El plan económico ejecutado por el gobierno de Javier Milei suma una nueva maniobra financiera para comprometer el futuro de todos los trabajadores. Las autoridades del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron un paquete de avales por U$S 2.000 millones a favor de la Argentina. Todo este inmenso andamiaje de asistencia internacional tiene el objetivo encubierto de respaldar al Estado nacional para salir a pedir dinero fresco a los grandes bancos privados del exterior. En la práctica termina siendo otra herramienta más de sumisión que ata de manos al país y lo somete a las exigencias de los grandes centros financieros mundiales.
Para entender bien cómo nos están estafando, hace falta desarmar el negocio que acordó el ministro Luis Caputo. El mecanismo actúa básicamente como un seguro de rentabilidad extraordinaria para los especuladores internacionales. Al contar con el sello del Banco Mundial, la garantía cubrirá el 95% de los futuros pagos de una nueva deuda comercial que la Argentina deberá saldar en un plazo de 6 años y que cuenta con un período de gracia de 3 años.
Esta maniobra en su conjunto le permite a la gestión oficialista endeudarse bajo el aplauso de los acreedores privados y lograr de esa manera el repudiable regreso a los mercados voluntarios de crédito. Con esta arquitectura legal los grandes fondos de inversión se aseguran cobrar hasta el último centavo sin asumir ningún riesgo real, mientras que el peso de los desembolsos recaerá íntegramente sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Tomar deuda para financiar la fuga
El gobierno festeja junto a los analistas de la plaza financiera la reciente caída del riesgo país y prepara el terreno de forma acelerada para emitir nuevos bonos soberanos lo antes posible. Detrás de todo este optimismo desmedido de los mercados y de los aplausos del gran capital se oculta una receta que históricamente ha llevado al país hacia la ruina absoluta. El titular del palacio de Hacienda repite la nefasta estrategia de contraer compromisos millonarios con el único fin de poder pagar los abultados vencimientos de deuda que el Estado debe afrontar de manera inminente en moneda extranjera.
Los dólares que podrían ingresar a las arcas del Banco Central a partir de estos avales tienen un destino preestablecido por las altas esferas del poder. A este paquete ruinoso se le sumarían en el corto plazo los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Ningún centavo de toda esa inmensa masa de dinero será utilizado para recomponer los salarios de miseria de la clase trabajadora o para reactivar un aparato productivo paralizado por la actual crisis económica. Todos los fondos que se consigan mediante este respaldo institucional irán a parar directamente a los bolsillos de los buitres financieros para garantizar que la rueda de la especulación siga girando sin interrupciones a costa del hambre de las mayorías.
El ajuste del Fondo y la necesidad urgente de una salida soberana
Todo este esquema de dependencia económica trae aparejado un costo social devastador. Los organismos de crédito imponen sacrificios enormes a cambio de otorgar el visto bueno para que el país vuelva a endeudarse en el extranjero. El Fondo Monetario Internacional sigue muy de cerca estos movimientos y reclama avanzar de manera urgente con nuevas reformas estructurales que perjudican diariamente a las grandes mayorías. Los pedidos explícitos de mayores recortes sobre el sistema previsional y las exigencias de un esquema tributario regresivo buscan asegurar que los recursos nacionales se destinen a pagar una estafa originada exclusivamente en la fuga de capitales. Los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad se ven obligados a pagar los platos rotos de una fiesta financiera armada a la medida de los grandes banqueros.
La experiencia histórica de nuestro país deja en absoluta evidencia que encadenar la economía a los interminables ciclos de endeudamiento externo resulta destructivo para el conjunto de la sociedad. Quedarse en el mero reclamo de mejores tasas de interés o suplicar por plazos de gracia más extensos representa una trampa que perpetúa el atraso productivo y la pobreza estructural. Para frenar esta sangría económica incesante es imperioso tomar medidas de fondo que corten de raíz con las cadenas de la dependencia. El primer paso ineludible debe ser el desconocimiento soberano de todas las deudas ilegítimas que asfixian el futuro del país, acompañado de una ruptura total de las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional y las demás entidades usureras del exterior.
La protección de los recursos nacionales exige decisiones firmes y orientadas enteramente a favor de la clase productiva. Resulta imprescindible avanzar hacia la nacionalización de todo el sistema bancario y tomar el control estricto del comercio exterior bajo la gestión democrática de los propios trabajadores. La implementación urgente de este programa es la única vía posible para lograr que la riqueza generada con el esfuerzo diario deje de fugarse a los paraísos fiscales y comience a ser utilizada verdaderamente para satisfacer las necesidades habitacionales, educativas y sanitarias más urgentes de toda la población
