La muerte de una joven de 19 años en Caleta Olivia, tras consumir alimentos de un basural, no es una tragedia ni una fatalidad inevitable: es un crimen social. El hambre no es un accidente; es el resultado de decisiones políticas, de prioridades económicas y de un modelo que condena a sectores enteros de la población a la exclusión.
Cuando una persona muere por no tener acceso a alimentos seguros, lo que queda en evidencia no es una falla individual, sino el fracaso de un sistema que permite que, en una provincia rica en recursos, existan familias empujadas a sobrevivir entre los residuos.
Una provincia rica donde crece la pobreza
Santa Cruz produce riqueza energética y minera estratégica para el país. Sin embargo, esa abundancia convive con salarios deteriorados, precarización laboral, un costo de vida asfixiante y un crecimiento sostenido de la pobreza.
La contradicción es evidente: mientras se generan ganancias millonarias, hay familias que no acceden a lo básico. El problema no radica en la falta de recursos, sino en cómo se distribuyen y cuáles son las prioridades políticas de quienes gobiernan. Cuando una familia llega al punto de buscar comida en un vaciadero, no estamos ante un hecho excepcional, sino ante el resultado extremo de un proceso de empobrecimiento que se profundiza día a día.
Responsabilidades políticas con nombre propio
Nombrar esto como un “crimen social” implica señalar responsabilidades. Las políticas de ajuste, la caída del salario real, el desmantelamiento de la asistencia social y la priorización del equilibrio fiscal por sobre las necesidades urgentes de la población tienen consecuencias concretas.
En este marco, el Gobierno Nacional —encabezado por Javier Milei— aparece como responsable político del deterioro social debido a su programa de ajuste, reducción del gasto público y transferencia de recursos hacia los sectores concentrados. Estas medidas son las que empujan a miles de familias a situaciones límite.
Del mismo modo, el gobierno provincial de Claudio Vidal es responsable por no garantizar respuestas suficientes frente a la emergencia y por no implementar políticas efectivas que impidan la indigencia extrema en una provincia con recursos de sobra. Son decisiones políticas las que definen si los recursos se destinan a garantizar derechos básicos o a sostener un modelo que deja a las mayorías afuera.
El hambre como límite social
El hambre es la expresión más brutal de la desigualdad. Nadie llega de un día para otro a alimentarse de un basural; antes hubo pérdida de ingresos, deterioro de las condiciones de vida y una ausencia total del Estado. Cuando todas las redes fallan —el trabajo, la contención social y las instituciones—, el resultado es la tragedia que hoy conmociona a la provincia.
Hablar de “accidente” diluye responsabilidades. Hablar de crimen social obliga a discutir el modelo económico y a quienes lo sostienen.
Lo más peligroso del clima actual es la naturalización del sufrimiento. Se intenta instalar la idea de que la pobreza extrema es inevitable, pero no hay nada “natural” en que alguien muera de hambre en una tierra de riqueza.
Lo ocurrido en Caleta Olivia no puede quedar en una conmoción pasajera. Debe transformarse en una denuncia y en un debate profundo sobre qué modelo de país estamos construyendo. Porque donde hay hambre, hay un sistema social que lo reproduce y se llama capitalismo.
Daniel Blanes
