Boric no es modelo de nada, nunca. El 27 de abril la vicepresidenta rompió el silencio y dio un discurso para su militancia donde reivindicó el modo de producción capitalista y se metió en el debate sobre el litio: “Chile acaba de presentar el plan estratégico del litio. Tenemos que debatir si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar una asociación con privados y las provincias para manejar el recurso”. Entre los debates que rodean al litio está el planteo de su nacionalización. La vicepresidenta toma el ejemplo chileno para usarlo como orientación del camino a seguir. Desde ya, los bienes comunes nunca deberían ser privados porque son comunes y estratégicos para la vida. Es inevitable preguntarnos ¿nacionalizar para producir qué? La nacionalización en manos de ecocidas y contaminadores ¿es una salida? En esta etapa del capitalismo decadente, la burguesía con proyectos de desarrollo nacional está extinguida. La clase política tradicional responde a los intereses externos y tiene lazos orgánicos con el capital productivo y financiero al que nadie votó pero que aún así gobierna. ¿Acaso YPF “nacionalizada” trajo beneficios sociales? ¿Es nacional y popular con una orientación social justa? Pues no. Es una empresa mixta (símil a lo que Boric propone en Chile) con fines de lucro asociada con Chevron para saquear Vaca Muerta y con Shell y Equinor para depredar la Costa Atlántica o comercializar (como YPF Agro) agrotóxicos al servicio del monocultivo y los pools de siembra. Que la gestión de este bien sea nacional o privado, no cambia el ecocidio que provoca, no resuelve el problema de la crisis energética, es ganancia para pocos y problemas para todos. Sin acceso a la información, sin democracia directa y vinculante y sin la planificación de los trabajadores y quienes viven en los territorios: EL LITIO NO SE TOCA.
Valor de uso o valor de cambio. Como es sabido la extracción de litio tiene múltiples fines, pero la demanda irracional del último periodo tiene como destino la industria de automóviles eléctricos que son consumidos principalmente por la Unión Europea, EEUU y China, potencias que tejen todo tipo de estrategias para apropiarse de litio: los TLC, acuerdos bilaterales y hasta el ingreso de tropas del Comando Norteamericano Sur disfrazados de “investigadores”. A diferencia de las alternativas del transporte público eficiente, con planes de movilidad al centro del trabajo, con la reorganización de los horarios laborales y la limitación del uso individual, la electromovilidad es una falsa solución a la crisis climática que solo beneficia a las economías más contaminantes del planeta y reproduce un mismo modo de consumo artificial. En este marco, el debate en torno al valor de uso social que pueda tener el litio queda absolutamente postergado. No podemos legitimar posturas que se disfrazan de “agregar valor”, a los mecanismos más destructivos y contaminantes. El capital y el Estado utilizan el discurso de la transición energética para confundir conscientemente el valor de uso social con el valor de cambio privado.
“No hay soluciones milagrosas, no nos va a salvar ni Vaca Muerta, ni el litio. Sí el trabajo, el desarrollo y la redistribución de los ingresos”. Este discurso es cierto pero lo que no dice la vicepresidenta es que desde la última dictadura la matriz productiva del país tiene una tendencia ascendente hacia la re-primarización económica. Ningún gobierno fue ajeno a esto, mucho menos el de Néstor y Cristina, quienes ampliaron aún más la frontera sojera, dieron luz verde a Barrick Gold en la cordillera y firmaron el acuerdo secreto con Chevron en un remate de la soberanía nacional. Para realizar lo que Cristina propone, hay que hacer el camino inverso al que tomó. Abandonar la matriz neocolonial agro-minera-petrolera exportadora atacando el capital financiero que convierte nuestros bienes comunes en commodities y mutando hacia la industrialización con el desarrollo del ferrocarril, construyendo un sistema de transporte público, colectivo y limpio y un plan de viviendas y reurbanización social. Orientar la producción hacia las necesidades sociales y no las del capital. Poniendo al trabajador y las comunidades en el centro. Ni el precio extraordinario del litio nos salvará si la economía sigue atada a los designios del FMI y a una clase política antiobrera, ecocida, patriarcal y racista.
¿Nacionalizar el extractivismo? La propuesta del presidente chileno, que reivindica Cristina, no es la nacionalización total, sino prever asociaciones estatales con empresas privadas para la exploración y producción. Codelco será la empresa estatal encargada de negociar la participación estatal en los contratos con las dos empresas que extraen el litio en el Salar de Atacama: SQM (contrato hasta 2030) y Albermale (2043). Las mismas tienen contratos de arrendamiento de las tierras con CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), institución que administra el Litio. La pregunta del millón es…¿Con quién fue debatida la Estrategia Nacional del Litio? A las comunidades aledañas a los salares no se las convocó a nada. Sin embargo, sobran las reuniones del progresista Boric con los lobistas de las corporaciones de electromovilidad, interesados en expandir la explotación del litio. La lógica de participación en Argentina no es distinta, la democracia es una ficción cuando se trata de garantizar derechos básicos. Los pueblos se encuentran en completa desigualdad con las corporaciones. Alberto hace poco volvió a insistir con la zonificación minera en Chubut, en Añelo (Neuquén) se llevó adelante una audiencia pública sin público, ilegal e ilegítima para llevar adelante sin licencia social el Oleoducto y Puerto petrolero en el Golfo San Matías, también en nombre de la soberanía y transición. En la Puna los estudios de impacto ambiental son vergonzosos, el Acuerdo Escazú del que tantas olas hace el gobierno es ficción absoluta, ni información, ni participación, ni protección a ningún defensor de los territorios. El litio no se debe tocar en Argentina, ni en formato estatal, ni mixto ni privado. Primero, que se respete el derecho a decidir de los pueblos que enfrentan estos proyectos que amenazan sus formas de vida. Segundo, invocamos el principio precautorio y la ley general de ambiente con consulta popular vinculante. Tercero, que se abra un debate plurinacional en lugares de trabajo, universidades, colegios y terciarios sobre la transición post fósil para debatir y definir la necesidad de planificar la economía para producir menos, mejor y crecer en calidad de vida; para sustituir este régimen de propiedad por uno social, acabar con la obsolescencia programada… En fin, hablamos de cuestionarlo todo para revolucionar toda la estructura económica, social y el Estado, por uno obrero, ecosocialista y de las mayorías.