La renuncia de la jueza Highton a la Corte Suprema y la reciente ley porteña según la cual la justicia local puede revisar sentencias del ámbito nacional reactivaron el debate sobre el sistema judicial actual y su vínculo con la casta política.
Elena Inés Highton de Nolasco fue la primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en democracia, en 2004, recomendada por el propio Alberto Fernández al entonces presidente Néstor Kirchner. Al cumplir 75 años la jueza presentó un amparo para seguir en el cargo, pasando por sobre la letra de la Constitución Nacional. Días atrás comunicó que dejará su cargo el 1º de noviembre.
Entre otros fallos en contra del pueblo trabajador, Highton votó a favor -junto con los jueces Rosatti y Rosenkrantz- de otorgar el beneficio del «2×1» a los genocidas de la última dictadura militar y de que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias, a diferencia de muchos trabajadores que sí lo pagan.
Al mismo tiempo, en la Legislatura porteña, el macrismo gobernante acaba de aprobar una ley escandalosa a la medida de los grandes empresarios, muchas de cuyas compañías tienen sede en la Capital, y que hasta podría beneficiar al propio Macri, imputado en varias causas. Ese engendro habilito al Poder Judicial porteño a revisar y rectificar fallos de la justicia nacional.
¿Por qué es importante resaltar ambos hechos? Porque mientras el Poder Judicial, como parte del Estado, siga siendo funcional a los intereses de los capitalistas, no importa demasiado quiénes lo integren. Menos aún con el actual formato indirecto de designación de los jueces y fiscales, que está íntegramente supeditado al poder político y sus transas a través de los Consejos de la Magistratura.
Hace falta entonces una profunda reforma judicial que democratice todo el sistema de administración de justicia para que los magistrados empiecen a defender los intereses del pueblo y no los de la clase empresarial y la casta política.
Un mamarracho antiobrero
El 30 de setiembre la Legislatura porteña votó una reforma de la Ley 402 de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, afín al macrismo y a los empresarios, que le permite a dicho tribunal acceder a revisar y modificar causas en las que interviene la justicia nacional. Es una reforma inconstitucional, PRO-patronal, antiobrera y contraria a los derechos humanos.
Actualmente las causas judiciales en materia civil, penal, laboral y otras que tienen su origen en la CABA tramitan ante la justicia nacional por ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capital federal(1). Por ello, aun dentro de este limitado régimen democrático burgués, se avasalla a la propia Constitución Nacional al insertar una instancia más de revisión a las ya existentes, además de atraerlas a la órbita «amarilla» porteña de la cual el TSJ es garante ya hace rato.
De aplicarse esta reforma permitiría, por ejemplo, que las causas penales por corrupción en las cuales miembros del PRO y el propio Mauricio Macri y su familia están investigados terminen siendo resueltas por esta corte porteña que acostumbra a dictar fallos regresivos y antipopulares. Para les trabajadores, implementar esta nueva ley sería negativo por dos razones clave:
La resolución final de las causas ya no la tendrían las cámaras laborales, que actúan como órgano de apelación y están especializadas en el derecho laboral. El derecho laboral se fundamenta en la protección de les trabajadores ante el poderío patronal. Pero si la revisión última de tales causas se deja en manos del TSJ porteño es muy probable que la balanza se incline hacia el lado de los poderosos, como lo viene demostrando dicho tribunal en sus regresivos fallos.
De agregarse una instancia más de revisión de las sentencias dictadas por la justicia laboral nacional se perpetuarían los juicios. Si éstos ya de por sí demoran 5 o 6 años, se perjudicaría claramente a les trabajadores al obligarles a esperar varios años más para recibir, en el mejor de los casos, una indemnización totalmente corroída por la inflación.
¿Cambiar algo para que nada cambie?
¿Cómo se cubre el cargo que deja Highton? «El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto»(2). Es decir, los mismos que eligen a los bancos por sobre los jubilados, y los mismos que votan leyes y presupuestos de ajuste, decidirán quién se incorpora a la Corte, situación nada democrática para un poder público. Son los mismos que deciden sobre nuestras vidas en base al ordenamiento jurídico actual -y a veces incluso contra él-, poseen cargos vitalicios, no pagan Ganancias y son casi inamovibles. ¿Acaso en un sistema político que se dice representativo y republicano se puede tolerar tal nivel de privilegios?
La Corte Suprema está lejos de tener sensibilidad ante las necesidades populares, con sus salarios exorbitantes, sus sentencias a la orden del establishment y sus jueces puestos a dedo como Rosatti y Rosenkrantz. Como los otros poderes, el judicial es ajeno a la realidad social.
Desde el Poder Ejecutivo declaran «será una mujer sí o sí», a tono con su retórica de género. Pero integrar a una mujer al máximo tribunal del país no resuelve los problemas que sufren las mujeres de a pie. Menos cuando el gobierno puso de jefe de gabinete al antiderechos Juan Manzur, que encima ya está operando para que la vacante la ocupe Claudia Sbdar, ¡oh casualidad!, actual presidenta de la Corte tucumana. Tampoco cambia nada sustancial aumentar el número de miembros, como propician algunos sectores del oficialismo.
La Corte, más allá de quién suceda a Highton, mantendrá su carácter de clase dominante, y su dependencia de los otros poderes que, mediante pactos y concesiones entre los distintos sectores políticos, la eligen para defender los intereses capitalistas.
En 2020 Alberto Fernández amagó con una reforma judicial y la derecha lo acusó de «defender a Cristina». A su vez ella se quejaba del lawfare, o sea de la utilización política de la justicia en contra de ella.
Nuestra propuesta
Tanto el proyecto de reforma de Alberto como el discurso de JxC son falsos. La reforma no contenía soluciones de fondo: no modificaba la elección de jueces y no buscaba independizar al Poder Judicial, sino sólo aparecer como una «lucha contra los poderosos». Y el discurso macrista no tenía sentido, ya que la reforma oficial era casi igual a la que pretendía Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.
Junto a luchar para derogar la reciente ley porteña, sólo desde el MST y el FIT Unidad proponemos una verdadera reforma judicial. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas. O sea que toda la sociedad participe y decida democráticamente, ya que los fallos afectan la vida de millones de personas. Los mandatos deben durar un período limitado y ser revocables en caso de mal desempeño. Y para todas las causas importantes hay que establecer los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Además, para terminar con la casta judicial, los jueces deben cobrar salarios iguales al promedio de un trabajador y derogar las jubilaciones de privilegio.
Así se pondría fin a la actual dependencia del poder político y la justicia por fin defendería los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.
- Art. 129, Constitución Nacional.
- Art. 99 inciso 4, Constitución Nacional.
Mariana Chiacchio y Nicolás Quiroz, abogades del CADHU-MST