Insisten con una falsa “presencialidad” educativa. Pese a la segunda ola de COVID, al frío y la crisis edilicia, Alberto Fernández, Larreta, Kicillof y demás gobernadores la quieren imponer sin las condiciones epidemiológicas, sanitarias, edilicias, presupuestarias, salariales, de cargos, de insumos y materiales, ni los comités de bioseguridad y trabajo, con la participación de docentes, estudiantes, familias y la comunidad.
Buscan avanzar a una “nueva normalidad”. Los gobiernos se ordenan por esa necesidad empresaria y de los sectores privatistas de la educación. Les preocupa recuperar a la educación como auxiliar de la productividad, servicios, comercio y renta capitalista, sin importar la salud de las mayorías. Priorizan el interés capitalista por el rol que cumple la escuela en la reproducción del sistema y en la “contención” hacia las familias.
En esto tampoco hay grieta. Kicillof fustigaba a Larreta y a gobiernos como los de Mendoza o Jujuy por imponer las clases presenciales, siendo esos distritos de los que más muertes evitables suman entre trabajadores de la educación y la comunidad. Pero luego Kicillof dio una voltereta al ordenar la presencialidad sin garantías ni recursos para esa “presencialidad cuidada” de la que hablan.
Ceden a encuestas y a sectores de clase media y privatistas. Son los que celebran que se retome la presencialidad, sin importar la salud y la vida de la clase trabajadora, sectores populares y más humildes. Que se ven obligados a incrementar el tránsito y la posibilidad de contagio, en un transporte público cada vez más saturado.
El “combo” ola de frío y COVID. Tanta era la ansiedad aperturista que los gobiernos, la Iglesia y demás patronales de la enseñanza privada ni lo tuvieron en cuenta. Esto obligó a suspender la presencialidad en muchísimas escuelas del país. Aunque podemos tomar de parámetro a la provincia más rica y la que concentra el 40% de la matrícula y la docencia. Con el Plan Jurisdiccional bonaerense que fija que no puede haber clases presenciales cuando no esté en “funcionamiento el sistema de calefacción en el período invernal o cuando la temperatura sea inferior a 10º C” (Anexo II, inc. D). Pero todo se violentó.
¿Puede ser que persista tal crisis edilicia? ¿Luego de tanto tiempo sin presencialidad en las escuelas? Sabemos de la desinversión y el privatismo de Larreta, solo que Kicillof dice ser un “gobierno del pueblo”. Pero lejos de revertir el ajuste de Vidal, en 2020 concretó 2.960 obras, sobre casi 19.000 escuelas. Apenas el 15,6% de los establecimientos y anexos educativos.
Además, esas “obras” son en realidad un 41% de arreglos de electricidad, agua y gas. Un 33% son trabajos de pinturas, otro 24% de reformas edilicias y solo un 2% de nuevos edificios o aulas. Cosa que tampoco revirtieron este año, ya que destinaron al plan “Escuelas a la obra” solo $6.570 millones. Esto implica apenas $ 29 mil por escuela al mes, que alcanzan para cubrir 2 potes de pintura y 2 para impermeabilizar techos o paredes. Es decir, nada.
Esto, mientras el Presupuesto de Kicillof destina $ 61.733 millones a pagar “Servicios de la Deuda Pública”. Es decir, casi 10 veces más para la deuda externa que para arreglar escuelas (Art. 2º, Presupuesto 2021). Así estamos. Mucho relato para barnizar una realidad de continuidad y ajuste. Esto se ve en las demás provincias o la Ciudad, ante la voladura de una escuela en Neuquén o al explotar un calefón en Mendoza.
Priorizan la deuda, mientras las escuelas desbordan de carencias. Es que falta limpieza en los tanques, falta agua o baños que funcionen, lo mismo con el gas, las estufas, calefones o cocinas. Con serias deficiencias en la electricidad, los cielorrasos, goteras, patios o el mobiliario. Ni hablar de la falta de entrega de computadoras y conectividad para estudiantes y docentes, lo que agrava la brecha educativa y aumenta la exclusión.
La docencia con salarios de pobreza. Además de sobrecarga laboral, creciente precarización y desocupación. También fatiga ante una presencialidad insegura, una virtualidad ficticia y una bimodalidad precarizante. La situación es compleja y demanda una salida integral. Por eso planteamos la suspensión provisoria de la presencialidad, allí donde no están dadas las condiciones sanitarias, edilicias, de vacunación y presupuestarias. Cuestiones posibles de garantizar con otra política opuesta a la oficial, si hablamos de volver a poner en pie una escuela pública al servicio de las mayorías populares.
Poner en el centro la defensa de la escuela estatal. Y formas de presencialidad segura que sí podrían lograrse, pero a partir de revertir quiénes deciden hoy en educación. Con un Congreso Pedagógico Nacional y en los distritos que defina –en el marco de otro proyecto educativo y de país-, cuándo es seguro volver, pero en consulta con organizaciones de la salud, con independencia de los gobiernos del capital. Para construir un real semáforo epidemiológico que no arriesgue la salud de educadores, estudiantes y familias.
Vacunar rápida y masivamente a la población. Es posible ya que producimos millones de vacunas, tanto primera como segunda dosis, si avanzamos en expropiar los laboratorios. Exigir un Presupuesto igual al 10% del PBI, a partir de eliminar los subsidios a la Iglesia y las demás patronales de la enseñanza privada. Con impuestos progresivos a la riqueza y el no pago de la deuda externa.
Defender y transformar la educación. Asistimos a la demolición del sistema educativo nacional. Debemos poner ahí el acento, en lo estratégico y tomar en nuestras manos la defensa de la educación. Luchando por un sistema único, nacional, estatal, gratuito, laico, científico, ecosocialista, feminista y al servicio de las mayorías populares.