Un presupuesto contra el pueblo. La presentación del presupuesto 2023 en el Congreso ratifica el rumbo de ajuste que viene llevando adelante el gobierno, profundizado desde la asunción de Sergio Massa como ministro de economía. El encumbramiento del tigrense como una suerte de primer ministro no sólo significó la designación de un piloto de tormenta para salir de la grave crisis del gobierno, sino recomponer la alianza gobernante para poder llevar adelante el plan del FMI. Si alguien tenía expectativas en que el kirchnerismo diera una pelea por cambiar el rumbo, la realidad se encargó de demostrar que ni se lo plantea; el presupuesto fue discutido y apoyado por Cristina Kirchner, Máximo y Kicillof, confirmando que el giro a la derecha es del conjunto del Frente de Todos. Un ajuste tan duro como la bronca que genera y empieza a obligar a CFK a pedirle a Massa algún gesto de corte social.
Datos que indignan y duelen. En la misma semana que Massa se presentaba en el congreso, el INDEC difundía los índices de pobreza e indigencia del primer semestre del año, que reflejan la gravedad de la situación social como consecuencia de las políticas oficiales. Casi el 40% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y aumentó la indigencia. Con una inflación que continúa alrededor del 7% mensual, la perspectiva es a un agravamiento aún mayor de esta situación. Mientras tanto, las concesiones a las grandes patronales se acrecientan: al “dólar soja” se le sumará el “dólar tecno”. Y los datos muestran que las grandes empresas, entre ellas las alimenticias, han multiplicado sus ganancias a niveles inéditos a costa del aumento de la miseria. El bono que discute el gobierno es apenas un parche que no modifica esta dinámica: ricos cada vez más ricos mientras millones de familias se hunden en la pobreza y la indigencia.
A la medida del FMI. Volviendo al proyecto de presupuesto para el año que viene, se confirma que está elaborado al servicio de cumplir los compromisos con el Fondo. La reducción del déficit del 2,5% al 1, 9% y el aumento de las partidas destinadas al pago de deuda externa ordenan todo el proyecto. Como es habitual, se dibujan cifras irreales al servicio del ajuste. Más allá del dudoso crecimiento del 2% del PBI, predice una inflación anual del 60%, cifra poco creíble que busca ocultar el recorte presupuestario en áreas sociales y al mismo tiempo dejar un margen de maniobra al gobierno para la reasignación de partidas pensando en el año electoral. Cuando el 2022 terminará con una inflación del orden del 95% y el propio presupuesto anticipa una devaluación cercana al 90%, el pronóstico oficial de un 60% de inflación para el 2023 no resiste análisis. Por eso la mayoría de las consultoras, incluyendo a CIFRA (de la CTA) anticipan que se ubicaría entre un 75 y un 85%. De esta manera, cuando se analizan los números con la perspectiva de la inflación real, lo que se observa es un recorte de los presupuestos sociales y una licuación de los salarios que seguirán perdiendo poder adquisitivo.
Números de ajuste. En términos reales habrá una reducción de las partidas de, por lo menos, un 4,3% en Seguridad Social (que incluye las jubilaciones), 4,6% en Vivienda y Urbanismo, 1,7% en Promoción y Asistencia Social, además de un recorte cercano al 10% en las universidades y otro tanto en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Los pagos de la deuda, en cambio, aumentarán un 13, 7%, siendo la única partida que aumenta significativamente, además de los gastos en seguridad (léase represión). Como si fuera poco, habrá más recortes de subsidios, lo que implicará nuevos aumentos de tarifas. En síntesis: un feroz ajuste sobre el pueblo trabajador.
Argentina de remate. En su presentación Massa afirmó que “Los grandes jugadores van a ser el sector de la economía del conocimiento, la minería y el agro porque van a funcionar como motores en la realidad global que nos estamos planteando” y que buscarán “ampliar los consensos en cuanto a GNL, hidrógeno verde y gris y reservas de hidrocarburos que nos permita ser un importante jugador a nivel global”. Esta hoja de ruta es la profundización del saqueo extractivista, acorde a las promesas que realizó en su gira por EEUU a las corporaciones norteamericanas. No es casual que continúen pateando la ley de humedales mientras los gobernadores y la prensa burguesa redoblan su ofensiva para frenarla.
Con la agenda de la derecha. La muestra más acabada de que se trata de un presupuesto hecho a la medida del FMI y las patronales son los elogios de los medios de la derecha y la disposición a apoyar el proyecto de Juntos por el Cambio. No es extraño, ya que en última instancia es un presupuesto acorde a las medidas que la burguesía y la derecha vienen reclamando. Como el propio ministro aclaró, “el proyecto de Presupuesto viene a cumplir con los objetivos que se ha planteado este Parlamento cuando la Argentina decidió renegociar el acuerdo del 2018 con el Fondo y llevó adelante un nuevo acuerdo de facilidades extendidas”. Probablemente haya tensiones y presiones por mayores ajustes (se habla de que la oposición pedirá eliminar los subsidios al transporte) producto de la disputa electoral que se avecina y las propias internas de JxC, pero finalmente todo hace suponer que terminarán apoyando.