Pacto para postergar las elecciones. El gobierno tiene serios problemas para pilotear la crisis. Apuesta a un presunto avance en el plan de vacunación y a un incierto grado de reactivación económica buscando mostrar algún logro. Cambiemos está preocupado por definir sus propias candidaturas. El pacto está guiado más por sus cálculos electorales que por las necesidades populares. El nuevo calendario promete una rápida sanción en el congreso y habrá PASO el 12 de septiembre y elecciones generales el 14 de noviembre. Si la disputa electoral ya teñía el panorama político, sin duda cobrará nuevo impulso y la grieta -que los grandes medios fogonean- cruzará toda la situación. La ofensiva política y judicial de la derecha, que busca consolidar su base más reaccionaria, y las peleas internas y las tibias medidas sociales del oficialismo, hay que analizarlas a través del prisma de campaña.
Pero la crisis se agrava. Sus consecuencias recaen sobre los trabajadores y sectores populares. La segunda ola de la pandemia, peor que la primera, está causando estragos y el gobierno no logra respuestas de fondo porque no sale del marco de “lo posible” y de respeto a la propiedad privada capitalista. Así, las vacunas llegan a cuentagotas mientras millones de dosis salen cada mes de la planta de Sigman en Garín. La saturación de las terapias intensivas, al borde del colapso, crece en todo el país, mientras Alberto sigue negándose a centralizar la salud en un sistema único y el agotamiento del personal de salud se agrava con precarización y salarios de pobreza. La crisis económica y social sigue los pasos de la sanitaria. La pobreza e indigencia aumentan al ritmo de la inflación que no cesa. Y siguen los despidos y suspensiones, frente a un gobierno que amaga desde los discursos pero no toma ninguna medida efectiva contra las patronales. La política del gobierno, de restricciones parciales sin suficiente contención social y mantener la apertura en actividades no esenciales, más la irresponsabilidad del macrismo que presiona por más apertura, agravar aún más el panorama.
La prioridad sigue siendo la deuda externa. Ese es el objetivo de la gira europea de Fernández y Guzmán en busca de apoyo para renegociar con el FMI y postergar el vencimiento el 31 de mayo de U$ 2.400 millones con el Club de París. De la promesa de investigar la estafa de la deuda que contrajo Macri no quedó nada. Y en medio de la crisis, tener que destinar miles de millones de dólares al Club de París –por el acuerdo que en su momento firmó Kicillof como ministro de Economía– confirma que la salida no es renegociar sino desconocer esa deuda trucha y suspender todo pago para responder a la urgente deuda social con el pueblo trabajador. La disputa Guzmán-Basualdo es parte de esta situación: uno para cumplir con el Fondo reduciendo subsidios y otro por necesidad electoral. Pero ninguno de ambos sectores del FdT cuestiona que sigan las privatizaciones ni que el Estado esté al servicio de las ganancias de las empresas. En todo caso, la pelea expresa que por abajo crece la bronca social y en un año electoral es riesgoso para el oficialismo. Para amortiguar, además de la foto de la unidad en Ensenada, el gobierno anunció unas pocas medidas sociales, insuficientes, más para administrar la pobreza que para combatirla.
Miles de trabajadorxs en lucha. Aun en plena crisis y pandemia, las luchas crecen. A la vanguardia está el personal de salud, que en casi todo el país sale por aumento salarial y contra la precarización. En la mayoría de los casos esas batallas se organizan por fuera -y en contra- de las burocracias sindicales, que son garantes de los ajustes del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. El triunfo de los elefantes de Neuquén mostró que se puede ganar. La rebelión de los choferes por aumento salarial y vacunas desborda a la burocracia de la UTA. En varias provincias y sectores surgen conflictos salariales con métodos de autoorganización. También crecen los reclamos contra el saqueo extractivista, como contra la reprivatización de la Hidrovía del Paraná y la megaminería en Chubut. Allí, el rechazo de todos los partidos patronales a la Iniciativa Popular contra la megaminería en Chubut mostró su servilismo a las corporaciones y desató cortes de ruta y ocupaciones de municipios. La sumisión de todas las alas de la burocracia sindical a los gobiernos impide enfrentar de conjunto los planes de ajuste y saqueo, pero a la vez alienta nuevos procesos de lucha y organización democrática. Con autoconvocatorias, recuperando organizaciones o creando nuevos sindicatos surge un nuevo activismo, clave para construir una nueva dirección.
La izquierda y el sindicalismo combativo tenemos una gran responsabilidad. Primero, apoyar y coordinar las luchas para que triunfen y se fortalezcan los nuevos activistas, en el camino de una nueva dirección del movimiento obrero, democrática y combativa. Segundo, proponer un programa obrero y popular de salida a la crisis. La campaña electoral será un capítulo más para desarrollar estas tareas. También para fortalecer el Frente de Izquierda Unidad, cuyo desafío es postularse no sólo como opción electoral sino más allá. Hay que superar el estadío de frente electoral para desarrollarse como una verdadera alternativa de poder frente a la derecha reaccionaria y el posibilismo “progre”, que por distintas vías sostienen este régimen capitalista de riqueza para pocos y malaria para las mayorías.