En enero de 2024 el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y decretó una “guerra contra grupos terroristas”, que en ese entonces eran los grupos ligados al “crimen organizado internacional”: “He ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares neutralizar a esos grupos”, dijo, e identificó a más de 20 grupos[1]. Este discurso, de cara a una sociedad atemorizada por el incremento de la violencia y por las evidencias de infiltración del narconegocio en las fuerzas armadas, en la policía y en jueces y fiscales, le permitió subir su respaldo entre la población. Además, apropiándose de la polarización contra el progresismo y desarrollando una política electoral clientelar, consiguió triunfar en las elecciones de 2025 frente a la candidata del correísmo.
Mientras tanto, a fines de 2024 firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en la cual ofreció profundizar la implementación del modelo neoliberal y reforzar el extractivismo –y lo ha cumplido.
Por otro lado, desde el comienzo de su nuevo mandato, en mayo de 2025, ha promulgado varios acuerdos, decretos y leyes, algunas de ellas recubiertas tramposamente por la figura de “proyectos económicos urgentes” que buscan dar cobertura jurídica al modelo económico y al cambio de régimen político.
La promulgación de nuevos estados de emergencia ha acompañado este devenir, así como el incremento de 3 puntos en el IVA, argumentando que esos recursos se dedicarían a financiar el “conflicto armado interno”. No obstante, los propios datos oficiales muestran que la violencia, lejos de controlarse, se ha incrementado.
Pero, si se analizan las nuevas leyes, se puede observar una modificación sustancial. Hasta el inicio de su segundo mandato, mantenía más o menos inalterable su discurso, y lo mismo se repetía en los considerandos y justificaciones de leyes como la ley de seguridad (aprobada en junio de 2025). El mismo mes, apenas unos días más tarde, se aprobó la llamada “Ley de Solidaridad Nacional”, que todavía decía centrarse en la lucha contra los “grupos de de delincuencia organizada”, pero, a partir de allí. el énfasis varió considerablemente.
Las leyes no apuntan contra el “crimen organizado”
La “Ley Orgánica de Integridad Pública”, que data de la última semana de junio, se justifica en la lucha contra la corrupción, pero apunta sobre todo a generar los mecanismos administrativos que viabilizan el despido de trabajadores públicos, para precarizar los nuevos empleos en el sector público y los contratos eventuales y para limitar aún más las posibilidades de organización de los trabajadores del Estado.
La “Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia” y su reglamento, aprobados también durante esos apresurados primeros días del mes de junio, ya casi ni mencionan al “crimen organizado”, que solo aparece en un artículo. Por el contrario, se asegura que las amenazas contra el Estado varían constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos en los ámbitos políticos, sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, criminales y estructurales del Estado”[2].
Más adelante, los artículos 36 y 37 indican que las “actividades de inteligencia y contrainteligencia: están orientadas a “detectar organizaciones, redes, grupos o personas que constituyan una amenaza o riesgo a la seguridad integral del Estado” o “a las operaciones de inteligencia”. Organizaciones, redes, grupos, términos que no suelen utilizarse para referirse al narcotráfico, sino a los espacios organizativos de los sectores populares. Más todavía cuando se aclara que estos actores son “agentes no estatales”, sin ninguna otra aclaración.
La ley y su reglamento facultan al “ente rector” de las actividades de inteligencia y contrainteligencia a que realice seguimientos y espionaje a los dirigentes sociales y que infiltre las organizaciones. También puede interceptar comunicaciones sin orden judicial y monitorear reuniones.
Por fin, el Acuerdo 082 del ministerio del Trabajo se escuda en una aparente intención de posibilitar el “ejercicio del derecho de libertad y autonomía sindical”, pero, en realidad, su objetivo central es atacar a las organizaciones sindicales. Establece que un trabajador solo puede ser dirigente de su organización si continúa laborando en relación de dependencia. Con esto, al contrario de lo que establece la legislación vigente, basta que los empresarios, públicos o privados, despidan a los dirigentes para que la organización quede descabezada. Pero esta disposición también atenta contra las centrales sindicales, porque en el Ecuador, desde el propio inicio del movimiento sindical, muchas organizaciones que están afiliadas a las centrales no están formadas por trabajadores asalariados, sino por pequeños comerciantes, campesinos o pobladores de barrios populares.
El ataque del gobierno y de los empresarios contra los trabajadores y los pueblos indígenas
Pero las leyes y acuerdos que hemos mencionado no vienen solas, ni el accionar del gobierno se queda reducido al ámbito legislativo ni actúa solo: lo hace en consonancia con los grandes empresarios. En estos últimos meses organizaciones sindicales han denunciado que en empresas públicas y privadas se ha desatado una ola de despidos, muchos de ellos contra dirigentes y trabajadores sindicalizados.
Pero no es algo nuevo: desde la pandemia de COVID 19, con la mal llamada “Ley de apoyo humanitario”, se establecieron medidas que atacaban la estabilidad de los trabajadores, permitían la reducción de ingresos y atentaban contra la sindicalización y la contratación colectiva. Esos han sido y siguen siendo los puntos centrales del programa real de los gremios empresariales y de las derechas.
También los pueblos indígenas y comunidades campesinas han denunciado el constante acoso que sufren por parte de las empresas mineras y del gobierno de Noboa, solícito defensor de los intereses de los grandes capitales. El eje del conflicto se encuentra acá en el extractivismo.
Durante este gobierno, como en los gobiernos anteriores, las concesiones petroleras y mineras se continúan otorgando en territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas; o, por el contrario, cerca de las fuentes agua que alimentan varias redes fluviales que llevan el agua tanto a zonas agrícolas como a las ciudades. Recientemente han afectado principalmente a las provincias de Bolívar y de Azuay, donde se han producido luchas y movilizaciones sociales.
El gobierno de Noboa ha hecho causa común con las empresas mineras y petroleras, enviando tropas policiales y militares a zonas de conflicto para desalojar las protestas. Más aún, hace pocos días el presidente ha extendido el estado de excepción a la provincia de Bolívar[3].
Un episodio más vino a mostrar cómo la ley de inteligencia funciona en la práctica. El Movimiento Indígena de Cotopaxi denunció días atrás que policías encubiertos habían atentado contra la vida de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie. Los policías fueron detenidos por la comunidad, y, en el juicio entablado ante la asamblea comunitaria, reconocieron que estaban realizando un seguimiento a Iza; los chats de sus teléfonos celulares mostraron que el espionaje y la infiltración se están realizando en contra de varias de las principales organizaciones populares. “Dirigentes de la FEUE, FUT, UNE, partido Socialista y otros serían víctimas de espionaje por parte del gobierno”, dice una nota periodística[4].
En efecto, el gobierno dice hacer la guerra contra los “grupos de delincuencia organizada” pero, en realidad, apunta en contra de los movimientos populares, sobre todo contra los indígenas y los trabajadores, mientras nos convertimos en uno de los países más violentos del mundo.
Por Mario Unda
[1] https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gy2zz03dpo.
[2] Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia, artículo 5.
[3] https://www.primicias.ec/seguridad/presidente-noboa-estado-excepcion-cantones-bolivar-cotopaxi-103357/.
[4] https://www.radiopichincha.com/dirigentes-victimas-espionaje-gobierno/?fbclid=IwdGRzaAMcRlRjbGNrAxxF_GV4dG4DYWVtAjExAAEeZtLtuRbqspt4JcFdicQaeXvCEOicRcQab1cut-gXTCCWlmJXRyIbHFjU7CE_aem_4mu_mAiG4d-zB1jz0pqawg&sfnsn=wa.
