Si bien siempre existieron las denuncias sin pruebas, con el gobierno de Milei, y todo su discurso de odio, anti derechos y anti feminista, y la publicidad de determinados casos excepcionales, se intenta avanzar con el proyecto de la senadora Losada, para endurecer las penas, por supuestas falsas denuncias, en realidad para legislar e imposibilitar aún más el acceso a la justicia de las mujeres. Las falsas denuncias siempre existieron, pero no llegan a ser el 1 % de las denuncias totales, el “yo sí te creo” solo es el aval para una investigación que debe garantizar su profundidad, teniendo en cuenta el principio de inocencia, pero con el compromiso de llegar a la verdad. Con la premisa que la violencia de género no existe, y que en realidad violencia sufrimos “todos”, desconocen el patriarcado y sus implicancias reales. El ajuste sobre políticas públicas contra la violencia de género es sistemático, y hoy genera más casos con menos abordaje posible.
¿Las falsas denuncias o la negación de la violencia machista?
Es evidente que el proyecto en cuestión intenta avanzar en la disputa ideológica, negando la existencia de la violencia machista y patriarcal, restringiendo aún más el acceso a la justicia de las mujeres, y partiendo de premisas falsas. El proyecto que pretende “atender a las víctimas de denuncias falsas”, carece de datos concretos que respalden la existencia de un aumento significativo en las denuncias falsas, exceptuando la palabra de los hombres ante la Justicia.
Utilizando los datos del Observatorio de Falsas Denuncias, que es parte de la Fundación Ayudar y Crecer, y que registró 507 casos entre el 27 de julio y la fecha actual. Pero estos son reportes de personas que afirman haber sido denunciadas injustamente: el 44% por violencia de género, el 38% por abuso sexual infantil, el 25% por impedimento de contacto y el 20% por violencia intrafamiliar. Sin embargo, el propio Observatorio aclara que estos casos no han sido corroborados por la Justicia, por lo que se basan exclusivamente en las declaraciones de los denunciados.
La mayoría de los abogados de organismos que atienden estas causas, afirman que no se han identificado que las denuncias falsas sean un fenómeno significativo o recurrente. Es más, son casos excepcionales; lo que sí hay algunos casos con faltas de prueba. Esos casos no son falsos, sino que no se ha podido recabar la documentación necesaria. Si se ve la utilización de la victimización por parte del varón, diciendo que ha sido denunciado falsamente.
Este proyecto no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del sistema patriarcal para resistir los avances en derechos de mujeres y niñeces. Lo que enfrentamos no es solo una legislación cuestionable, sino un intento de reconfigurar el acceso a la justicia desde una perspectiva que privilegia la protección de los agresores, enmascarados bajo la narrativa de las ‘falsas denuncias’
La letra chica del proyecto de Losada
La iniciativa propone modificar el Código Penal para endurecer sanciones de 1 a 3 años de prisión para quienes denuncien falsamente un delito, y de 3 a 6 años cuando la acusación falsa involucre delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños, niñas y adolescentes. Según quienes defienden este proyecto afirman: “Es una forma de proteger a todos: atender a las verdaderas víctimas de estos delitos y de evitar que vuelvan a existir casos de personas cuya vida se destruyó por acusaciones falsas”,
En algunos medios la senadora afirmó: “las falsas denuncias arruinan la vida de los afectados y sus familias, además de deslegitimar las historias reales de mujeres que sufrieron violencia”, pero paralelamente también admite que “no hay cifras oficiales” que cuantifiquen estos casos en la Justicia. No obstante, argumenta que se trata de un fenómeno “en crecimiento”, basándose en los testimonios de varones que argumentan eso en la justicia, se amparan en el famoso SAP inexistente, y aun con pruebas exigen no ser condenados.
El propio Cuneo Libarona, señaló que “Se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente”, “hermana te creo”, “te vamos a acompañar, tenés que denunciar”. “Y la mujer miente”. A renglón seguido el mediocre ministro alertó sobre los “efectos devastadores” que, según él, genera el abuso de las denuncias infundadas: “Personas que terminan en prisión por acusaciones falsas y llegan al suicidio; familias destruidas; separación inmediata e injustificada de padres e hijos; pérdida de reputación social, familiar y laboral, entre otros daños irreparables”.
Amparándose en algunos casos específicos y aislados, sin ningún dato científico, negando la violencia machista y patriarcal, y fundamentalmente negando las muertes y desastres que sí genera esta violencia, en familias enteras y niñeces, lo único que pretende este proyector es obstaculizar el acceso a la justicia y el amparo que esta institución debe dar a un flagelo ya comprobado. Lo que este proyecto enuncia en silencio es el odio a las mujeres, y disidencias, y el fortalecimiento de políticas machistas y patriarcales. Desde el feminismo repudiamos las falsas denuncias, si estas se comprueban, porque efectivamente, no solo generan dolor, sino que se pone en funcionamiento un andamiaje judicial al que muchas veces las mujeres no accedemos. Desdibuja nuestra lucha y nuestra pelea, esas causas son mínimas, pero no deberían existir.
Lo que dicen las cifras
Como sostiene el propio observatorio de falsas denuncias en nuestro país, las mismas no crecen y solo se contabilizan las declaraciones voluntarias de varones que argumentan eso, sin ningún testeo judicial al respecto. Mientras estas cifras por falsas denuncias, no superan el 1% en el resto del mundo.
Por ejemplo, según mediciones de la fiscalía general del Estado de España, en 2021 se presentaron “162.848 denuncias por delitos de violencia de género”; de ese total, en 41 casos (0,03%) se inició una causa por denuncia falsa, 16 de las cuales terminaron en un sobreseimiento y 1 fue archivada. Es decir, las denuncias falsas comprobadas no llegan a representar el 0,01%.
Es necesario diferenciar entre la “falsa denuncia” y la “falta de pruebas” y cuestionar si es imprescindible llegar a tener daños psíquicos para ser creída en la Justicia, ya que esto deshabilita la posibilidad de prevenir un daño. Las formas de violencia son muchas y no todas dejan las mismas secuelas. Por eso, comprobar la veracidad de las palabras de la parte querellante y de la defendida es una tarea compleja, especialmente en delitos que ocurren en contextos muy privados. Muchas veces las mujeres son aisladas, retenidas, sin posibilidad de documentar esa violencia. Ahora esta situación no es una falsa denuncia, no poder demostrarlo, dejará sin efecto la causa, y aun en estos casos son bajas las cifras. Y, por otro lado, “El principio de presunción de inocencia ya protege a los denunciados; no es necesario legislar más en ese sentido”,
En un contexto de creciente y evidenciada violencia de género y femicidios, la Justicia ha implementado progresivamente medidas preventivas como la exclusión del presunto agresor del hogar, prohibiciones de contacto con hijos e hijas, órdenes de restricción perimetral y botones antipánico. Siempre partiendo de un paradigma compartido la violencia machista y patriarcal es estructural a este sistema, no son casos individuales, ni excepcionales. La regla es que la mayoría de las denuncias son reales, y muchas veces fatales.
En Argentina, de cada 1.000 casos de abuso sexual, solo 100 son denunciados, y apenas uno llega a una condena judicial, según datos del Ministerio Público Fiscal difundidos por Amnistía Internacional y otras organizaciones.
UNICEF estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual en Argentina. A pesar de estas cifras alarmantes, el70% de esos abusos son intrafamiliares, “sólo el 2% de las denuncias por abuso sexual infantil llegan a una sentencia judicial para el agresor”, este es el verdadero flagelo que tenemos que atender.
Es importante señalar que “el Código Penal ya prevé sanciones por falsas denuncias en los artículos 245 (falsa denuncia) y 109 (calumnias e injurias)”. Por lo que se necesita una justicia que actúe con celeridad. Es necesario rechazar este proyecto que solo se enmarca y se entiende en el intento de destruir nuestros derechos conquistados. No lo permitiremos, este es un motivo más para unir estas peleas con las otras y dar una batalla cultural integral por la sociedad que deseamos y soñamos.
