Cinco futbolistas denunciaron en 2021 al director técnico de las Selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17, Diego Guacci por acoso y abuso sexual. La FIFA cerró el expediente sin sanción, la AFA administró el escándalo con silencio y el caso volvió a mostrar cómo el formato patriarcal busca la impunidad y proteger al acusado. No es falta de pruebas: es un sistema que decide a quién creerle. Por primera vez hablan las denunciantes públicamente de las denuncias que quisieron tapar.
La impunidad al palo
Los testimonios revelan violencia sexual, hostigamiento y abuso de poder en clubes y selecciones. La causa expone una trama estructural: precarización, dependencia, falta de protocolos reales y dirigencias que siguen mirando para otro lado.
La noticia no termina con un fallo. Termina, otra vez, con una impunidad cuidadosamente administrada. La investigación de la FIFA contra Diego Guacci, exdirector técnico de las selecciones juveniles femeninas de la Argentina, quedó cerrada sin sanción, pese a la denuncia colectiva presentada por cinco futbolistas en 2021 por acoso y abuso sexual.
Lo que se cierra no es solo un expediente: se clausura, una vez más, la posibilidad de que el fútbol femenino tenga una respuesta institucional a la altura de las violencias que lo atraviesan.
La violencia estructural y las complicidades que la sostienen
Las jugadoras —entre ellas Aldana Cometti, Gabriela Garton, Luana Muñoz y Camila Gómez Ares— relataron ante la FIFA una serie de episodios que dan cuenta de un patrón de violencia ejercido desde un lugar de autoridad. No se trató de un exceso aislado ni de una frase fuera de lugar. Los testimonios describen comentarios sexuales, preguntas invasivas sobre su vida íntima, referencias despectivas sobre la orientación sexual y situaciones de hostigamiento sostenido. Por primera vez durante esta semana hicieron publica su denuncia y contaron algunas de las frases que utilizaba su exdirector, “¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas?”, recordó Garton sobre una frase atribuida a Guacci. Otra futbolista contó que le pidió fotos íntimas y le dijo: “Vos me ponés así”. Luana Muñoz relató que, con apenas 15 años, fue sometida a preguntas sobre su sexualidad en un contexto de total asimetría con su entrenador.
Lo que está en juego aquí no es solamente la conducta de un entrenador. Es el modo en que el sistema deportivo argentino y sus organismos internacionales organizan la desprotección. La denuncia se presentó ante la FIFA con el acompañamiento de FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas, porque las propias jugadoras entendieron que en la AFA no existían garantías para una investigación seria. Y no se equivocaron. La respuesta de la casa madre del fútbol argentino fue el clásico gesto de la complicidad institucional: apartó a Guacci de su cargo mientras duraba la investigación, pero no construyó mecanismos visibles de cuidado, no transparentó responsabilidades y se limitó a desentenderse públicamente de lo ocurrido. En otras palabras, cuidó su imagen antes que a las futbolistas.
La FIFA, por su parte, dejó una postal perfecta de la justicia patriarcal. Su propia Cámara de Investigación encontró incumplimientos del código disciplinario y de ética en los cinco casos y recomendó sancionar al acusado. Pero la Sala de Adjudicación dio un giro que huele a manual de impunidad: tomó el informe, llamó a audiencia solo a Guacci y no convocó a las denunciantes. Luego cerró el caso alegando que las pruebas no eran suficientes para corroborar los hechos. El mismo documento, sin embargo, aclaró que ese cierre no debía entenderse como una afirmación de que los hechos no ocurrieron. Traducido al idioma real: no alcanza con que las mujeres hablen, ni con que documenten, ni con que se animen a denunciar; todavía se las somete al régimen imposible de la prueba perfecta, ese que casi nunca se exige cuando el señalado es un varón con poder.
El problema no solo es buscar sanción en el ámbito administrativo interno o en la justicia. Es estructural. Las mujeres en el deporte siguen expuestas a abusos porque el fútbol femenino todavía está organizado desde la precariedad. Muchas jugadoras dependen de entrenadores, coordinadores y dirigentes para acceder a minutos, convocatorias, contratos o incluso a una mínima visibilidad. Esa dependencia se agrava cuando son jóvenes, cuando están lejos de sus familias, cuando todavía construyen su carrera y cuando el club o la selección aparecen como únicos espacios posibles de ascenso. En ese terreno, el abuso de poder no es una excepción: es una forma de dominación facilitada por la estructura misma.
Por eso el caso Guacci no puede leerse como una rareza individual. La violencia sexual y el hostigamiento sobreviven porque todavía hay clubes que no tienen protocolos efectivos, áreas de género con recursos reales ni canales de denuncia seguros, confidenciales y rápidos. Porque todavía hay dirigencias que improvisan comunicados ante la crisis, pero no diseñan políticas de prevención. Porque todavía priorizan “cuidar el prestigio”. Y porque, en demasiados ámbitos, la palabra de una jugadora sigue valiendo menos que la carrera de un entrenador.
La responsabilidad de los clubes es directa. No alcanza con apartar a un técnico cuando estalla el escándalo. Hay que prevenir, registrar, investigar y sancionar. Hace falta capacitación obligatoria, protocolos con perspectiva de género, equipos interdisciplinarios, seguimiento real y garantías para que denunciar no signifique quedar afuera del fútbol. Si un club forma, convoca y se beneficia con el trabajo de las futbolistas, también debe responder por su cuidado. No hay proyecto deportivo posible sobre cuerpos expuestos, violentados y voces silenciadas.
Una impunidad que hay que enfrentar
El cierre de esta causa deja además una señal brutal para las sobrevivientes: el sistema sigue funcionando para la impunidad del violento y no en búsqueda de justicia. No importa cuán graves sean los relatos, cuántos testimonios existan o cuánta solidaridad genere el caso. Si la estructura decide proteger al acusado, la denuncia se vuelve un costo que las mujeres pagan solas. Y eso también es violencia.
A cinco años de la presentación de la denuncia, lo que queda no es un “falta de pruebas” neutral. Lo que queda es una red de silencios, omisiones y decisiones institucionales que favorecen al agresor y revictimizan a quienes se animaron a hablar. La impunidad no es un accidente: es una política. Y en el fútbol femenino, todavía se juega con ese esquema.
Si el deporte quiere ser realmente de todas, entonces no puede seguir tolerando que la violencia sexual quede archivada entre tecnicismos, burocracia y complicidades. La pregunta ya no es qué hicieron las jugadoras para denunciar. La pregunta, la única urgente, es qué van a hacer ahora la AFA, la FIFA y los clubes para que esto no vuelva a pasar.
