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La última semana en el AMBA se produjo un apagón masivo de energía eléctrica que llegó a afectar a más de 600.000 usuarios titulares del servicio, lo cual posiblemente abarcó a más de 2 millones de personas. El contexto fue además el de una ola infernal de calor con una sensación térmica cercana a los 45°. En muchas escuelas fueron suspendidas las clases, se interrumpieron servicios de trenes y subte, además del servicio de Internet, semáforos, etc. Todo se transformó en un verdadero caos insoportable. La Ciudad de Buenos Aires, el Sur y el Oeste del Conurbano fueron las zonas más afectadas. En ellas las encargadas del servicio son las empresas EDESUR y EDELAP. Estas apenas emitieron algún escueto comunicado diciendo que “por una falla salieron de servicio dos líneas”. Eso fue todo.
No es la primera vez que sucede y desde ya, en el marco de la actual matriz privatizada de la energía eléctrica junto con los efectos del cambio climático, lamentablemente no va a ser la última.
Ante este panorama, se escucharon voces de representantes del gobierno de Milei, de Macri, del peronismo, de ex-funcionarios del área de energía, periodistas, opinologos e influencers. Fue el tema de las últimas 48 h en la agenda nacional. Pero, lo que llama poderosamente la atención es que en todos los casos se soslayó la causa estructural del apagón masivo: el esquema de concesión privada del servicio de energía establecido en la década de 1990 y no revertido desde su raíz por ninguno de los sucesivos gobiernos hasta ahora:
- Lógicamente, el gobierno actual dice “el Estado no tiene nada que ver, ni explicaciones para dar: son las empresas las que tienen que hacerse cargo”. Sin embargo, los tarifazos de más del 400 % desde que Milei asumió hasta ahora los fijó el muy presente Estado Nacional.
- Están también las voces de presuntos especialistas en el tema energético, la mayoría de los cuales razonan diciendo que lo que hace falta es inversión y que lamentablemente ni los gobiernos anteriores ni el actual aseguraron eso. Reconocen que el colapso se produjo por falta de infraestructura y mantenimiento pero razonan que los sucesivos gobiernos deberían haber conseguido más inversión privada externa. Vuelven una y otra vez a repetir que las tarifas se ajustaron razonablemente pero que hasta que no haya estabilidad macroeconómica es muy difícil que el capital privado invierta ya que durante muchos años el negocio no fue rentable. Solo en los primeros 10 meses del gobierno de Milei EDESUR declaró ganancias netas por 60 mil millones de pesos y EDENOR por más de 230 mil millones de pesos. Aún así, con casi 15 meses de gobierno libertario y tarifas totalmente liberadas, igual hubo apagón masivo.
- Las voces desde el peronismo hacen “bandera” con las tarifas que se pagaban bajo su gestión y las comparan con los valores actuales. Sin embargo, también con ellos hubo apagones enormes en varias oportunidades. Ninguno se salva.
Desde voces progresistas en los medios e incluso del entorno del kirchnerismo se dice que indudablemente las tarifas que se pagaban eran irrisorias, que no tenía punto de comparación en el AMBA con el Interior del país, que los valores en otros países siempre fueron otros, que ese supuesto excesivo populismo está en la base del problema del servicio, la falta de inversión y todo lo demás. La superficialidad en unos casos y la derechización interesada en otros es directamente impactante.
Lo que nadie dice es que la causa fundamental de todos los problemas radica en el esquema privatizado desde 1991 del servicio energético. Desde entonces, la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) fue vendida sin deudas (las asumió el Estado) y fue dividida en siete unidades de negocios o empresas distintas entre la generación, el transporte y la distribución de la electricidad. Desde entonces, el servicio empeoró siempre y nunca ningún gobierno lo revirtió. Desde entonces, concesionarias privadas gestionan la actividad con criterio empresarial liso y llano: aumentar rentabilidad y hacer toda la ganancia posible. La energía eléctrica dejó de ser en concreto un derecho humano fundamental y se transformó en un bien de mercado. Hasta el 2001 los tarifazos fueron recurrentes. Después del estallido social de diciembre con epicentro en el AMBA las privatizadas fueron uno de los blancos más directos del odio popular motivo por el cual el peronismo a partir de 2003 tomó una decisión: usar recursos del Estado de ese período de ingresos fiscales superavitarios para pactar con las empresas un esquema en el cual le subsidiaban la ganancia a tasas enormes (equivalentes a la de un mercado desregulado) a cambio de congelar o casi las tarifas a usuarios. Esa medida destinada a contener en parte la bronca popular no incluyó ninguna exigencia especial a los concesionarios de modernizar la infraestructura o hacer mantenimiento. Mucho menos se revisaron los asientos contables o se exigió el pago de los cánones atrasados. Simplemente se coexistió con el esquema privatizado subsidiando la ganancia empresaria para impedir el traslado a precios de consumo. Esto no significa que no haya habido aumentos en el período posterior: los hubo, e importantes. Pero funcionaba esa lógica: no tocar el negocio empresario y usar recursos públicos para comprar tranquilidad relativa por un período. Es decir: empresas mas ricas con servicios más caros y cada vez peores.
Ahora, con la decisión de liberar tarifas, recortar subsidios para usar esa plata para financiar el carry trade y pagar deuda al FMI, en medio de eventos climáticos extremos típicos del fenómeno del calentamiento global (que el terraplanismo medieval libertario niega) todo se complica. Sin embargo, la salida no hay que buscarla en la cuadratura del círculo. Es bastante más lógica y simple.
Primero, hay que decir que desde el 2001 en adelante se desaprovechó una oportunidad extraordinaria para tomar medidas de fondo y suprimir el verdadero factor distorsivo de todo este circuito: la ganancia privada empresaria. Si toda la tonelada de subsidios que aseguraron rentabilidad empresaria sin contraprestación alguna hubieran ido a infraestructura, modernización y mantenimiento, la energía eléctrica no sería un problema para el país.
Segundo, el agua potable como la salud, la educación, el transporte y la energía son derechos sociales elementales. Por eso, no pueden ser negocio privado. Hay que recuperar ese sentido básico de encarar el problema.
Tercero, para asegurar un servicio eficiente, accesible y suficiente lo que hay que erradicar es la ganancia privada como factor ordenador basada en las privatizaciones de la década de 1991. Las tarifas a precio accesible según una escala móvil de ingresos tienen que ser destinadas de forma integral a la mejora y sostén permanente del servicio. Es totalmente falso que no alcance para eso: lo que no alcanza es la ganancia extraordinaria de los empresarios concesionarios de EDESUR, EDENOR, EDELAP y todas las privatizadas. Sin ellos, sobraría plata con tarifas accesibles a toda la población trabajadores.
Por lo tanto, las medidas que se requieren de forma urgente son las siguientes:
- Declarar la Emergencia Energética. Derogar la Ley 24061 de privatización del servicio eléctrico. Estatizar sin indemnización todo el circuito del servicio incluyendo todas las tercerizadas del sector.
- Establecer una empresa única del AMBA con un esquema de gestión estatal basado en comités integrados por trabajadores, profesionales técnicos y usuarios para una administración socialmente controlada que evite corrupción y discrecionalidad, y a la vez asegure eficiencia y accesibilidad.
- Reducción inmediata de tarifas y establecimiento de una verdadera tarifa social con movilidad según los ingresos del usuario asegurando la universalidad del acceso en todos los casos.
- Destinar el 25 % de todos los ingresos de la empresa estatizada a investigar y preparar las condiciones para una transición energética de las fuentes generadoras hacia una matriz limpia, renovable y diversificada (solar, eólica y mareomotriz).
En esta caso tomamos el ejemplo de la energía eléctrica, pero de conjunto todos los servicios públicos privatizados adolecen de la misma lógica y por lo tanto deben ser estatizados y puestos a funcionar bajo control social de trabajadores y usuarios. Ni burocracia estatal y sindical corrupta, ni mercantilización de los derechos sociales.
Porque al final, hay que decirlo: son las privatizadas, estúpido.
Dirección Nacional del MST – Frente de Izquierda Unidad