Para cumplir con el FMI. Se viene el tarifazo, uno de los ejes del paquetazo anunciado por el superministro. Esta fase del plan de Massa se ordena por avanzar hacia el “orden fiscal”. El objetivo es bajar el déficit al 2,5% del PBI para cumplir las metas acordadas con el Fondo. Este “massazo” al bolsillo no solo se concentra en las tarifas de energía. También se viene un drástico aumentazo en las tarifas de agua. El “ahorro” fiscal estimado sería de $ 47.500 millones para el 2022 y de $ 450.000 millones para el 2023, o sea U$S 3.175 millones al dólar oficial.
Gabinete energético a medida. La onda expansiva de cambios en el gobierno, renovó cualitativamente los funcionarios del área. La nueva titular de Energía es Flavia Royón, ex funcionaria del aliado gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y experta en el negocio del litio. El cristinista Federico Bernal quedó a cargo de Hidrocarburos. Con la exposición magistral de la Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Massa, de Santiago Yanotti, hombre de Manzur y a cargo de Energía Eléctrica, de la “renovadora” Cecilia Garibotti en Planificación y del Secretario de Hacienda, que viene de la gestión de Guzmán, de la de Macri y de muchas otras, Raúl Rigo, se anunciaron las nuevas tarifas. La puesta en escena del tarifazo contó con el respaldo de Cristina y Alberto, por supuesto.
Se cae el relato de la segmentación. Resulta un gigantesco verso que van a pagar solo los ricos. La cuenta recae sobre los bolsillo de la población trabajadora. Ante el aumento de los precios de la energía que importamos en el mercado internacional, los cuales dieron un salto luego de la invasión rusa a Ucrania, se implementó un primer aumento del 20% para todos en marzo y de otro 20% en junio, que no involucró a quienes tienen la tarifa social. Además, 9 millones de trabajadores y sectores medios, se anotaron para conservar el subsidio, bregando porque la boleta no se vaya a las nubes. ¡Sorpresa! Con Massa, además, si se superan los 400 kwh por mes de consumo eléctrico (550 kwh para los que no tienen red de gas natural), o más del 70% del promedio de consumo de gas de la zona en que se vive, se va a pagar tarifa plena por el “exceso” de consumo. Con Malena y para el agua, el resultado es similar: en pocos meses se podría conservar, con suerte, apenas el 15% del subsidio actual.
Haciendo cuentas. Detrás de confusas explicaciones de los nuevos funcionarios, los trabajadores y sectores populares perciben que entre setiembre y noviembre se viene un fuerte golpe a los bolsillos, que crecerá en forma escalonada por varios meses, pero aún no se conoce exactamente su magnitud. Muchos dicen que así lo programaron ex profeso. Para Malena Galmarini no se trata de un tarifazo, sino de una “redistribución de subsidios”, que es como le llaman ahora a la inmensa masa de dinero que saldrá de los bolsillos populares y partirá a los de los grandes empresarios de la energía y a cumplir con los pagos que exige el FMI para pagar la deuda usuraria. Vos seguramente tomarás nota de qué nivel (alto, medio o bajo) te asignó el gobierno y estarás descubriendo si vivís en una zona considerada alta, media o baja, para que te facturen el agua. Los primeros cálculos señalan que, cuando llegue la boleta, los aumentos oscilarán entre el 50% y el 140% mensual en las tarifas de luz, gas y agua. Una estafa.
Ricachones tranquilos. Para los ricos, pagar un aumento en la tarifa será una mínima porción de la torta -cada vez más grande- que se llevan y no reducirán sustancialmente el monto global de los subsidios. El sector del pueblo trabajador que quedó incluido en los cuatro millones que no se anotaron, que tienen varios ingresos en un grupo familiar que supera el tope mínimo, o quien tiene un comercio (no importa su tamaño), va a recibir facturas con tarifa plena, duplicando o triplicando el viejo importe. La mayoría de las familias trabajadoras y sectores medios, van a ser castigados con el consumo tope, que muchos exceden por ser familias numerosas o con aparatos poco eficientes en el consumo energético. Pero los millones que tienen tarifa social tampoco se salvarán. Ellos pagarán por una vía indirecta, ya que el aumento de las tarifas va encarecer el costo del traslado y almacenamiento de los productos. Encima a los consorcios les perdonarían parte del tarifazo en el consumo de gas, pero no el de energía eléctrica. Léase: expensas más caras para todos los que viven en departamentos.
Bonus track. Como si esto fuera poco, hay tarifazos adicionales. Desde el lunes 22 las naftas aumentaron el 7,5% y ello implica, además, mayor inflación. Están estudiando aumentar la parte de la tarifa que va a las distribuidoras Edenor y Edesur que abastecen el AMBA… ¡un 20% más!. El transporte de esta zona del país ya subió un 40%. Como le deben algunos pagos del subsidio a los empresarios, a los que mantiene el gobierno, estos se han declarado en look out y durante las noches no hay servicios. Parece que quieren achicar también los $ 181.000 millones que se gastan en subsidiar a las empresas. Adiviná quién pagará el recorte. Además, los gobernadores, a los que les bajaron partidas, están presionando para que se mantenga el nivel de subsidios para el interior, que paga tarifas más altas, y el gobierno central no quiere poner un peso más. Ajuste sobre ajuste.
Frenar el tarifazo. Con una inflación interanual que se proyecta entre el 90% y el 100%, un inmenso atraso salarial, calculado en un 23% para los trabajadores formales, pero más del 30% para estatales o informales. Y con un salario mínimo en la línea de indigencia y los alimentos marcando subas récords todos los días, no podemos permitir este nuevo ataque del gobierno y las empresas privatizadas. Hay que movilizarse para impedir estos aumentos que van a dejar a millones sin el derecho a calentarse o prender la luz. Debemos retomar la experiencia realizada contra los mega tarifazos de Macri y organizarnos con nuestros vecinos con el objetivo de movilizar miles y miles en las calles de nuestro país.
Otro modelo energético. Massa, hipócritamente, justifica los aumentos señalando un hecho cierto: existe una crisis energética mundial. Pero en la Argentina sobran fuentes de energía. Si importamos parte de ella, a precios carísimos, se debe a la desidia e improvisación de un modelo al servicio de las grandes ganancias de las empresas privatizadas, de los amigos del ministro como Vila y Manzano, Mindlin o Ezquenazi, las multinacionales que promociona el embajador Stanley o los empresarios alemanes del “hidrógeno verde” que se reúnen con Marcó Del Pont.
Reestatizar con control social. Hay que empezar por reestatizar por completo YPF, actualmente una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal que actúa al servicio de las necesidades del mercado. Toda la exploración, producción, transporte y distribución de energía debe estar en manos de empresas estatales. Como las demás empresas de servicios públicos, deben estar controladas y administradas por sus trabajadores y usuarios, desplazando a los actuales directivos funcionales y/o socios del modelo privatista. Un cambio de este tipo, como parte de un programa económico alternativo que rompa con el FMI y los buitres acreedores, permitiría el aprovechamiento del enorme capital científico-técnico que posee el país y acelerar la necesaria transición ecológica hacia energías limpias imprescindible en un planeta contaminado por este sistema capitalista en decadencia.