En la misma publicación del Boletín Oficial en la que salió el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, el gobierno oficializó el decreto 780 con la firma de Milei y de Francos que busca limitar el acceso a la información pública. El gobierno de “la libertad” no dará libre acceso, y con numerosas restricciones intenta poner bozal sobre la información pública.
Cada vez menos libertad, cada vez menos transparencia
El decreto 780 da reglamentación a una serie de artículos y leyes que determinan el acceso a la información pública. En especial la ley 27.275. Uno de los argumentos que utiliza es que no todo lo que se hable de un funcionario es público. El decreto limita el concepto de “información pública”, al excluir toda información que contenga datos de “naturaleza privada”.
Marcando una diferencia arbitraria entre “información pública”, y “datos de naturaleza privada”. “Excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica” dice textualmente el decreto en su artículo 2.
Con eso, lo que hizo el gobierno que se autodenomina “liberal”, fue limitar la libertad de la ciudadanía para preguntar sobre cuestiones de interés público.
¿El presidente come papas fritas?
“Si el Presidente come papas fritas, tiene perros o usa soquetes nada tiene que ver con su rol institucional”, dicen en el oficialismo y añaden que “había problemas porque el caudal de preguntas, con o sin sentido, era tal que ni siquiera se podía llegar a responder”.
“Cualquiera podía preguntar cualquier cosa”, se quejan en Balcarce 50 y subrayan que “estábamos todo el tiempo respondiendo consultas sin sentido”. Efectivamente el oficialismo intento explicar frente a las muchas voces que se levantaron en el Congreso que por un lado solo esta reglamentando una ley que estaba sin reglamentar y por el otro argumenta que estaba cansado de responder preguntas que tilda de “sin sentido ” porque no hacen a la gestión pública.
Por supuesto que todos argumentos bastante flojos. Las cuestiones que ellos determinan privadas pueden tener que ver con la gestión. Si Conan y los perros de Milei comen caviar con nuestro dinero, o se pagan viajes, espectáculos, eventos privados con fondos públicos hace a la gestión. Si Milei en su vida privada comete delitos hace a la gestión.
Si bien se enuncia que las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la información pública no pueden ser aplicadas en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. No se mencionan ni corrupción, ni delitos comunes. Por lo que protege la impunidad de la casta para que sus “privilegios” continúen y no se pueda hablar de ellos. El gobierno de Milei le brinda a la casta toda la institucionalidad para que nada perturbe su vida. Lejos esta la motosierra que venía a terminar con los privilegios y corrupción. Más claro queda que nuestro presidente es un ex niño que sufrió bulling y no quiere hablar de los temas que lo incomodan. Como así también que pretende un manto sobre ámbitos non santos de su “vida privada” .
Además el artículo cuatro del decreto firmado por Milei y Francos, se eliminó la última definición y se convirtió en reservada toda la información pública vinculada a defensa o política exterior, lo que ya no solo restringe la información sobre lo que ellos consideran privado, sino sobre temas de mucho interés.
Lo cierto es que después de mucho tiempo se vuelve con un formato que había terminado en nuestro país. Ahora el gobierno te determina sobre que se puede preguntar y sobre que no. No hay libre acceso a la información pública. Inédito en un gobierno que dice que su bandera es “la libertad”. Quizá es la libertad para ellos hacer lo que quieran.
¿Abuso de derecho o restricción de los derechos?
Además pretender perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de la “mala fe”, entre otras cuestiones. El Gobierno legisla por decreto para restringir el acceso a la información pública y allí establece la figura del “abuso de derecho” previsto por el artículo diez del Código Civil para las personas que intenten ejercer el derecho de acceso a la información pública y que, según el gobierno, lo hayan realizado de mala fe.
Eso quiere decir que, a su arbitrio, los sujetos obligados (funcionarios/magistrados) pueden rechazar las solicitudes y denunciar y procesar, perseguir a las personas judicialmente para obtener el pago de una indemnización por actuar de ‘mala fe’.
Es evidente que en sintonía con restringir la libertad de expresión se pretende también bloquear el libre acceso a la información pública , mientras se habilitan ciber patrullas para indagar sobre la vida de particulares. Los funcionarios tendrán impunidad y los ciudadanos no tendremos privacidad. El gobierno de la libertad es el mas autoritario en los términos constitucionales. Otro paso más en un intento de cambio de régimen que se va consolidando.
Desde los espacios independientes y combativos seguiremos luchando por la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública y a su difusión. Elementos claves para resguardar otros derechos.