Mientras la Patagonia se quema desde diciembre y miles de hectáreas de bosques nativos desaparecen, el Gobierno de Javier Milei anunció finalmente la declaración de la emergencia ígnea —por decreto—, una medida que llega tarde y que expone la falta de política pública real ante un desastre que podría haberse mitigado con mayor prevención y recursos reales.
Después de más de un mes de incendios forestales fuera de control en la región patagónica —con miles de hectáreas arrasadas, focos activos que se desplazan impulsados por sequía, altas temperaturas y fuertes vientos— la Casa Rosada resolvió finalmente firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La medida, que habilita cambios presupuestarios y más recursos para combatir el fuego, se gestó tras la presión conjunta de gobernadores patagónicos y sectores sociales que reclamaron desde hace semanas una respuesta estatal efectiva ante la crisis.
Una respuesta tardía frente a una crisis anunciada
Que el decreto llegue apenas ahora —luego de casi un mes de incendio— pone en evidencia una lógica de reacción tardía y mínima por parte de un Gobierno que priorizó otros ejes políticos y no incorporó la dimensión ambiental como una cuestión de Estado. Mientras los incendios consumían bosques, comunidades y biodiversidad centenaria, las conversaciones en Casa Rosada sobre la emergencia parecían girar más en torno a cómo administrarla que a cómo actuar anticipadamente.
Organizaciones ambientales y especialistas ya habían alertado que la combinación de sequía prolongada, cambio climático y un recorte presupuestario profundo a la prevención y al manejo del fuego debilitó la capacidad de respuesta estatal mucho antes de que las llamas llegaran al punto crítico actual. Esa falta de políticas estructurales ahora se traduce en la necesidad de un decreto para “agilizar” recursos, cuando las hectáreas quemadas ya superan lo que podría considerarse un desastre ambiental local.
El DNU 73/2026, publicado en el Boletín Oficial, declara la emergencia por un año en las provincias afectadas y habilita medidas para combatir incendios, restaurar zonas afectadas y prevenir nuevos focos. Pero esta decisión, más simbólica que eficaz, llega después de que se quemaron miles de hectáreas, reflexiona muy poco sobre las causas estructurales y no cambia de raíz la débil infraestructura de combate del fuego en el país.
Política de reacción, no de prevención
La ausencia de políticas activas y preventivas frente a catástrofes previsibles. Las quemas forestales no son un fenómeno súbito o inexplicable: se habían detectado con anticipación, y las organizaciones ambientalistas, comunidades locales y expertos venían advirtiendo la fragilidad de las condiciones ecológicas y la insuficiencia de recursos destinados a la prevención y control de incendios.
La emergencia ígnea decretada ahora es la admisión de que el Estado llegó tarde a una tragedia que podría haberse mitigado con inversiones, planificación y reconocimiento temprano de la crisis climática en la Patagonia. También de que la presión de brigadistas y la comunidad en general logra incluso torcerle el brazo a Milei.
