jueves, 28 marzo 2024 - 15:17

Elecciones en la UNSJ. Pandemia, suspensiones judiciales y crisis presupuestaria

El 24 de junio pasado, luego de recursos, apelaciones y suspensión judicial, se realizaron las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan para elegir a las nuevas autoridades. El 1 de julio se realiza la segunda vuelta entre los candidatos más votados; ninguno de los dos, son una alternativa para salvar a la universidad del desastre al cual se encamina la educación superior, estatal, pública y gratuita de la mano de los distintos gobiernos desde 1983.

El acto electoral se llevó a cabo después de un largo periodo de suspensiones. Primero por la pandemia, acá mostraron el verdadero rostro las autoridades universitarias; pues de forma unilateral, antidemocrática y autoritaria, el Consejo Superior decidió suspender las elecciones y prorrogar el mandato de las autoridades. Actitud que generó una reacción negativa en la comunidad universitaria. El Consejo Superior y el rector tuvieron que convocar a la Asamblea Universitaria, que es la máxima autoridad y la que puede adoptar tal resolución. Como era de esperar, la Asamblea ratifico la suspensión y la prórroga de mandatos. Así como la pandemia, a costa de la vida de seres humanos, ha develado, las escorias de la lógica capitalista, también, en la universidad hizo lo suyo: exhibió el carácter antidemocrático y autoritario de las autoridades universitarias.

La comunidad universitaria, por el Covid-19 perdió docentes y estudiantes. Una de las pérdidas fue la Lic. Mónica Coca, vicerrectora y candidata a rectora por el “oficialismo”, quien unificaba a gran parte del PJ y sus variantes y aseguraba la victoria, garantizando así una continuidad segura de lo existente. Su desaparición física provoco una parálisis en su espacio político y alimentó el desgobierno (un rector condenado por la Justicia y agotado en su gestión) que, asimismo, nutrió una creciente división, fracturando la unidad del oficialismo que impulsó la presentación de 5 listas de candidatos a rector.

El desgobierno de la universidad se acentuó con la pandemia, motorizado por la incapacidad de garantizar la seguridad de la salud a los miembros de la comunidad educativa para facilitar la presencialidad. Solo se apeló a la virtualidad, sin recursos técnicos ni fondos económicos para financiar los gastos de conectividad de docentes y alumnos. El resultado fue un creciente desgranamiento de los alumnos y flexibilidad laboral docente.

Las elecciones y sus resultados emergen totalmente viciados, entre ellos, la escasa participación electoral de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Los datos extraoficiales dan cuenta en promedio de un 30% de participación; aunque la realidad mostró una ausencia mayor. La existencia de un reglamento electoral antidemocrático y proscriptivo, junto a la utilización de una fórmula polinómica, anula toda expresión democrática: hacen falta 10 votos estudiantiles y 4 votos PAU para alcanzar un voto docente. Esta fórmula garantiza que una minoría docente dirija los destinos de la universidad. Se ha negado sistemáticamente el derecho democrático elemental de un docente, un alumno un voto.

La proscripción se expresa en las exigencias para ser candidato. El postulante debe ser profesor concursado, lo que margina a la gran mayoría de docentes interinos, sin derechos de ser elegidos, la “meritocracia”, nuevamente la elite, escondida detrás de esta fraseología se ha turnado en el gobierno de la universidad.

Las propuestas de los distintos candidatos son generales, regadas de buenas intenciones y han negado y ocultado las discusiones centrales: presupuestaria, autonomía, condiciones laborales, recursos para becas e infraestructura. Dimensiones que son partes de la crisis y han estado ausentes en los programas de los distintos candidatos y listas.

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El contexto nacional es de ajuste permanente

En los primeros cuatro meses del año se corrobora que el gasto crece menos que la inflación y la recaudación de impuestos se acrecienta, sobre todo por el auge de los precios de los commodites. Los “ingresos del tesoro nacional crecieron a un ritmo del 63.9% respecto al mismo periodo de 2020, mientras que los gastos solo aumentaron el 33.1%” (1).

Los sectores más afectados fueron las prestaciones sociales, las jubilaciones, asignaciones universales y otras transferencias. Escasos recursos económicos para atender el daño social que genera la pandemia. En el presupuesto se eliminó toda partida de recursos para atender los estragos provocados por el Covid-19. Las erogaciones destinadas a la pandemia disminuyeron, el “gasto covid fue de 25.602 millones de pesos, en estos primeros cuatro meses, en el mismo periodo en el 2020 fue de 230.469 millones de pesos”. Es tan solo el 10.8% en referencia al año pasado. El ajuste es creciente y si se compara el “aumento de la recaudación en los derechos de exportación fue de $ 186 mil millones” y el “rezago del gasto provisional respecto de la inflación es equivalente a $ 120 mil millones” (2).

Más allá del discurso oficial del gobierno de FdeT, el ajuste avanza, se consolida y extiende. Los ahorros generados en el presupuesto son la música que desean escuchar el FMI y los especuladores internacionales que controlan la economía del país, de allí provendrán los fondos necesarios para pagar la fraudulenta deuda externa y financiar la fuga de capitales.

En las universidades el ajuste se manifiesta como ahogamiento presupuestario

El ajuste ha dado un salto. Si se toman en referencia las planillas anexas al presupuesto, en el 2020, el total de recursos destinados al sistema universitario fue de $ 195.565.815.889; para el 2021 es de $ 222.500.294.595, solo un 13.7% de incremento. Obviamente que estos guarismos no tienen incorporados los incrementos salariales que, sin duda, por mínimos que ellos sean aumentaran estos valores.

Para la UNSJ en el año 2020 fue de $ 5.354.084.071; en el 2021 de $ 5.772.656.224, un incremento del 7.8%, valor que ya fue devaluado por el ritmo inflacionario de los cuatro primeros meses que es del 17.6%. El ahogamiento presupuestario no disminuye.

Esto afecta la infraestructura, las becas para los estudiantes, la imposibilidad de garantizar condiciones óptimas para desarrollar las tareas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje con la seguridad biosanitaria para el conjunto de la comunidad educativa.

Es la expresión concreta del ahorro fiscal exigido por el FMI y aplicado por el gobierno de FdT. Entre 2013 y 2021 la variación presupuestaria universitaria ha sido negativa. Las transferencias a las universidades nacionales entre 2012 y 2020 ha variado entre un 0.825 en el 2012 a 0.66% en 2020, con dos oscilaciones: una en el 2015 con el 0.85% y otra en el 2017 que alcanzó el 0.84. Es decir, que lo que prima es la tendencia al ahogamiento presupuestario. Si se toma como referencia un periodo histórico más amplio, entre 1974 y 2019, los “recursos financieros destinados a la universidad no alcanzaron nunca el 1% del PBI” (3); muy atrás quedo el 6% del PBI de la Ley de Financiamiento Educativo. Para desplegar adecuadamente la actividad de educación, ciencia y tecnología, se requerirá entre el 8-9% del PBI, esto está en oposición a lo que demanda el FMI.

Pauperización salarial

La reciente paritaria, firmada a espalda de los docentes por los dirigentes burocráticos de las distintas federaciones -excepto CONADU H- adheridas al gobierno de FdT y ayer a JxC, golpeó a la docencia y paralizó sus luchas, facilitándole de manera momentánea al gobierno que avance en el ajuste salarial. La paritaria firmada impidió recuperar el 22% perdido en el 2020 y el 35% desde diciembre de 2015.

Un miserable bono de $ 1.000 de gastos de conectividad que no cubre los gastos realizados por los docentes para materializar las labores académicas en el marco de la virtualidad, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, ha crecido en Cuyo el 50,4%, el salario registrado un 33%. Emerge la otra variable del ajuste: el salario de los trabajadores, en este caso de los docentes universitarios.

La “compleja situación macroeconómica de los últimos tres años ha provocado una significativa caída en los salarios reales. En marzo de 2021 el IPC nacional tuvo un crecimiento interanual del 43%, mientras que los salarios del sector privado registrado y del sector público (nacional y subnacional) crecieron 32% interanual. Por su parte, los salarios del sector privado no registrado (informales) crecieron 37% interanual. En el último trienio la inflación promedio anual fue del 48%, alcanzando su máxima variación interanual en mayo de 2019 (57%)”. Así, evolución del salario real se plasma en el hecho de que un “trabajador percibe hoy un salario que ha perdido entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás”, si se calcula la pérdida acumulada durante el último trienio se observa que el “sector más perjudicado es el privado no registrado (informales) con una pérdida de 6,8 salarios. Esto equivale al 18,9% de su capacidad de consumo en el trienio (6,8/36 meses). Este resultado se lo puede interpretar de la siguiente manera: un trabajador informal que tiene ahora (marzo 2021) un ingreso mensual de $ 30.000 debería recibir una compensación por única vez de $204.000 para recuperar el consumo perdido en los últimos tres años” (4).

La virtualidad, ¿vino para quedarse?

La pandemia alimentó el temor al contagio y el aislamiento, en un primer momento, fue una medida para salvaguardar la salud de docentes y alumnos. La virtualidad, emergió como una alternativa para no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, al poco andar surgieron los inconvenientes, entre ellos, escasas posibilidades de conexión para docentes y alumnos. Estos últimos se vieron impedidos de acceder a datos y poder conectarse gratuitamente, lo cual a su vez, significó un desafío cíclope para los docentes para enfrentarse y dominar las nuevas tecnologías sin capacitación, generando condiciones de trabajo extenuantes y estresantes.

La virtualidad sin recursos económicos y abandonada a los magros ingresos de docentes y alumnos pone en riego la continuidad de las clases presenciales. “En Argentina, el 63% de los hogares con niños tienen computadora; en el 40% de los hogares con mayores ingresos, el 94% tiene computadora; en el 40% más pobres tiene computadora” (5); estos guarismos dan cuenta que solo en los hogares de mayores ingresos es posible una enseñanza virtual, sin duda esto no es sino una enorme discriminación hacia los jóvenes pobres que crece día a día.

La pandemia se ha extendido y con ella las restricciones, convirtiendo a la virtualidad de una posibilidad cada vez más real que entorna una ventana para la mercantilización de la educación a través de lo que se ha denominado la “googlelización de la educación publica”. Esta multinacional pertenece a Alphabet, que se encuentra en el puesto número cinco entres las compañías más valiosas del mundo, su cotización bursátil, después de Apple, Saudi (petrolera), Amazon y Microsoft, la capitalización bursátil es de 1.120.000 millones de dólares (6).

Google posee el monopolio del tráfico de información y de los datos. Desde el punto de vista del usuario, estas plataformas dotan de numerosas de técnicas que ayudan a las actividades docentes; desde la empresa afirman que son “herramientas que generan datos y los almacenan”. A un paso de que un robot (inteligencia artificial) dicte las clases, además tendría el perfil del usuario y el contenido gratuito elaborado por el docente para cedérselo, siempre al precio de mercado, a los alumnos o a quien desee comprarlo. La virtualidad en mano de estas multinacionales es un grave peligro que generaría una educación estandarizada y destruiría una “educación plural y critica” que debería trasmitir desde la educación pública y gratuita.

La decisión del gobierno del FdT, mediante el “aula híbrida” es, sin duda, un paso en ese sentido. Lo más grave es la exigencia de un “marco epistemológico específico” que ordene las orientaciones “pedagógicas y de política educativa” (7). Este plan es un puente hacia la virtualización permanente y, necesariamente, una profundización de la flexibilización y precarización del trabajo docente y la educación remota para el alumno con recursos económicos.

Estas políticas son parte del denominado capitalismo digital, con lo que aparece una nueva forma de acumulación basada en la captura masiva de datos -el nuevo petróleo- y el desarrollo de algoritmos para exprimirlos con diferentes usos (8) Esta lógica tensa las políticas educativas y cada vez se ciñe más a las exigencias del mercado, al predomino exclusivo y excluyente de las empresas multinacionales que controlan los datos y sus transferencias.

La pandemia ha expuesto, por un lado, un salto en la degradación del sistema educativo mediante la desfinanciación progresiva; hunden las condiciones laborales, profundizan el desgarramiento estudiantil; configurando un ataque global a la educación publica. Por otro lado, en la virtualidad las multinacionales “se consolidan como actor político de la gobernanza educativa digital global a través de discursos y software que dirigen los procesos de enseñanza-aprendizaje” (9), acelerando la mercantilización y privatización de la educación pública y gratuita.

Las plataformas influyen en la manera de impartir la enseñanza a través de la mediación digital que conlleva una profunda tendencia a la mercantilización de la educación. El aula híbrida libera al gobierno nacional de la responsabilidad del financiamiento para garantizar la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aula híbrida oscilará entre la presencialidad sin garantías de seguridad en la salud y la virtualidad forzosa, proceso que descansará en toda su complejidad, desde lo económico hasta la preparación, en el esfuerzo laboral del docente universitario, en nuestro caso.

Conclusión

En este marco se realizaron las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. Las futuras autoridades se proponen cerrar el desgobierno generado y avanzar en el ajuste, tal como lo diseña el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, del CIN y que aplicaran sin miramientos.

Al momento de culminar con este artículo, se accedió a los datos generales sobre los resultados de la segunda vuelta. Resultó electo el Ing. Tadeo Berenguer y sus declaraciones fueron que “a lo primero que me voy a abocar es al sistema de educación a distancia. El alumnado es el primero que requiere atención. Llevamos un año y medio en que, a pesar de los tremendos esfuerzos que ha hecho la universidad, ha sido bastante difícil porque creo que no estábamos lo bastante preparados para esto. Tenemos que hacer tremendos esfuerzos para salir adelante” (10).

Ninguna mención al problema presupuestario, al salario docente y PAU, a las becas estudiantiles, a la aplicación del Art.73 y el reconocimiento y aplicación del CCT; tampoco a los recursos necesarios para garantizar una presencialidad con seguridad para docentes y alumnos. Sin duda, se alinea a la política del gobierno nacional: más y más virtualidad. Esta condición emergente de las elecciones no resolverá ninguno de los problemas por lo que atraviesa la Universidad de San Juan.

Del acto electoral surgen algunos procesos socio-políticos de importancia. Lo primero, la baja participación electoral, mas allá de los datos de la Junta Electoral, donde a una semana, la participación docente se incrementó el 90%, es decir, triplico su participación… sugestivo. Era necesario mostrar una amplia participación para garantizarle una base docente participativa mayoritaria dispuesta a apoyar a las nuevas autoridades.

Segundo y lo más importante ha sido la escasa participación de los estudiantes en las distintas unidades académicas, que no ha superado el 30%, dato que ha sufrido, sin duda, el mismo tratamiento que el de los docentes. 24.000 personas, entre docentes, PAU, estudiantes y egresados estaban habilitados para votar. De este total, aproximadamente, 17.000 alumnos estaban en condiciones de sufragar, es decir, han participado tan solo 5.000. Este proceso, pasivo por ahora es, sin duda, de donde surgirá la posibilidad para revertir el ajuste, pues es el material central con el que se deber construir la alternativa sindical-política que facilite la recuperación de la universidad estatal, pública, laica y gratuita al servicio de los intereses y necesidades del pueblo trabajador.

Tercero, la participación de la dirigencia sindical apoyando las distintas listas con el afán de ser parte del gobierno de la universidad. Han sacrificado la independencia, autonomía y combatividad de la docencia universitaria en pos de sus propios intereses políticos, de grupos o personales. La batalla por el salario, las condiciones laborales, la conquista de nuevos derechos y la aplicación al pleno del CCT se ha resentido. La lista que acceda al gobierno de la universidad arrastrara sin duda a los gremios y con ellos nuestras exigencias y derechos.

Los dirigentes sindicales no han exigido nada a los distintos candidatos y serán parte del ajuste que desplegarán las próximas autoridades universitarias. La ausencia de un reclamo gremial orgánico es uno de los aspectos más llamativo de estas elecciones.

Finalmente, el rol del gobierno de la provincia que se ha involucrado por distintos medios. Los intereses económicos y políticos de la provincia requieren una conducción universitaria que se mantenga callada ante la brutal explotación de los recursos naturales, entre ellos, la minería contaminante. Por ello, era urgente resolver el desgobierno universitario, fortalecer las nuevas autoridades para que responde a las urgencias de las multinacionales mineras.

La pandemia y la no presencialidad impidieron que nuestra agrupación docente, integrante del MST en FIT-U, pudiera impulsar una salida programática para revertir la situación de crisis por la que atraviesa la universidad. No obstante, nos preparamos para las batallas que vienen y para ofrecer a docentes, PAU y alumnos una alternativa anticapitalista y antiimperialista para enfrentar y derrotar las políticas de ajuste y destrucción de la educación estatal, pública, laica y gratuita.

Estamos convencidos que la dinámica y las perspectivas de la universidad pública son parte del ritmo del capitalismo dependiente del país, que se distingue por su agonía y sus crisis recurrentes, que hunde cada vez más al pueblo trabajador en la pobreza y la marginación. La acumulación capitalista, como proyecto burgués nacional, se agotó histórica y políticamente. Su estrecha vinculación con el capital extranjero y los dictadas del FMI ahogan cualquier proyecto independiente, salvo la subordinación obediente al capital financiero mundial.

Las autoridades universitarias se preparan, una vez más, para ser obedientes a los dictados de los dueños del mundo y adaptarse a la expoliación y explotación de los recursos naturales, celosamente defendida por el gobierno de Uñac, del gobierno de FdT.

Ante esta dinámica se impone un programa que plantee la exigencia de mayor presupuesto en las universidades para salarios, becas e infraestructura, y que los fondos provengan del no pago de la deuda externa y de la suspensión de los subsidios a la educación privada; la exigencia de la derogación de la Ley de Educación Superior; la defensa del CCT; una universidad al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, entre otros puntos.

José «Pepo» Mini

Bibliografía citada
E. Mercantes y M. Maiello. Izq. Diario.
Le monde diplomatique, junio 2021
Análisis presupuestario. Conadu 2020
Idesa. Número 916, junio 2021
Iaraf. 30 de mayo 2021
Indec. Junio 2021
Bravo, Cecilia. Nueva Sociedad junio 2021
Bravo, C. op. cit.
Bravo, C. op. cit.
Diario de Cuyo 2-7-21)

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