El gobierno ha vuelto a demostrar que su plan económico se asienta en el ajuste violento contra los trabajadores. Ante el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, donde la Secretaría de Trabajo actúa como una escribanía de las patronales, el Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral mediante la Resolución 9/2025.
A través de este decreto, se estableció un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que condena a millones de trabajadores a la indigencia hasta mediados del 2026. Directamente, lo decretado por Milei, es una burla que busca legalizar salarios de hambre, mientras la inflación, a pesar del discurso oficialista, sigue escalando, consolidando la transferencia de ingresos más brutal de las últimas décadas desde los bolsillos de los trabajadores hasta las arcas del capital concentrado.
La medida que fue oficializada en el Boletín Oficial, fija un cronograma de actualizaciones mensuales que arrancan en noviembre de 2025 y se extienden hasta agosto de 2026. Sin embargo, cuando contrastamos estos montos con la realidad material de la vida en Argentina, queda a la vista de todos que esto es una estafa. El salario mínimo para noviembre se fijó en $326.400. Para poner en perspectiva la gravedad de esta cifra basta con observar los datos de la Canasta Básica Total (CBT), que hoy se ubica en $1.213.799. Es decir, el gobierno decreta que el sueldo mínimo legal en la Argentina alcanza para cubrir un 27% de lo que una familia necesita para no ser pobre. Estamos ante la oficialización de la pobreza laboral: trabajar jornadas completas para seguir siendo indigente.
Esta brecha se vuelve más abismal si se toma como referencia los cálculos realizados por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-INDEC, quienes realizan una medición sobre las necesidades reales de un hogar. Según su último relevamiento de septiembre[i], un trabajador necesitaba $1.979.769 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo, compuesta por una pareja y dos hijos. De ese total, casi 700.000 pesos son necesarios solo para comer. El salario de Milei, de $328.400, no cubre ni si quiera la mitad de la canasta básica alimentaria calculada por los técnicos del INDEC. Esto significa que el gobierno, con la firma de sus funcionarios, está condenando a los trabajadores que perciben este ingreso, y a los que lo usan como referencia en la informalidad, a no poder garantizar el plato de comida en sus mesas.
El esquema de aumentos escalonados que presenta el gobierno, es una trampa diseñada para perder contra la inflación mes a mes. Los incrementos son tan marginales que, en términos reales, representan una caída continua del poder adquisitivo. El cronograma impuesto es el siguiente:
| Mes y Año | Monto |
| Noviembre 2025 | $328.400 |
| Diciembre 2025 | $334.800 |
| Enero 2026 | $341.000 |
| Febrero 2026 | $346.800 |
| Marzo 2026 | $352.400 |
| Abril 2026 | $357.800 |
| Mayo 2026 | $363.000 |
| Junio 2026 | $367.800 |
| Julio 2026 | $372.400 |
| Agosto 2026 | $376.600 |
Es indignante observar que recién en agosto de 2026 el salario mínimo llegará a $376.600, una cifra que seguirá siendo irrisoria frente a una inflación acumulada que devorará cualquier mejora nominal. Además, esta resolución ata la suerte de los desocupados a esta misma miseria, ya que la prestación por desempleo quedará ligada a estos valores, garantizando que quien pierda su trabajo caiga automáticamente en la desesperación económica sin una red de contención real por parte del Estado.
Frente a este ataque directo a las condiciones de vida, la respuesta de la conducción de la CGT ha sido, una vez más, testimonial y funcional al gobierno. Si bien la central obrera salió a rechazar públicamente el decreto calificándolo de “insuficiente” y “desconectado de la realidad“, sus palabras carecen de peso si no van acompañadas de acciones.
El triunvirato que conduce la CGT, recientemente renovado en sus cargos, mantiene intacta su estrategia de inmovilización. Se limitan a emitir comunicados de prensa indignados mientras dejan pasar el ajuste más feroz de la historia. No se les puede tener ni un gramo de confianza a estos dirigentes que, en las vísperas del tratamiento de una reforma laboral regresiva en el Congreso, se niegan a convocar a un paro general o a un plan de lucha serio. Su pasividad es la garantía de gobernabilidad que Milei necesita para imponer estos salarios de hambre.
La situación es crítica y no admite salidas intermedias ni maquillajes. Es urgente levantar un programa de emergencia que parta de la realidad de las familias trabajadoras y no de las planillas de Excel del FMI y el Ministerio de Economía. Hay que exigir un aumento inmediato de salarios y jubilaciones que iguale el costo real de la canasta familiar, tal como lo calcula la Junta Interna de ATE INDEC, llevando el mínimo a casi 2 millones de pesos. Además, para evitar que la inflación siga robando nuestros ingresos, es fundamental la implementación de una cláusula gatillo mensual que indexe los salarios automáticamente según el índice de precios al consumidor.
Estas demandas, elementales para la supervivencia, no serán otorgadas felizmente por un gobierno que celebra el superávit fiscal sobre el hambre del pueblo, ni serán conseguidas por una dirigencia sindical traidora que duerme la siesta mientras nos pasan la motosierra. La única forma de imponer una recomposición salarial real y frenar el plan de Milei es organizándose desde abajo en cada lugar de trabajo, en cada asamblea barrial y estudiantil, para construir un gran plan de lucha nacional que derrote el ajuste en las calles.
[i] https://drive.google.com/file/d/1VBPNXTzJg0LVdk55zDg9fuuCspex_LIr/view?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnqmve7j-BF19d58VqoZ-pGl70jOPpDM0aE8a5yE-L0zrl-RW-0IXRuw5fW-o_aem_X5ocV9Y50lGmjsAx1a5gQg&brid=aeM_tljE_JMEYoRp0FawgA
