Mientras el Gobierno profundiza despidos, recortes y cierre de programas bajo la bandera del ajuste, Cancillería adjudicó un contrato a la esposa del ministro de Desregulación. La “austeridad” parece tener excepciones cuando se trata del círculo íntimo del poder.
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En nombre de la motosierra y el “achicamiento del Estado”, la gestión de Javier Milei avanzó durante meses con despidos masivos, paralización de políticas públicas y eliminación de organismos. Sin embargo, se vuelve a exponer la doble vara del ajuste: el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó un contrato para capacitaciones en inglés a María Josefina Rouillet, la esposa del ministro de Desregulación, sin licitación pública.
El dato no es menor. Federico Sturzenegger —arquitecto central del desguace estatal y de la poda de estructuras— quedó bajo la lupa luego de que trascendiera que su pareja fue contratada para brindar servicios a Cancillería. Recibiendo un contrato por un contrato por $114.044.133, para enseñarle inglés al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, mientras que uno de los requisitos para ingresar a un puesto en el ISEN, es, justamente, saber a la perfección el idioma. Todo ocurrió en el mismo Estado que, según el discurso oficial, estaba sobredimensionado y debía ser reducido sin contemplaciones.
Desde el Gobierno intentaron despegarse de la polémica asegurando que el procedimiento fue informado a los organismos de control y que se trató de una contratación “transparente”. Pero la ausencia de un concurso abierto y el vínculo directo con un funcionario clave del gabinete alimentan las sospechas de favoritismo. La austeridad y la motosierra, parece, no rige para todos por igual.
El contraste es evidente: mientras miles de trabajadores estatales fueron despedidos en nombre de la eficiencia y se recortan presupuestos en áreas sensibles como salud, educación y cultura, se habilitan contrataciones para personas cercanas al poder político. La “libertad” para el mercado convive con beneficios selectivos para el entorno gubernamental.
El episodio vuelve a poner en cuestión el relato oficial de transparencia y meritocracia. La motosierra se aplica con rigor sobre empleados públicos, jubilados y sectores populares, pero se detiene ante los despachos del círculo rojo libertario.
¿Quién paga el ajuste y quién queda a salvo? Mientras el Gobierno exige sacrificios al conjunto de la sociedad, los privilegios parecen seguir intactos en la cima del poder.
