El próximo viernes 1° de mayo, la gestión libertaria afrontará un nuevo compromiso financiero que vuelve a poner al Fondo Monetario Internacional en el centro de la agenda política y económica.
El gobierno nacional deberá desembolsar U$S800 millones para cancelar un vencimiento correspondiente a los intereses del préstamo gigantesco contraído en 2018. Para cancelar este pago las divisas directamente del colchón de dólares que el Banco Central viene comprando y acumulando durante los últimos tres meses. Estas reservas funcionan como los ahorros nacionales y ahora serán entregadas a los acreedores externos.
Al mismo tiempo el Ministerio de Economía busca otras vías para conseguir billetes verdes y evitar vaciar por completo las arcas de la autoridad monetaria. Por esa razón el equipo económico decidió lanzar una nueva serie de bonos en dólares bajo ley local. Esta maniobra significa que el gobierno les pide prestado dinero a los inversores privados a cambio de entregarles un título público para así juntar los fondos necesarios y cumplir con el pago al organismo internacional.
Toda esta ingeniería financiera ocurre mientras las negociaciones con el Fondo Monetario transitan horas decisivas. Hace unas semanas el ministro de Economía, Luis Caputo, participó de las reuniones de primavera del organismo y del Banco Mundial en Washington. El titular de Hacienda regresó al país con una noticia favorable para su plan económico al conseguir un acuerdo técnico con el equipo del Fondo. La propia directora, Kristalina Georgieva, dio su visto bueno a los números presentados por la delegación argentina.
A pesar de este respaldo técnico y de la alegría de los funcionarios internacionales por el nivel de compras de dólares del Banco Central la burocracia financiera tiene sus propios tiempos. Todavía falta un paso fundamental que es la aprobación definitiva por parte del directorio del Fondo Monetario. Este grupo de directivos tiene que reunirse a mediados de mayo para evaluar el caso argentino y recién ahí dar la orden final para liberar un desembolso pendiente de U$S 1.000 millones. El gobierno espera utilizar ese futuro giro de dinero para compensar las divisas que ahora entregará para pagar los intereses.
El peso insostenible de la deuda externa
La agenda de vencimientos que enfrenta la Argentina expone el nivel de sometimiento que imponen estos organismos de crédito. Durante todo el transcurso del año el Estado nacional deberá entregarle al Fondo Monetario más de U$S 4.400 millones. El calendario comenzó en febrero con un desembolso de U$S 832 millones y continúa ahora con los pagos unificados de finales de abril y principios de mayo por casi ochocientos millones más. Luego el país tendrá que girar U$S 826 millones el primer día de agosto seguidos por un vencimiento de U$S 802 millones en septiembre. La fuga de divisas finalizará con un giro de U$S 821 millones en noviembre y un último pago de U$S 343 millones en diciembre.
El panorama se vuelve aún más asfixiante al mirar a mediano plazo. Entre este año y el próximo el gobierno deberá hacer frente a compromisos totales por U$S30.000 de dólares considerando todas las obligaciones del Estado. De ese número astronómico unos U$S 12.800 millones corresponden a deudas con bonistas privados. Para intentar cubrir semejante agujero el equipo económico mendiga préstamos garantizados ante el Banco Mundial y otros bancos privados internacionales en una calesita de endeudamiento que parece no tener fin.
Esta sangría constante de recursos demuestra el fraude monumental que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este pacto ruinoso fue firmado originalmente por la gestión de Mauricio Macri y luego fue avalado por el gobierno de Alberto Fernández. Hoy la presidencia de Javier Milei potencia esta estafa a través de la renegociación llevada adelante por Luis Caputo hace un año y garantiza el pago puntual a los usureros internacionales a costa del sufrimiento de todo un país.
Cada dólar que se envía a Washington representa un recurso menos para resolver las urgencias de las mayorías trabajadoras y de los sectores populares. La realidad económica golpea a las familias todos los días con salarios anclados en la miseria y un consumo que cae de forma estrepitosa. La morosidad en los hogares aumenta porque la plata no alcanza para cubrir los alimentos y la producción se derrumba provocando suspensiones y despidos. El único sector que festeja y ve crecer sus rentabilidades es el gran capital concentrado junto a los especuladores de la bolsa. Es urgente romper con este sometimiento y dejar de pagar una deuda fraudulenta para que la riqueza generada por los trabajadores se destine a desarrollar el país y no a engordar los bolsillos de la banca internacional.
