Casi que como una ruptura con lo que venía sucediendo desde la vuelta de la democracia, y también a modo de provocación, el presidente designó al Teniente General Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa.
Este nombramiento, representa el regreso de un militar en actividad, a la cúpula del gobierno civil. Algo que no ocurría desde la última dictadura militar. La decisión, totalmente reaccionaria, se enmarca en la reconfiguración del gabinete que también incluye la llegada de Alejandra Montoeoliva al ministerio de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich.
La presentación de Presti, por medio del comunicado oficial de la presidencia, justificó esta elección explicando que se busca “el fin de la demonización” de las Fuerzas Armadas, un discurso que se alinea perfectamente con la narrativa del gobierno sobre la necesidad de revalorizar a las instituciones militares.
Presti, de 59 años, egresó del Colegio Militar en 1987 y actualmente se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su carrera incluye haber sido director del Colegio Militar de la Nación, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y comandante de la IV Brigada Aerotransportada. Sin embargo, detrás de esta trayectoria formal se esconde una herencia siniestra que el flamante ministro nunca ha repudiado. Su padre, Carlos Roque Presti, fue un coronel de la dictadura genocida que murió impune a pesar de tener 44 cargos por crímenes de lesa humanidad.
La colocación de este militar en la dirección de un ministerio, coincide con las acciones realizadas por los representantes de Argentina en la ONU. El reaccionario de Alberto Baños, subsecretario de DDHH, quien entró al poder judicial en plena dictadura, terminó votando junto con los EEUU e Israel, en contra de la resolución por la prevención y eliminación de forma de tortura en las Naciones Unidas. Pero esta provocación, motivada por las peores ideas negacionistas no quedaron ahí, ya que la delegación encabezada por Baños, ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, atacó a los organismos de derechos humanos, relativizó el Terrrismo de Estado durante la dictadura y abogó por una “memoria completa”.
La combinación de estos episodios, casi en sintonía, son la muestra de que el gobierno de Milei busca recrudecer el autoritarismo de su gobierno y revivir la impunidad de la dictadura,
La herencia impune y el silencio cómplice
Carlos Roque Presti, no fue un militar cualquiera durante el terrorismo de Estado. Comandó el Regimiento de Infantería 7 de La Plata y estuvo al frente de la Policía Bonaerense, coordinando una red de centros clandestinos de detención que incluía La Cacha, Pozo de Arana y la Comisaría Quinta. Fue responsable directo del ataque en La Plata en noviembre de 1976, donde fueron asesinados militantes y fue secuestrada Clara Anahí Mariani Teruggi, de apenas tres meses de edad. Este genocida murió en 1993 sin haber pisado una cárcel, protegido por las leyes de impunidad.
Lo que resulta llamativo de esto, es que Calos Alberto Presti, a lo largo de toda su carrera y especialmente desde que alcanzó los altos mandos donde tenía libertad para expresarse, jamás condenó los crímenes de su padre ni los de la dictadura. Por el contrario, en una entrevista, afirmó que el Ejército está “orgulloso de su historia”, una frase de un significado nefasto, sobre todo viniendo de un hijo de un represor con decenas de desapariciones en su haber.
El proyecto político detrás del nombramiento
La designación de Presti no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un claro proyecto de revalorización de las Fuerzas Armadas que viene impulsando el gobierno de Milei. El comunicado oficial habla de “inaugurar una tradición” de ministros militares, lo que evidencia una intención de normalizar lo que hasta acá era una línea roja en la democracia. Este acercamiento se venía gestando desde hace meses, con visitas de los hermanos Milei a los regimientos militares y un discurso constante sobre la necesidad de terminar con lo que ellos llaman la “demonización” de las fuerzas.
Este nombramiento también refleja la sintonía del gobierno con los interese geopolíticos de Estados Unidos. Presti se ha manifestado a favor de ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses, mostrando una clara alineación con la política exterior norteamericana, que poco tiene que ver con la defensa soberana de los intereses nacionales que juran defender los militares.
Otra cuestión más que significativa, en relación a esta designación, es el apoyo que recibió desde distintos signos políticos, incluyendo a César Milani, quien fuera jefe del Ejército durante el gobierno kirchnerista. Milani consideró que nombrar a un militar en Defensa “es una decisión que el peronismo debió tomar hace décadas“, demostrando que cuando se trata de avalar el poder castrense, existen puentes transversales entre sectores supuestamente antagónicos.
La llegada de un militar al ministerio de Defensa en un contexto de profundización del ajuste económico no es inocente. Responde a la necesidad del gobierno de contar con un aparato represivo cohesionado y legitimado para enfrentar el descontento social que se puede traducir en protestas y movilizaciones. Todo esto, es la materialización de un proyecto que apunta a profundizar el carácter autoritario y represivo de este régimen, al mismo tiempo que busca borrar cuatro décadas de luchas por memoria, Verdad y Justicia, pretendiendo normalizar la presencia militar en esta democracia, hoy ya bastante limitada.
Frente a esta ofensiva reaccionaria, solo la movilización y la organización pueden defender las conquistas democráticas y evitar que los fantasmas de la dictadura vuelvan a cercenar estas conquistas.
