívico militar se usaba para llevar en camiones a personas cautivas en el centro clandestino de detención y tortura La Perla, para ser asesinadas y ocultar sus cuerpos. Por eso desde el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Perla han señalado su preocupación frente al anuncio ya que “la búsqueda no está agotada y hay múltiples instancias en la causa ‘Enterramientos’ que deben ser agotadas como para pensar en cualquier proyecto que intervenga sobre el territorio”. Ese expediente se tramita en el Juzgado Federal 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. En esta causa se investiga dónde están los cuerpos de los desaparecidos por la represión ilegal de la última dictadura cívico-militar. Aunque el expediente incluye otros sitios, La Perla es el campo de concentración más extenso y por el que pasaron miles de personas secuestradas.
También, por pedido del Poder Judicial, el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó un plan de búsqueda de entre cinco o seis meses en lugares no explorados aún y cercanos al lugar donde funcionaba La Perla. Por lo pronto, antes de realizar cualquier obra en esas tierras, tendría que haberse agotado esta búsqueda de los cuerpos.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos han sostenido la importancia de preservar el campo porque más allá de la búsqueda concreta en la causa judicial se trata de un sitio de memoria, un recordatorio para toda la sociedad, para evitar la repetición del terrorismo de Estado.
La gran participación de la comunidad con cerca de 300 personas en la caminata del 5 de julio es una muestra de que hay fuerza. Se puede frenar al gobierno y evitar este proyecto que en nombre de un supuesto progreso, solo trae destrucción ambiental cuyas consecuencias sufrimos la mayoría y negocios millonarios para unos pocos.
Iván Sosa