Bajo el discurso de “crecer para pagar”, el plan del Frente de Todos, de saqueo y contaminación, se profundiza día a día. Incendios provocados, más transgénicos y agronegocio, megaproyectos inmobiliarios y, el inconsulto, acuerdo porcino son algunos de los ejemplos que tomaremos en esta nota.
“Por más verdes que se vistan, todos son extractivistas” expresó uno de los carteles de las históricas movilizaciones en el marco de la Huelga Mundial por Clima del 2019. El movimiento socioambiental irrumpía nuevamente en la agenda mundial con los Friday For Future contra el cambio climático.
En Argentina, se transitaba por las elecciones presidenciales y se veía cómo Macri ingresaba a la terapia intensiva de la política argentina por el chau, chau, adiós que amplias franjas le habían hecho.
Intentando estar del otro lado, se veía a un Alberto Fernández uniendo a sectores del posibilismo, de la denominada Izquierda Popular, junto a lo peor de los sectores empresariales, de la Iglesia y abiertamente extractivistas. Todo para preparar un gran pacto que permita seguir con el plan que el capitalismo tiene para los países de Latinoamérica: extraer todos los recursos posibles a bajo costo en beneficio de los países imperialistas.
Para muestra basta una imagen: los que siguen tomando las decisiones sobre las estrategias productivas del país son viejos conocidos, responsables de verdaderas catástrofes ambientales de los últimos años.
Algunos ejemplos: recientemente trasladado a Neuquén, en la Secretaría de Minería tenemos a Alberto Hensel, lobbista de la Barrick, fanático megaminero y de la modificación de la ley de glaciares. Un personaje conocido por los pueblos contaminados como Jáchal en San Juan. En el Ministerio Nacional de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá. Responsable del ingreso de la soja transgénica al país en los ’90. Es el actual impulsor del acuerdo porcino con China y, por ende, responsable de nuevas pandemias.
A la cabeza del Ministerio de Medioambiente está Juan Cabandié. El exministro que algunos pueden catalogar parte del ala progre pero, la realidad es que, ante el ecocidio de medio país literalmente prendido fuego solo llegó al territorio a posar de brigadista para, luego, publicar fotos en sus redes sociales con el llamado a que “se terminen los incendios intencionales” dejando de lado su responsabilidad, y sin realizar ninguna acción eficaz.
En fin, en la composición del Frente de Todos es mayoritaria y dominante la orientación extractivista. Nada que envidiarle a Cambiemos; sólo un doble discurso que se intenta vestir verde.
De concentración de tierras y agronegocio
Según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA), que se publicaron a inicios de este año, la profundización de la concentración de tierras implica que menos del 2% más rico concentra el 36% de la tierra cultivable -unos 57 millones de hectáreas- y que el 55% más pobre, tiene sólo el 2,25% de la tierra, -casi tres millones de hectáreas-. Además, el informe evidencia de que este desplazamiento de control de las tierras se viene aumentando en los últimos 30 años. Lo cual impide cualquier posibilidad de decidir democráticamente qué producir.
Por si esto no fuera suficiente, en un comunicado publicado hace días por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se anunció la financiación y la habilitación de uso de más de un millón de hectáreas que estaban excluidas para uso agrario. Esta medida se enmarca en la puesta en marcha del plan agroindustrial 2020-2030; que tiene como estrategia generar ingreso de dólares para que permitan cumplir con los pagos al FMI. Otra ayuda del gobierno a los grandes del campo es la baja en las retenciones de soja, medida con la que sólo cede ante la especulación de los sojeros. Estos empresarios guardan los granos que son para la exportación esperando aumentos en el precio oficial del dólar y, así, generar más ganancia. Se estima que hoy acumulan tres veces la cantidad de dólares que hay en la reserva del Banco Central Argentino. Es claro que el sector empresarial del campo no la pasa nada mal: concentra la mayor parte de tierras de producción, reciben “ayuditas” del Estado y, si se quejan, se les cede con beneficios, o recules vergonzosos como en el caso Vicentin.
¿Alimentación saludable? Bien, gracias
Continuando con el plan 2020-2030 llegan los transgénicos. Mediante boletín oficial, el gobierno nacional anunció la autorización para el uso del trigo transgénico HB4. Antes de hablar de qué se trata, hagamos un recorrido sobre el uso de este tipo de semillas modificadas genéticamente.
Ingresados al país, de la mano del antes mencionado Solá, transgénicos como la soja RR prometían acabar con el hambre del mundo. 1996 fue el año para “La Revolución Verde”, iniciativa festejada por Menem y empresarios del campo que permitió el ingreso masivo de semillas que resisten a poderosos agrotóxicos, como el comercializado por la multinacional Monsanto, el glifosato Roundup. El herbicida se rocía en avionetas sobre los cultivos para eliminar malezas que puedan entorpecer el crecimiento de la futura cosecha. Las fumigaciones matan mucho más que algún yuyo molesto, contamina aire, acaba con la fauna autóctona y destruye la tierra.
Investigaciones como las de Andrés Carrasco -ex presidente del CONICET y ex director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- muestran el impacto negativo en la calidad de salud humana que deja el uso de agrotóxicos como el glifosato. La investigación y denuncia de Carrasco y los pueblos fumigados nunca fue escuchada.
El impulso del uso de agrotóxicos no fue sólo mérito del menemismo. En 2012, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo reuniones con CEO‘s de la multinacional Monsanto. El objetivo del gobierno “Nacional y popular” era poner en pie una mega planta de producción de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba. Desde Nueva York, Cristina anunció la iniciativa y, de paso, elogió el uso de transgénicos y a Monsanto.
Finalmente, el intento de instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas fue truncada por la inmensa lucha que dieron los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
El uso de los transgénicos se defiende gobierno tras gobierno. Teniendo como consecuencia, una hegemonía casi absoluta en el uso de este tipo de semillas para el monocultivo.
Hoy, a casi 30 años de esa primera soja RR -la promesa biotecnológica- somos el tercer país con más hectáreas con sembrado transgénico del mundo. Sólo nos superan Estados Unidos y Brasil en el ranking. Con este mérito, volvamos a la aprobación del trigo HB4.
Impulsado por el grupo Bioceres -empresa líder en distribución de semillas-, este transgénico es resistente a las sequías y a potentes agrotóxicos. La investigación inicial del trigo transgénico se desarrolló en la Universidad Nacional del Litoral. Gracias al lobby empresarial con los planes de estudios de la educación pública.
El HB4, es capaz de resistir al glifosato y al glufosinato de amonio. Estos herbicidas, pueden usarse en las plantaciones sin que sufra ningún daño la producción.
El dato más alarmante en este punto es que, la luz verde para el trigo HB4 fue prendida por primera vez en el mundo en Argentina. Con expectativas de acrecentar rápidamente la frontera de producción para el ingreso de dólares con el fin de pagar la odiosa deuda externa.
Un caso más que muestra que lo que importa son las ganancias, por sobre la vida y la salud de los pueblos.
¿Ciudad Ecofriendly?
La ciudad de Buenos Aires, la cuna de Cambiemos, la histórica de “oposición” al PJ, no se queda atrás en el tema extractivismo. Con grandes inversiones en publicidad y obras de cartón, Larreta se muestra como un político “eco amigable”. Bicisendas, containers y cartelería verde es parte del paisaje de la ciudad de la furia. Pero la pintura verde se diluye cuando empezamos a indagar las acciones del gobierno porteño. El cemento, el hacinamiento en pequeños departamentos y la falta de espacios verdes son algunos de los sufrimientos que genera el extractivismo urbano.
En CABA hay disponible, la tercera parte de espacio verde que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Plazas cementadas y megaproyectos inmobiliarios son el motivo de esta crisis. “Queremos parques en la ciudad, no negocios”, fue la convocatoria para frenar la ley que proponía Larreta de privatización del complejo Costa Salguero para la construcción de torres de lujo. Las acciones callejeras y los escraches virtuales lograron que la justicia acepte una cautelar para suspender la venta del complejo. De todas maneras, los negociados inmobiliarios siguen al acecho de hacerse de infraestructura valuada en dólares que les permita seguir generando ganancias, en base a especular con el déficit habitacional.
Este tipo de políticas no son nuevas del espacio político de los globos amarillos. Ya con Macri y con el rabino Bergman como ministro de ambiente y desarrollo sustentable la cosa era bastante escandalosa.
La imagen de Bergman vestido de árbol será imborrable. Tampoco nos podemos olvidar del “lo más útil que podemos hacer es rezar, además de trabajar” cuando fue consultado por la baja de presupuesto para prevenir incendios forestales.
Si volvemos a la cuna del macrismo, no podemos olvidar la lucha de trabajadores y usuarios del subte contra el asbesto, un material altamente cancerígeno prohibido en Argentina en el 2001. A pesar de la prohibición, los vagones con asbesto son comprados en el 2011 a Madrid por Macri. Gracias a las denuncias de los trabajadores, se supo que el 30% de las instalaciones de transporte subterráneo contiene material cancerígeno. Con la lucha, lograron que algunas formaciones sean removidas, aunque hoy siguen las condiciones insalubres para los trabajadores y usuarios de ese transporte.
Otras medidas emblemáticas fueron las de las bajas en las retenciones a la soja y a la megaminería. Todas medidas que, de eco friendly, no tienen nada.
Vaca Muerta una vez más
El yacimiento Vaca Muerta, ubicado en Neuquén, es uno de los ejes centrales del extractivismo. Con el título de combatir la crisis energética, el proyecto de producción de gas no convencional es una de las principales hojas de ruta de Alberto Fernández.
Bajo la reciente presentación del Plan Gas que destinará 1.491 millones de dólares para la explotación del yacimiento neuquino mediante el método fracking, el intento de explotar Vaca Muerta como salvataje económico, vuelve a estar en primera escena una vez más.
La insistencia con Vaca Muerta no viene de ahora. Ya en el 2013, Cristina Fernández firmó un acuerdo lleno de secretismos con Chevron. Una vez más, el discurso cantaba en nombre del progreso y la realidad estaba plagada de beneficios a la multinacional extractivista.
Recordemos que está ampliamente demostrado que el proceso de fracking conlleva un gran número de perjuicios ambientales a corto y mediano plazo.
Volviendo al 2020, no podemos olvidar el decreto que habilitó poner nuevamente en funcionamiento a la megaminería, por ser nombrada como actividad esencial en plena cuarentena, mientras que en los barrios se desplegaron fuertes operativos represivos hacia los trabajadores.
No es el fuego
Las aterradoras imágenes sobre los focos de incendios del país realmente son impactantes.
Este año, sin dudas va a quedar para la historia por tener medio país prendido fuego. Catorce provincias afectadas por las quemas intencionales. Los humedales del Delta del Paraná y el bosque nativo en la provincia de Córdoba, son alguno de los lugares que viven un real ecocidio.
Sobre esta situación desesperante las declaraciones y el accionar del gobierno nacional fue casi nulo. La intervención de Cabandié se redujo a hacer algunas declaraciones mientras posaba para las redes sociales. El gobernador de Córdoba Schiaretti y sus funcionarios, de manera provocadora atribuían a la responsabilidad individual la catástrofe. El mismo Máximo Kirchner presentó un proyecto para modificar la ley de incendios y prohibir el uso comercial de las zonas incendiadas. Medida totalmente insuficiente ya que no previene ni sanciona a los responsables materiales del ecocidio, además de ya estar prevista en las leyes vigentes; exponiendo la ignorancia y oportunismo de Máximo.
En contraposición a la casta política se encuentra la solidaridad del pueblo. En defensa de los humedales se vieron masivas jornadas con corte de rutas de los vecinos de Entre Ríos y Santa Fe. Combatiendo las gigantes llamas en las sierras de Córdoba se encontraban nuevamente los vecinos del lugar poniéndose, junto a brigadistas voluntarios, a la cabeza de apagar los focos de incendios. Por el otro lado, diversas organizaciones socioambientales organizamos colectas para enviar a bomberos voluntarios mientras denunciamos la responsabilidad política del desastre en curso.
“Dónde hubo fuego, negocios quedan” dijo nuestra legisladora Luciana Echevarría de Córdoba para denunciar los intereses que escondían las quemas intencionales. El desarrollismo inmobiliario y agroindustrial son los sectores más interesados en utilizar rápidamente las tierras arrasadas por el fuego.
La nueva chanchada de Solá
En la desesperación por conseguir dólares para el FMI y como parte de toda una orientación extractivista llega este mega proyecto que el gobierno quiere cerrar.
Una vez más, con secretismo y de manera inconsulta, aparece de la mano de Felipe Solá el acuerdo porcino con China que promete traer trabajo al país y reactivar la economía. Pero la realidad es que, de cerrarse, pasaríamos a ser el chiquero de China.
Mediante el método feedlot, plantean traer 300 mil chanchas madres para instalarlas en doce mil mega granjas. Todo esto en una primera etapa con la expectativa de llegar a producir 9 millones de toneladas de carne porcina por año. Esta masiva producción se puede transformar rápidamente en cuna de nuevas pandemias ya que actualmente hay brotes de peste porcina africana, enfermedad con potencial pandémico. Es un peligro que China no quiere correr y que explica el porqué de enviar su producción a la Argentina. Con el hacinamiento y el uso de antibióticos que implica el feedlot, mayor maltrato animal, también extenderá la producción de transgénicos para alimentar a los animales, dejando en consecuencia mayor contaminación de agua, suelo y aire.
Frente a esta situación, el rechazo masivo a este acuerdo inconsulto no se hizo esperar. Organizaciones socioambientales y políticas venimos accionando de manera plural y democrática un plan de lucha que tuvo un primer logro: que el acuerdo se posponga hasta noviembre.
El gobierno, al darse ese tiempo, buscó por todas las vías “convencer” de que el proyecto no traería impactos negativos para la población. El objetivo de dividir a la coordinación nacional contra el acuerdo porcino no tuvo éxito ya que, organizaciones socioambientales venimos debatiendo y realizando acciones de lucha para frenar para siempre la decisión de Fernández y Solá.
Como conclusión, podemos decir que el acuerdo con China es el resumen y la consecuencia de cómo actúa el modelo de saqueo y contaminación capitalista en nuestro país.
Siempre como estrategia pagar la fraudulenta deuda externa y beneficiar a las corporaciones a costa de los pueblos. La entrega de tierras para el agronegocio. El mayor uso de transgénicos resistentes a agrotóxicos, los incendios intencionales, millonarios subsidios y baja de impuestos a las grandes exportaciones son parte del entramado sistémico.
Urgente y necesario. Cambiar el modelo
A nivel mundial, con el cambio climático, estamos entrando a un punto de no retorno. En lo político, los gobiernos miran para otro lado y profundizan los planes extractivistas día a día. La educación y el desarrollo tecnológico está en manos de tecnócratas que priorizan los grandes negociados por sobre el beneficio colectivo. Los planes económicos de ajuste y represión son parte también de la fotografía cotidiana.
Contra eso, los pueblos nos organizamos, resistimos. Experiencias históricas como la de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que corrió a Monsanto, o la del pueblo mendocino, que frenó la ley 7722 para el ingreso de la megaminería, son ejemplos de que con una gran unidad de acción y con un plan de lucha decidido democráticamente se puede ganar.
Con la Red Ecosocialista activamos cotidianamente en ese camino, con intervenciones callejeras, asambleas y encuentros para concientizar, pero también para sumar más fuerza y poder derrotar todos los planes de contaminación que los gobiernos y empresarios tienen para ofrecernos. Pero también militamos en el MST construyendo una organización política estratégica desde abajo, con la mayor democracia y de manera autofinanciada, para poder decir todo lo que pensamos sin lobby patronal ni de ninguna iglesia.