Remarcar precios todos los días. Entre risas, esa fue la respuesta de Jorge Braun -presidente de una de las mayores cadenas de supermercados- a la pregunta de “¿qué hacen en La Anónima frente a la inflación?”. Estas declaraciones, realizadas en el marco de la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) indignan pero no sorprenden. Es la realidad cotidiana que vivimos millones de familias trabajadoras en nuestro país. Así, entre un empresariado que remarca sin cesar y un gobierno que se queja pero deja correr, siguen castigando los bolsillos populares. El INDEC acaba de dar a conocer que la inflación de mayo fue del 5,1 %, con una variación anual del 60%, la más alta en 30 años.
La lógica del capital. Los dichos de Braun no fueron un lapsus, expresan lo que hacen las corporaciones que concentran el poder económico en nuestro país y muestran el rostro de esta lacra social que pone sus ganancias por sobre las necesidades de millones que no llegamos a fin de mes. En estos días se conoció, por caso, que en el último año La Anónima incrementó sus ganancias en un 142%, mientras que Carrefour tuvo durante 2021 un aumento de ventas del orden del 50%. Las corporaciones del agronegocio y los grandes terratenientes actúan de igual manera, trasladando al mercado interno la suba de los precios internacionales de las materias primas.
En el otro extremo, crece la pobreza. Pero mientras los empresarios ganan cada vez más, los salarios siguen retrocediendo. Una investigación del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), en base a los balances de firmas como Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial del Plata y Carrefour, muestra que entre2016/2017 y 2021 el costo laboral en relación a las ventasse redujo, y un estudio de la CELAG señala que en ese mismo período la masa salarial en la economía creció 335%, mientras que los precios subieron 474% y los beneficios empresariales 23%. Entre 2020 y 2021 la masa salarial aumentó 42%, los precios escalaron 52% y la ganancia empresarial 75%.
Insaciables. A pesar de estos datos, los capitalistas exigen más y batallan para mantener y acrecentar sus márgenes de ganancia. En el mismo encuentro de AEA, su presidente Jaime Campos reclamó baja de impuestos y la no intervención del Estado en sus negocios, además de rechazar, por supuesto, cualquier posibilidad de un impuesto a las ganancias extraordinarias. Los grandes privilegiados de este sistema pretenden seguir haciendo fabulosas ganancias mientras casi la mitad de la población se encuentra en la pobreza.
El gobierno se queja, pero deja correr. Las distintas alas del Frente de Todos salieron rápidamente a repudiar las palabras de Braun, desde Cristina hasta Alberto Fernández, pasando por el ministro de economía. Pero las medidas concretas para impedir que sigan haciendo negocios a costa de las necesidades de las mayorías no se escucharon de ninguno de los sectores del FdT. El gobierno apeló una vez más a frases tan desgastadas como inútiles, del estilo de “la necesaria responsabilidad empresaria”, “el compromiso de todos los sectores” y otras parecidas. Pero si hay algo claro es que la burguesía no tiene responsabilidad ni compromiso social. Estas declaraciones son la demostración de la impotencia de un gobierno que no puede frenar una inflación descontrolada y cuyo pronóstico anual ya se ubica por arriba del 70%. En última instancia, es el fracaso del “capitalismo responsable” pregonado por el FdT, que defiende los intereses capitalistas apelando a su buena voluntad para repartir algo de la inmensa torta que se llevan.
Una aspirina contra el cáncer. Ese es el camino elegido por el Frente de Todos. El impuesto a la renta extraordinaria que presentan como la gran medida de justicia social, si se aprueba, alcanzaría a unas 350 empresas que se vieron favorecidas por los aumentos en los precios de los commodities a partir de la guerra en el este europeo, y significaría una recaudación de unos mil millones de dólares. Como fue en el caso del “impuesto a las grandes fortunas” se cobraría por única vez, y además lo recaudado iría al Fondo de Rentas Generales, lo que implica que podrá ser usado para cualquier motivo, entre ellos el pago de la fraudulenta deuda externa con el FMI y los fondos privados. Se trata, una vez, más de mostrar alguna iniciativa de tinte progresista (¿y limar asperezas internas?) más que de medidas de fondo que frenen el proceso inflacionario y ataquen a los formadores de precios.
Sin garantías. El presidente decidió que la medida pase por el parlamento, donde no parece fácil que se apruebe. Los bloques de los liberfachos Milei y Espert, como buenos defensores de los intereses de las corporaciones, ya anunciaron que se opondrán. A la casta que se enriquece a costa del hambre popular no sólo no la enfrentan, sino que son sus voceros y gerentes. La derecha de Juntos por el cambio seguiría el mismo camino. Otra vez, sabiendo que la oposición de derecha tiene posibilidades de trabar cualquier iniciativa parlamentaria, AF deja correr una propuesta de ley que tiene mucho de tribuna, más que un espíritu real de gravar a los que hacen fortunas en medio de la crisis.
Hay que tomar medidas de fondo. Una guerra en serio contra la inflación requiere enfrentar consecuentemente al poder concentrado de la economía. Esto sólo puede hacerse mediante un programa anticapitalista como el que proponemos desde el MST en el FITU. Hay que congelar los precios de la canasta básica y anular el IVA de los productos que la componen. Además de abrir sus libros contables para ver los costos reales, a las empresas que remarquen hay que aplicarles las sanciones que establece la Ley de Abastecimiento. Junto con eso hay que otorgar un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales que cubran el costo de la canasta familiar y se actualicen automáticamente según inflación real. Pero, además de estas medidas urgentes, es preciso tomar otras estratégicas, que cambien la matriz productiva y distributiva del país, al servicio de las necesidades obreras y populares: una reforma tributaria donde paguen más quienes más tienen; implementar una reforma agraria y terminar con la estructura monopólica de la producción y comercialización de los alimentos; romper con el FMI y dejar de pagar la deuda fraudulenta, nacionalizar el comercio exterior y la banca para evitar la fuga de capitales y estatizar todas las empresas productoras y distribuidoras de energía, con el control de sus trabajadores y usuarios.