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El gobierno de Javier Milei decidió un nuevo ajuste contra los sectores más golpeados por la crisis. Al avanzar con el plan de la ministra Sandra Pettovello de Capital (in)Humano, en abril darían de baja a 937.132 programas correspondientes al Volver al Trabajo.
Ya se viene sufriendo la quita de los alimentos que dejó de entregar este ministerio y ahora quieren dejar sin su único ingreso fijo a cientos de miles de familias que perciben apenas $ 78.000 mensuales, un monto congelado desde diciembre de 2023. Ese ingreso ya es absolutamente insuficiente, pero su eliminación arrojaría a la intemperie social a quienes sobreviven sin empleo, con changas o trabajo informal ocasional (si se lo actualizara por el 280.4% de inflación desde que asumió este gobierno, su monto sería de $ 300 mil mensuales).
Detrás de esta medida está el vencimiento de los 24 meses fijados por el Artículo 6° del Anexo I de la Resolución 84/2024, con los Lineamientos generales y operativos del programa Volver Al Trabajo. Por lo que se limitaron a informar con crudeza: “en abril recibirás la última asignación mensual”.
En lugar de prorrogar automáticamente esta asistencia social -imprescindible para subsistir en medio de una crisis laboral creciente-, el gobierno plantea su finalización y “reemplazo” por otro verso: los llamados “vouchers de capacitación laboral”.
El anuncio no podía ser más cínico: la ministra Pettovello lo hizo público el mismo día que el INDEC reconoció el salto a una desocupación récord, la más alta desde la pandemia, que afecta a más de 1.7 millones de personas y pegó una suba enorme en la juventud, la más perjudicada al trepar al 16.8%. Lo que implica que en dos años hay casi 350.000 desocupados más que cuando Milei asumió (Clarín, 18/3).
Vouchers: otro anuncio trucho y una estafa para justificar el ajuste
Durante meses hicieron propaganda diciendo que reemplazarían ese ingreso que se recibía por una contraprestación laboral, para entregar unos voucher por unos cursos de capacitación administrados por empresas, sosteniendo el mismo monto de míseros $ 78.000 al mes. Según el relato libertario, eso permitiría mejorar la “empleabilidad” de quienes asistieran.
Pero a último momento cambiaron sin dar explicación y ahora informan que “la participación en capacitaciones no implicará el pago de sumas de dinero”. Es decir, capacitarse será puro gasto para quien está desempleado, un ahorro millonario para el gobierno y un negocio para empresarios explotadores.
Además, el anuncio partía de otra mentira: la gran mayoría de las y los desocupados ya tienen capacitación o experiencia laboral. Lo que falta no son cursos, lo que falta es trabajo. En un país donde crecen los despidos, hablar de “capacitar para conseguir empleo” resulta cínico. Desde que asumió Milei, cerraron 22.603 empresas y 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Con la industria, la construcción y el comercio en una fuerte caída.
En ese contexto, ningún voucher puede crear trabajo. Solo buscan eliminar el ingreso que hoy reciben cientos de miles de familias y transferir recursos a las empresas que ofrecen capacitaciones sin dar empleo.
El verdadero objetivo: ajustar más para pagar la deuda
El discurso oficial lo deja en claro: el objetivo es “ahorrar” recursos fiscales. Es decir, ajustar a los más pobres para seguir pagando el curro de la deuda… Repiten que “no hay plata”, pero Milei pagó U$S 4.382 millones en enero a los bonistas buitres y en febrero, U$S 832 millones al FMI. Ambos pagos suman U$S 5.214 millones, con lo que se podían construir 100.000 viviendas populares (equivalente a construir desde cero los municipios de Ituzaingó y Ensenada) y crear ¡medio millón de puestos de trabajo genuino!
El gobierno se jacta también de tener “superávit” y Pettovello dice priorizar el gasto social, pero ajustan a los más vulnerados y garantizan esa deuda “eterna”, cuando la única deuda a saldar es la social: solo con los U$S 805 millones que pagarán en mayo al FMI, se podrían prorrogar por un año los 937.000 programas Volver al Trabajo y les “sobra” para aumentar 30% su monto.
A su vez, no solo perjudican a quienes dejen de cobrar, sino que van a generar un enorme perjuicio social a la población, por los miles de millones menos al mes que dejarían de volcarse al consumo en las provincias y municipios; en alimentos o compras en comercios de barrio, supermercados, tiendas, farmacias; en garrafas, en pagar la luz o el transporte para ir a la escuela o a hacer una changa.
Casta, privilegios y coimas conviven con el ajuste feroz
Mientras recorta a quienes más lo necesitan, mantiene los privilegios de la casta: un senador cobra $ 11 millones mensuales, lo que implica que en dos horas gana lo mismo que una persona desocupada recibe en todo un mes.
Su hipocresía salta también en los escándalos de corrupción: Adorni usa plata “de la tuya” para viajes personales, Milei se patina 5.200 dólares por noche en hoteles de elite en sus viajes (son $ 7.4 millones la noche). Y surgen cada vez más pruebas de las estafas y coimas millonarias de Karina y el presidente con #Libra.
Dicen combatir el gasto público, pero nombran a hermanos, esposas, sobrinos, hijos o hijas a quienes les “descubren” 700.000 dólares en su departamento en una torre de lujo. O roban fortunas con los sobreprecios en anteojos del PAMI, en medicamentos o discapacidad.
En ese marco quieren eliminar estos programas, en medio de una ola de despidos y cierre de fuentes de trabajo. Cada nuevo despedido se encontraría así con una situación dramática:
- despidos facilitados por la reforma laboral esclavista,
- inexistencia de un seguro de desempleo real,
- y la eliminación de los programas sociales que hoy funcionan como una mínima red de sostén.
Es decir, una política deliberada de desprotección social. Es que no tienen un modelo que desarrolle la producción ni les interesa generar industrias ni empleo. Solo bancan el extractivismo, al petróleo, las finanzas y servicios, los únicos que “ganan” aunque no generen trabajo.
Por eso es fundamental exigir que se prorrogue el Decreto 198/2024, hasta que se revierta la actual destrucción de empleo. En una crisis laboral profunda, el Estado debe ampliar la asistencia, no eliminarla.
Plan de acción unitario para frenar el recorte
Ante este ataque, es clave organizarse en cada provincia y municipio para exigir la continuidad de este programa. Los gobernadores e intendentes deben pronunciarse y reclamar al gobierno nacional que mantenga y amplíe el Volver al Trabajo. Además, prever cómo van a cubrir esa asistencia si se cae. En particular en provincias como la de Buenos Aires, que concentra el 46% de estos programas del país, con cientos de miles de familias que lo necesitan para intentar subsistir.
Por eso, el jueves 19 en la CTA Autónoma, nos reunimos medio centenar de representantes de las organizaciones sociales, como Territorios en Lucha que integramos con el MST Teresa Vive, la UTEP, el Polo y el Frente de Lucha Piquetero, más el Frente Barrial de la CTA de Trabajadores. Ahí declaramos el estado de alerta y movilización para visibilizar este ataque y convocar a la comunidad a defender una conquista arrancada con años de lucha.
Para ello haremos una Conferencia de Prensa en la Secretaría de Trabajo (sede Alem), a las 11 h del jueves 26 con la Junta Interna de ATE-Trabajo. Vamos a impulsar asambleas y anunciar dos jornadas nacionales de lucha. A su vez, estamos organizando la presentación de un Amparo judicial para frenar este ataque.
Nuestra propuesta de emergencia y una salida de fondo
Desde el Movimiento Teresa Vive y el MST en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a movilizar masivamente el 24 de marzo a Plaza de Mayo y a cada plaza del país para enfrentar a este gobierno hambreador, represor y negacionista, a 50 años del golpe militar genocida. Y planteamos un camino opuesto al de Milei, el FMI y sus cómplices:
- Prórroga inmediata del Decreto 198/2024 y continuidad de los programas sociales.
- Aumento del monto de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social hasta el valor de la canasta básica, con actualización automática por inflación.
- Aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales.
- Reapertura de las inscripciones a estos programas para quienes no reciben ningún ingreso.
- Que se garanticen nuevos ingresos al Acompañamiento Social, como se estableció hace meses y garantizar el pase a este programa de quienes ya cumplieron 50 años o más.
- Creación de un verdadero seguro al desempleo durante la crisis.
- Masivo Plan de Primer Empleo Joven, con salarios dignos y sin precarización.
- Declarar la Emergencia Laboral para crear 2 millones de puestos de trabajo con el proyecto de ley que presentamos en el Congreso (ver y descargar acá).
- Plan nacional de obras públicas y viviendas populares para generar trabajo genuino.
- Reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo existente, manteniendo el salario.
- Impuestos a las grandes fortunas y suspensión del pago de la deuda para destinarlo a empleo y asistencia social.
Frente a este ajuste, la respuesta debe ser más organización, más lucha y una alternativa política propia de las y los trabajadores, la izquierda y los sectores populares. Sólo así podremos frenar este nuevo ataque contra quienes venimos soportando lo peor de la crisis.
