Foto. Daniella Fernández
Dentro de este escenario de austeridad libertaria, donde se intenta vender un supuesto éxito macroeconómico basado en el superávit fiscal innegociable, el recorte real del 27,4% en los haberes revela quiénes han sido los elegidos por Milei como una las principales variables de ajuste: los jubilados.
De acuerdo a un trabajo[i] del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quedó marcado que las jubilaciones han sido el blanco predilecto del gobierno para sostener los números que Caputo muestra a los organismos internacionales. Según el informe, la política implementada desde diciembre de 2023 ha consistido en una serie de maniobras regresivas que no solo licuaron los ingresos frente a la inflación, sino que buscaron cristalizar esa pérdida de manera permanente a través de cambios diseñados para que los jubilados nunca vuelvan a recuperar el nivel de sus ingresos.
Esta ofensiva se ejecutó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó la ley de movilidad anterior por un esquema atado exclusivamente a la inflación con dos meses de atraso, justo en el momento en que la desaceleración de los precios habría permitido una recomposición real bajo el sistema previo. Los resultados de esta trampa metodológica hicieron que, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicara en $340.886, mientras que de haber continuado la fórmula de la gestión anterior, debería haber alcanzado los $434.279. Esta brecha representa una confiscación directa a los sectores más vulnerables para financiar metas fiscales.
Es fundamental señalar que, si bien la fórmula de la gestión de Alberto Fernández hubiera resultado superadora frente al ajuste libertario, cualquier comparación se da en un terreno de profunda precariedad. Incluso con los montos proyectados por la ley 27.609, el ingreso total se encuentra vergonzosamente por debajo del valor de la Canasta Básica Total de un adulto mayor.
El gobierno de Milei ha decretado que el máximo nivel de vida al que puede aspirar un jubilado es este presente de privaciones, donde los haberes han caído de tal forma que se sitúan un 3% por debajo del promedio de la década del 90, consolidando un piso histórico del cual es imposible salir bajo el modelo de indexación por IPC.
La licuación del bono y el fin de la moratoria como política de ajuste
El ensañamiento con los sectores de menores ingresos se hace todavía más evidente al analizar el bono extraordinario que percibe el 70% de los beneficiarios. Este refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, sufriendo una licuación brutal que el Ejecutivo ignora para exhibir sus cuentas en orden. Mientras los haberes básicos aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la mínima con bono solo subió un 101%. Esto implica un recorte efectivo de más de $107.000 si se hubiera actualizado el refuerzo en la misma proporción que el resto de los componentes. Para el último trimestre de 2025, el poder de compra de las jubilaciones con bono se encontraba un 16,8% por debajo de los niveles de finales de 2023.
A este panorama de asfixia se suma la barrera institucional tras la finalización de la moratoria en marzo de 2025. Sin esta herramienta, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse por no reunir los 30 años de aportes. La única alternativa es la PUAM, que representa apenas el 80% de una mínima insuficiente, no es transferible por viudez y obliga a las mujeres a esperar cinco años más para acceder al beneficio. Esta política representa un desmantelamiento programado del sistema para transformarlo en un esquema de asistencia mínima que apenas garantiza la supervivencia biológica bajo las pretensiones del mercado.
Deuda usurera y privatizaciones
La gran estafa de este ajuste reside en el destino de los recursos que se le quitan al sistema previsional para alimentar el bolsillo de los capitalistas. Mientras se le niega a un jubilado la actualización de su bono de hambre, el ministro Caputo realiza constantes malabares financieros para garantizar el pago puntual a los acreedores de una deuda usurera y fraudulenta que el pueblo no eligió contraer. Un ejemplo de esto es el uso de fondos provenientes de la venta y privatización de activos estratégicos, como las represas del Comahue, para cumplir con vencimientos externos.
Esta ofensiva ha encontrado su resistencia en las marchas de los miércoles en el Congreso, donde los jubilados se han organizado como el foco de lucha más persistente frente a la motosierra libertaria. La saña represiva comandada por las fuerzas federales no ha logrado quebrar a un sector que entiende que los derechos se defienden y se consiguen en la calle. La única salida a este saqueo es la ruptura con el FMI y el no pago soberano de la deuda externa para volcar esos recursos a la recomposición inmediata de los haberes. Exigimos un aumento que cubra la canasta básica real y la restitución de la moratoria, porque la crisis la deben pagar los especuladores y no quienes trabajaron toda su vida.
[i] https://mcusercontent.com/e9c6f62a4dc825f6a9dab4e88/files/e0214b43-42e3-3476-930d-d26a1a0e143b/2026.01.05_An_aacute_lisis_sobre_movilidad_jubilatoria_enero_2026_CEPA.pdf
