Foto. Marcos Sierras
La gestión de Milei recibió un nuevo revés en la Justicia que confirma que la política de maltrato hacia los sectores más vulnerables encuentra límites cuando la movilización se traduce en presión jurídica efectiva.
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, intimó al Estado nacional para que en un plazo perentorio de cinco días hábiles acredite avances concretos y verificables en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A diferencia de otras resoluciones, esta orden incluye la advertencia explícita de aplicar multas personales a los funcionarios responsables en caso de persistir en el incumplimiento de una norma que el Ejecutivo ha intentado bloquear sistemáticamente.
El fallo de González Charvay surge como respuesta a las maniobras dilatorias que el Ministerio de Salud y la ANDIS —hoy en proceso de disolución tras una gestión marcada por denuncias de corrupción— han desplegado desde la sanción de la ley.
La justicia fue clara al señalar que ya no se aceptarán escritos genéricos basados en supuestos análisis o proyectos de reglamentación que nunca se concretan. El juzgado exige ahora documentos reales que demuestren cómo se garantizan los derechos del colectivo. Además, estableció que la apelación presentada por el Gobierno no suspende la obligación de cumplir lo ordenado, ya que bajo la figura técnica del efecto devolutivo la ley debe aplicarse de inmediato mientras la Cámara revisa el fondo, quitándole al oficialismo su principal herramienta de desgaste.
Este escenario judicial es el resultado directo de una lucha incansable de un colectivo que supo enfrentar la violencia de un gobierno que los eligió como blanco de ajuste desde el primer día. Durante la primera mitad del año pasado, mientras la ANDIS funcionaba como un sistema de coimas institucionalizadas en lugar de proteger derechos, el sector logró la sanción de su Ley de Emergencia. El presidente Milei, fiel a su dogma de déficit cero sobre el hambre ajena, intentó vetar la normativa, pero la fuerza de la calle obligó al Congreso a voltear el veto presidencial en una jornada de derrota política para la Casa Rosada.
Incluso con la ley ratificada, el oficialismo no cesó en su intento de vaciarla de contenido. El último ataque se dio durante la discusión del Presupuesto 2026, donde el Ejecutivo pretendía dar de baja la emergencia mediante su derogación en el capítulo XI del proyecto presentado en Diputados. Sin embargo, la presión constante de los familiares y prestadores impidió que este recorte se consolidara, forzando al Gobierno a mantener la vigencia de una norma que hoy la Justicia le ordena ejecutar sin más excusas.
Los puntos que el Estado debe acreditar ahora son vitales para la supervivencia del sistema, incluyendo la actualización de aranceles desde enero de 2025 y la apertura de moratorias impositivas a través de ARCA para las instituciones que están al borde de la quiebra.
Organización y calle contra el ajuste
La resolución judicial fija el 4 de febrero de 2026 como la fecha límite absoluta para que la ley se encuentre operativa en su totalidad. Para ese momento, el sistema debe funcionar con su decreto reglamentario publicado y los pagos habilitados. Este golpe que sufre el Gobierno demuestra que el ajuste no es un destino inevitable cuando los sectores afectados logran romper el aislamiento y coordinar sus reclamos, logrando torcerle el brazo a la motosierra libertaria incluso en los ámbitos más conservadores del Estado.
La movilización del colectivo de discapacidad es un factor importante que supera sus propias reivindicaciones. La capacidad de este sector para defender su ley frente a los vetos y las trampas presupuestarias ofrece una lección fundamental para todo el pueblo trabajador. Mientras el Gobierno nacional se encuentra negociando para tratar la reforma laboral esclavista, este ejemplo enseña que la única garantía de éxito frente a la voracidad patronal es la organización independiente y la permanencia en las calles. Si este colectivo pudo frenar el desguace de sus derechos, los trabajadores, acá tienen un espejo donde mirarse para enfrentar los ataques que se vienen contra los convenios colectivos.
El ultimátum judicial es una bocanada de aire para miles de familias y prestadores que ya no pueden sostener su actividad bajo el desfinanciamiento del gobierno. La exigencia de que el 4 de febrero todo el sistema esté en marcha es un recordatorio de que los derechos conquistados no se negocian en despachos cerrados, sino que se defienden en la calle. El camino trazado por el sector de la discapacidad o, como lo fue el de los trabajadores del Garrahan, son las hojas de ruta necesarias para enfrentar este programa de miseria con unidad en la acción y la convicción de que solo la lucha transforma un atropello en una victoria colectiva.
