El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se aprestan a aprobar en el Congreso Nacional una reforma previsional que implicará un nuevo golpe para millones de jubilados.
El eje de la reforma previsional consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones. La modificación se debe a que asistimos a un nuevo salto de los precios en el país. Según la encuesta del Banco Central, la inflación del 2021 alcanzaría el 51.8%. El propósito es que los aumentos que reciban los jubilados estén por debajo del costo de vida.
La nueva fórmula establecerá un índice de actualización que contempla la recaudación impositiva de la ANSES y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y por responsabilidad del gobierno y las patronales las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una nueva rebaja de las jubilaciones.
Además, la recaudación de la ANSES crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales.
Si hubiese un ciclo de crecimiento económico (hoy estamos en una profunda recesión), el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación de la ANSES. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.
Otro agravante de la nueva fórmula es que los aumentos pasarán a ser semestrales en vez de trimestrales. Así, las jubilaciones van perdiendo frente a la inflación mes a mes, sin recuperar esa pérdida en el nuevo aumento semestral.
Esta reforma previsional va en la línea de la primera medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández en el mes de diciembre del 2019. Allí decidió suspender la vigencia de la movilidad que había aprobado Macri y pasar a aumentos por decreto, ya que de lo contrario todas y todos los jubilados hubieran recibido en 2020 un 42% de aumento basado en la inflación del año anterior. Fernández lo hizo no para aumentar las jubilaciones sino para reducirlas. Los números son elocuentes: con la suspensión de la movilidad a los jubilados le robaron entre 7 y 18% de sus haberes.
En la ofensiva contra los jubilados no hay ninguna “grieta”, es una verdadera cuestión de Estado para todos los gobiernos y partidos patronales. Si la fórmula vigente permitiese que los jubilados recuperen algo frente a la inflación, se encargan de cambiarla por otra que haga que sigan perdiendo. Pronosticando que la inflación iba a caer, en 2017 Macri también modificó el índice de movilidad para reducir las jubilaciones, además dejando fuera del cálculo un trimestre entero. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre con el apoyo del sindicalismo combativo y la izquierda. En los cuatro años del macrismo los jubilados perdieron alrededor del 20 por ciento de sus haberes en términos reales.
En la actualidad la reforma previsional es uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y la laboral, que ya las patronales están imponiendo de hecho en acuerdo con la burocracia sindical.
El ataque a las jubilaciones es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial a través del cual aplican un fuerte ajuste a los jubilados de hoy y a los que vendrán en adelante, por lo tanto es un ataque al conjunto de la clase obrera. En Francia han habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.
El gobierno nacional del Frente de Todos, al igual que los Bolsonaro y los Macrón, justifica el ataque a los jubilados en nombre de que el “sistema previsional no es viable”. Sin embargo oculta la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la ANSES.
Contrariamente a lo que afirma el gobierno, no son los jubilados los que viven del Estado, sino que es el Estado conducido por todos los gobiernos patronales hasta ahora (sean peronistas, la UCR o el PRO) el que ha vaciado una y otra vez las cajas jubilatorias para usarlas para pagar la deuda externa o subsidiar a los capitalistas. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la ANSES para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.
Aunque el macrismo anunció que rechazará la reforma previsional, lo hace desde la defensa de la fórmula aprobada en el 2017 que también llevó a un fuerte ajuste y a la reducción de las jubilaciones. Lo cierto es que tanto con la fórmula del peronismo-kirchnerismo como con la del macrismo los jubilados vieron y verán una y otra vez retroceder su nivel de vida. La realidad es que tanto en el gobierno del Frente de Todos como antes en el de Juntos Por el Cambio se siguen los dictados del FMI y se ajustan las jubilaciones. Ahora, con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5,5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.
El Frente de Izquierda-Unidad rechaza la reforma previsional y llama a rechazarla en las calles y en el Congreso. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años, y establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan de viviendas populares y obras públicas basado en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ninguna movilidad tiene que dar como resultado un ingreso inferior a la índice de precios. ¡No al nuevo robo jubilatorio! ¡Plata para las jubiladas y jubilados, no para la deuda usurera y el FMI!
El Frente de Izquierda-Unidad plantea que todos los sindicatos y la CGT tienen la obligación de rechazar este engendro reaccionario pactado con el FMI y convocar un paro nacional y el inicio de un plan de lucha para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo.
El Frente de Izquierda-Unidad convoca a todas las organizaciones populares a realizar una gran movilización frente al Congreso para defender a los jubilados y rechazar la reforma previsional del FMI.
