Prioridad de los de arriba. Las negociaciones para cerrar un acuerdo con el FMI han vuelto al centro de la escena. Después anunciar algunas tibias e insuficientes medidas de tinte social para intentar dar vuelta una casi segura derrota electoral en noviembre, el gobierno se abocó a lo que considera la prioridad de su gestión; refinanciar la deuda de U$ 44 mil millones contraída por Macri. Alberto Fernández afirmó en una reunión con empresarios que el acuerdo estaba encaminado y se anunciaría en el primer trimestre del año que viene. Mientras los dueños de las principales empresas del país presionan para apurar el acuerdo, surgieron algunas tensiones al interior de la coalición gobernante. Sin dudas las condiciones que impondría el FMI son intragables para un sector importante de la población, incluida gran parte de votantes y militantes del FDT. Además, en plena coyuntura electoral, hay dirigentes que se adaptan para tratar de no seguir perdiendo votos por izquierda, lo que reaviva algunos discursos con épica antimperialista y popular por parte de sectores el Frente de Todos. Pero ello no implica ningún cambio de rumbo.
Grieta interna. Los desacuerdos que se habían expresado en la carta de CFK y en el audio viralizado de Vallejos crecieron en los últimos días. En el acto de Plaza de Mayo Hebe dijo que era “el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda” mientras La Cámpora difundía un video cantando que “no van a pagar la deuda con el hambre del pueblo”. A los pocos días Guzmán decía en el CCK que “acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”. Estas declaraciones se explican por la bronca que hay en sectores cada vez más amplios de la base el FDT por la legitimación de una deuda que en campaña Alberto denunciaba como una estafa al servicio de la fuga de capitales y de la reelección de Macri, pero que apenas asumió se comprometió a pagar. Y empezó a pagar la deuda vieja y la nueva. Y se disponen al acuerdo con el FMI. Si ahora saltan públicamente las diferencias se debe a la derrota electoral y la preocupación de seguir perdiendo votos y base política por izquierda.
Todos quieren pagar. Es cierto que pueden existir matices alrededor de la negociación, con un sector que pretende mayor margen para manejar el déficit fiscal y la emisión monetaria, así como una menor intervención del FMI, pero todos los sectores del FDT están decididos a pagarla. Por eso al mismo tiempo que radicalizan un poco el discurso, se encargan de aclarar que su planteo no es el de la izquierda que quiere romper con el Fondo y dejar de pagar sino una negociación con mejores condiciones. En ese tono se expresaron desde Cristina hasta Santoro, pasando por periodistas afines y Guzmán, que acto seguido a hablar de soberanía planteó que no se puede patear el tablero porque “estamos hablando de la integración de la Argentina en el mundo”. Un discurso que recuerda al de la década menemista y al de Macri.
Peleando condiciones. El gobierno argentino reclama mayor tiempo de financiamiento y de plazos para comenzar a pagar los vencimientos de capital, además de eliminar los sobrecargos, una sobre tasa de interés extra que el Fondo aplica de acuerdo al monto y plazo del préstamo, y que en el caso de Argentina significaría un plus cercano a los U$ 1000 millones anuales. Con ese objetivo viajaron hace una semana Manzur, Guzmán y Beliz a EEUU y lo hará Alberto Fernández al G20 de Roma, donde se encontraría con Kristalina Georgieva, presidente del organismo. El Fondo no parece dispuesto a ceder y exige, en cambio, un programa económico que permita al país hacer frente a sus obligaciones.
Ajuste y reforma laboral. El acuerdo de facilidades extendidas que otorgaría el organismo implica la obligación de realizar reformas estructurales, entre ellas la laboral y la jubilatoria, además de un recorte de los presupuestos sociales para reducir el déficit fiscal y el monitoreo trimestral sobre la economía nacional. El Fondo aprieta porque sabe que el gobierno tiene voluntad de pagar y más allá de las idas y vueltas en sus declaraciones, está dispuesto a llevar adelante las reformas exigidas. No fue casual la recorrida de AF en Toyota a pocos días de la firma de un convenio flexibilizador ni la permanente ofensiva extractivista para obtener los dólares necesarios para pagar.
Pagando con el hambre del pueblo. Más allá de las declaraciones cruzadas, la realidad es que en lo que va de su gestión, el gobierno lleva pagados más de U$10 mil millones en concepto de deuda. Y para hacer buena letra con el FMI redujo presupuestos sociales, eliminó el IFE y ajustó las jubilaciones, en medio de una pandemia y cuando la pobreza supera el 40% de la población. Ningún sector del FDT cuestionó esos pagos hasta la derrota electoral. Antes de fin de año hay nuevos vencimientos con el Fondo por más de 2 mil millones, y si el acuerdo se postergara para el próximo año habrá que desembolsar otros U$3800 millones entre enero y marzo del 2022. Con lo pagado en dos años, se podrían haber construido 300 mil viviendas, generando más de medio millón de puestos de trabajo genuino y reactivando la economía. Como se ve, la deuda siempre se paga con las necesidades populares.
Una estafa eterna. Como hemos señalado numerosas veces desde estas páginas, la deuda es un mecanismo de dominación económica y política. Tomada en su mayor parte bajo la dictadura y reconocida por todos los gobiernos desde el ’83 a esta parte, condiciona toda la vida del país. La imposibilidad de hacer frente a los pagos lleva a permanentes renegociaciones que traen consigo las reformas estructurales que la burguesía imperialista necesita para seguir haciendo de Argentina una semicolonia atada a sus intereses. En el camino se quedan con nuestras empresas, nuestros bienes comunes, nuestros derechos sociales y sin embargo la deuda sigue creciendo. Los beneficiarios siempre son los grandes capitalistas, banqueros y especuladores, los perdedores siempre somos los sectores populares. Una verdadera estafa y una usura. Esta renegociación no será la excepción.
El camino es por la izquierda. Por eso, la única salida soberana es la investigación a través de una auditoria social y la suspensión de todos los pagos. En un país donde la pobreza alcanza a la mitad de la población, seguir fugando miles de millones de dólares al año a los bolsillos de buitres y usureros es un verdadero crimen. Con los recursos que hoy se destinan a la deuda se podría hacer una verdadera inversión para reactivar el aparato productivo alrededor de un modelo de desarrollo basado en las necesidades del pueblo y no del capital imperialista. La negativa a seguir ese camino por parte del FDT es consecuente con la política expresada por Cristina en el acto de la semana pasada. Conciliando con la burguesía, que precisa el acceso a los mercados financieros y es enemiga de las medidas que un default soberano pondría a la orden del día – como la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior- no hay manera de avanzar por un camino soberano. Por eso quienes tienen expectativas en que a través de algún sector del Frente de Todos se pueda encabezar una lucha seria contra la deuda lamentablemente se encaminan a una nueva frustración. La única posibilidad de avanzar en ese sentido es la que proponemos el MST y el FIT Unidad. Alentado en la movilización obrera y popular y un gobierno de la clase trabajadora y los sectores populares.