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El pasado jueves, el gobierno avanzó con un decreto que eliminaba el 27 de junio como día no laborable para los trabajadores del Estado. Una decisión que no tardó en generar rechazo y que terminó con la intervención de la Justicia.
Otra provocación que quedó en suspenso
La Justicia laboral —en manos de la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3— dictó una medida cautelar que suspende provisoriamente el Decreto de Necesidad y Urgencia 430/2025. Este decreto publicado el 26 de junio en el Boletín Oficial eliminaba el feriado por el “Día del Trabajador del Estado” correspondiente al 27 de junio.
La suspensión fue solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que presentó un amparo al considerar que el decreto era inconstitucional y carecía de respaldo legal para eliminar un feriado establecido por la Ley 26.876 en 2013. La jueza entendió que el fuero laboral tenía competencia y que debía actuar con urgencia para prevenir un perjuicio irreparable.
Mientras no se resuelva el fondo del asunto, todos los trabajadores estatales conservarán el derecho a tener el 27 de junio como día no laborable. Algunos funcionarios han dejado correr una interpretación errónea para seguir hostigando a que sea día laborable, pero no: los efectos jurídicos del fallo aplican a todos los trabajadores estatales, esté afiliado al sindicato, se encuentre afiliado a otra organización o no esté sindicalizado.
Desde el gobierno, el vocero Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, criticaron la decisión judicial, calificándola de “privilegio sindical” y denunciando connivencia entre el sindicalismo y la Justicia.
Los trabajadores no son la casta
No sorprende que el gobierno vuelva a poner en la mira a los trabajadores del Estado. Desde el inicio de la gestión han sido el blanco de los ataques oficiales y hace tan solo unos días, Milei llegó a festejar públicamente “ser cruel con los empleados públicos” y Sturzenegger celebró haber alcanzado los 50.000 despidos como un logro.
El argumento oficial repite que se trata de “limpiar a los ñoquis” de gestiones anteriores y de ahorrar millones al Estado. Sin embargo, la realidad muestra que el ajuste impacta sobre áreas clave, debilitando la capacidad del Estado para prevenir y resolver problemas. Un ejemplo de ello es el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, que dificultó la previsión y la prevención de algunos eventos climáticos extremos que afectaron diversas regiones del país.
Es falso que el Estado funcione igual con menos trabajadores. Y es igual de falso el relato sobre los “ñoquis”: mientras despiden a trabajadoras y trabajadores con trayectoria intachable, los amigos y allegados al poder libertario avanzan sin explicación en puestos estratégicos. Entre ellos, el hermano del vocero presidencial. En este día, saludamos a las y los trabajadores estatales. La casta y el mayor gasto para el pueblo son el gobierno y sus funcionarios.