Milei y su gobierno se preparan para protagonizar una semana que puede resultar decisiva para el futuro inmediato del país, con la firme intensión de convertir el Congreso en una escribanía exprés que convalide, rápidamente y antes de los brindis de fin de año, los ejes centrales de su plan de miseria.
Frente a la urgencia impresa en las exigencias de quienes sostienen al gobierno, la Casa Rosada busca desplegar una ofensiva legislativa relámpago para aprovechar el envión de su victoria parlamentaria. Con un objetivo brutal, la Cámara de Diputados busca obtener la media sanción de un paquete de leyes estructurales que incluye el presupuesto 2026 de déficit cero, el curro de la Ley de inocencia Fiscal y la modificación regresiva y contaminante de la Ley de Glaciares. Todo esto, mientras en el Senado se acelera el tratamiento de la reforma laboral, configurando un escenario de ataque integral y simultaneo a los derechos de los trabajadores, los jubilados y la soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales.
Para concretar este atropello, el oficialismo se apoya en una reconfiguración de fuerzas que ha otorgado una mayoría, constituida sobre la base de la traición y el transfuguismo político. La bancada de La Libertad Avanza, que ahora ostenta 95 escaños propios gracias a la absorción de facto de legisladores del PRO y de sectores del radicalismo, cuenta con el valioso apoyo de los bloques aliados. Acá juegan un rol nefasto los diputados que responden directamente a los gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, los cuales decidieron canjear los votos de sus legisladores por promesas de fondos discrecionales y la reactivación de alguna que otra obra pública en sus provincias. Este toma y daca a cielo abierto demuestra que el peronismo en su actual fase de descomposición y crisis interna, ha decidido ser el garante de la gobernabilidad del ajuste, renunciando a cualquier pretensión de defensa de los intereses de los trabajadores.
Con las comisiones clave bajo el control libertario, como la de Presupuesto y Hacienda que seguirá presidida por Alberto Bertie Benegas Lynch, la estrategia diseñada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, es dictaminar entre lunes y martes para llevar los proyecto al reciento el miércoles 17 de diciembre. La celeridad, es una respuesta al temor de que el malestar social, que se cocina a base de inflación y despidos, termine de estallar y complique los planes de un gobierno que necesita mostrar éxitos legislativos ante el FMI y los inversores financieros que siguen mirando con desconfianza la economía argentina.
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El triángulo del saqueo: Presupuesto, impunidad y extractivismo
El proyecto de Presupuesto 2026 es la columna vertebral de todo este andamiaje de entrega y ajuste. El texto presentado por el Ejecutivo es la formalización legal de un ajuste perpetuo. Bajo el cuento del déficit cero, el presupuesto convalida los recortes brutales que ya se están ejecutando en áreas sensibles como salud, educación, ciencia y tecnología. La versión de la Ley de leyes para el 2026 se trata de un dibujo contable diseñado exclusivamente para garantizar el superávit necesario para el pago de los intereses de deuda externa fraudulenta, a costa de la licuación de las jubilaciones y el congelamiento de los salarios estatales. La aprobación de esta ley significa otorgarle a Milei la facultad de seguir desfinanciando el Estado y transfiriendo recursos de los sectores más vulnerables hacia los acreedores internacionales y al capital financiero, consolidando un modelo de país para pocos donde la asistencia social es vista como un gasto a eliminar.
En paralelo al presupuesto, se impulsa la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Detrás de ese nombre de fantasía, se esconde un nuevo blanqueo de capitales encubierto y un perdón masivo a los evasores. La iniciativa propone elevar sustancialmente los montos mínimos a partir de los cuales se considera delito la evasión tributaria, pasando de 1,5 millones a 100 millones de pesos para la evasión simple, y crea un régimen simplificado que permite regularizar activos no declarados sin mayores penalidades. Una lógica perversa de este gobierno, ya que, mientras se persigue al monotributista o al pequeño comerciante, se da lugar a la impunidad para los grandes fugadores de divisas y se premia a quienes especularon contra el peso y ocultaron sus grandes patrimonios en guaridas fiscales. Bajo la excusa de atraer los dólares del colchón, el gobierno diseña políticas a medida de los delincuentes de guante blanco, algo que a su vez debilita la capacidad recaudatoria del Estado sobre los sectores más ricos y cargando el peso del ajuste sobre el consumo popular mediante impuestos regresivos.
El tercer pilar de este paquete legislativo es quizás el que tendrá consecuencias más irreversibles a largo plazo: la modificación de la Ley de Glaciares. Esta ofensiva contra la normativa ambiental vigente no responde a criterios técnicos ni científicos, sino a la demanda explícita de las corporaciones mineras y de los gobernadores cordilleranos aliados al oficialismo. El objetivo es recortar la zona de protección periglacial para habilitar el avance de la megaminería en áreas donde hoy está prohibida, entregando las reservas estratégicas de agua dulce a las multinacionales extractivistas. En un contexto de crisis climática global, el gobierno de Milei decide entregar el futuro de las cuencas hídricas y la biodiversidad en función de conseguir algo a cambio de la exportación de commodities sin valor agregado. Esto es la representación más voraz de un modelo de saqueo y reprimarización de la economía, donde los territorios son considerados zonas de sacrificio para la ganancia empresarial, sin importar el impacto en las comunidades locales ni la destrucción de los ecosistemas.
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La reforma laboral y la respuesta en la calle
Mientras la Cámara de Diputados acelera con estas leyes económicas, el Senado se convierte en otro escenario de batalla. Allí, bajo la conducción de Patricia Bullrich, el oficialismo busca darle un tratamiento exprés a la reforma laboral firmada por el presidente la semana pasada. La intención es lograr un dictamen de comisión en tiempo récord para llevar el proyecto al reciento antes de fin de año, aprovechando la mayoría circunstancial que pueden construir con los bloques dialogusitas. Este proyecto, que el gobierno vende como una modernización, es en realidad un intento de retrotraer las condiciones de trabajo casi que al Siglo XIX. Mediante la eliminación de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, la legalización del fraude laboral vía monotributo y la limitación del derecho a huelga, se busca disciplinar a la clase trabajadora y aumentar la tasa de explotación para recomponer la rentabilidad empresarial.
Este ataque simultaneo en ambos frentes legislativos demuestra la violencia del capital concentrado por liquidar las conquistas históricas de la clase trabajadora argentina. No se trata de medidas aisladas, sino de un plan de guerra integral que busca reestructurar la sociedad e beneficio de una minoría parasitaria. La crisis económica del gobierno, marcada por la recesión, la caída del consumo y la dificultad para acumular reservas, actúa como un acelerador de estas políticas: necesitan garantizarles a los dueños del país que el ajuste es irreversible y que las condiciones para el saqueo están dadas legalmente.
Frente a este escenario de entrega absoluta y casi de retroceso civilizatorio, la respuesta no puede ser la resignación ni la confianza a las maniobras institucionales de una oposición peronista que ha demostrado ser cómplice por acción u omisión. La convocatoria de la CGT a movilizar el próximo 18 de diciembre a Plaza de Mayo, aunque tardía, insuficiente y sin paro general, abre una grieta por donde puede colarse la bronca popular. Sin embargo, no podemos ser furgón de cola de una burocracia sindical que negocia prebendas a espalada de sus bases y que utiliza la movilización solo para descomprimir y sentarse a la mesa de discusión. Es imposible frenar el ajuste si solo nos atenemos a cuestiones institucionales de este régimen y a realizar marchas protocolares, a este gobierno solo se le gana con acción directa y contundente de las masas, como fue demostrado con el triunfo de los trabajadores del Garrahan.
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Entonces, frente a esto se vuelve fundamental la tarea de inundar la Plaza de Mayo este jueves, obviamente que bajo una política propia. Dentro de una columna independiente donde se conjuguen el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo, los trabajadores del Garrahan junto a otros sectores en lucha como los jubilados, las asambleas barriales y los movimientos sociales, para plantear una voz disidente que no se subordine a los intereses de la burocracia sindical. Debemos exigirle a la CGT y a las CTA que rompan la tregua de una vez por todas y convoquen a un paro nacional activo y a un plan de lucha serio y escalonado hasta derrotar todo el paquete de leyes de Milei.
La salida no es negociar los términos del ajuste como pretende hacerlo la cúpula del PJ al hablar de modernización laboral con un proyecto propio de reforma, sino enfrentarlo con la movilización masiva en las calles. Desde el MST proponemos un programa de emergencia que parta del desconocimiento soberano de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y la defensa irrestricta de los derechos laborales y ambientales. Solo así lograremos que la crisis la paguen los que la generaron, los grandes empresarios y sus socios políticos, y no el pueblo trabajador que hoy ve amenazado su presente y su futuro.
