El ataque contra los trabajadores que impulsa el gobierno libertario acaba de recibir un duro golpe en el terreno judicial. En las últimas horas, un juez del fuero laboral hizo lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y ordenó la suspensión provisoria de más de 80 modificaciones regresivas introducidas por la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Esta resolución frena de manera inmediata la aplicación de un enorme paquete de medidas anti obreras que el oficialismo logró aprobar en el Congreso a comienzos de marzo. Con este nuevo dictamen, ya suman al menos cinco los fallos judiciales que bloquean distintos aspectos de esta legislación esclavista.
El titular del juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, determinó que existen indicios sumamente graves de inconstitucionalidad en la norma y advirtió sobre el riesgo inminente de provocar daños irreparables si la ley entra en plena vigencia. El magistrado ordenó la suspensión de 82 artículos que atacan directamente conquistas históricas de la clase obrera argentina.
Entre los puntos paralizados se destaca el freno a la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un perverso sistema diseñado para eliminar las indemnizaciones y abaratar los despidos injustificados. También quedaron en suspenso las graves limitaciones impuestas al derecho a huelga y la eliminación del principio de interpretación legal a favor del trabajador.
El fallo judicial también desarma la trampa para legalizar el fraude laboral en las plataformas digitales, donde el gobierno buscaba disfrazar a los repartidores de falsos independientes para quitarles cualquier tipo de protección. Se suspenden también los artículos que reducían los montos de indemnización al excluir pagos como el aguinaldo, así como las normas que favorecían la tercerización laboral y limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas. El juez, también bloqueó el intento de reducir el crédito horario para los delegados, la posibilidad de sancionar conductas gremiales y la habilitación patronal para fraccionar obligatoriamente las vacaciones y crear un “banco de horas” flexibilizador.
La medida cautelar regirá hasta que se resuelva definitivamente la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma en el marco de la acción colectiva iniciada por el triunvirato cegetista.
Un revés en el peor momento y los límites del camino judicial
Este freno judicial representa un importante revés político para el gobierno libertario, que había celebrado la aprobación de la reforma como su mayor victoria legislativa. Este duro golpe impacta en un momento complicado para el oficialismo, que se encuentra acorralado por el estallido de graves escándalos de corrupción en su núcleo más íntimo.
Mientras intentaban montar un enorme operativo de distracción para evitar que siga escalando el caso de los viajes de lujo y las propiedades no declaradas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscaban tapar la enorme repercusión de la criptoestafa $LIBRA que salpica directamente a los hermanos Milei, la Justicia les paralizó su principal herramienta de ataque y sometimiento contra la clase trabajadora.
Si bien la suspensión de estos artículos esclavistas significa un golpe para los planes del gobierno, sería un gravísimo error creer que esta reforma y el conjunto del plan motosierra podrán ser derrotados definitivamente en los tribunales. La CGT ha decidido moverse únicamente por el camino judicial, utilizando estos fallos como una excusa perfecta para mantener un escenario de inmovilización. Apoyarse únicamente en el accionar de la Justicia resulta una estrategia totalmente peligrosa y estéril, considerando que este poder del Estado está diseñado estructuralmente para defender los intereses del capital y siempre termina mostrando para qué lado juega cuando las cosas se complican.
A este gobierno hambreador y a todos sus paquetes de reformas precarizadoras se los derrota de una sola manera: en las calles. Las herramientas históricas de la clase trabajadora son la movilización y la huelga, exactamente lo contrario a lo que predica la burocracia de la CGT. Es fundamental seguir exigiendo la convocatoria a un paro general activo y organizar un plan de lucha con verdadera continuidad para torcerle definitivamente el brazo al ajuste libertario. Seguir por el camino de la pasividad y la judicialización solo le otorga al gobierno el oxígeno político que necesita desesperadamente para sobrevivir a sus propios escándalos de corrupción. Hay que apoyarse en la enorme fuerza que existe en la calle y en la bronca popular que crece día a día contra las políticas de hambre, tal como quedó demostrado en las masivas movilizaciones del pasado 24 de Marzo, para enfrentar y derrotar de una vez por todas a este gobierno de ajustadores, corruptos, represores y entreguistas.
