Mediante la publicación del decreto 890/2025 en el Boletín Oficial, se oficializó la renuncia de Juan Alberto Pazo a la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el nombre de su reemplazante, Andrés Edgardo Vázquez. Un nuevo movimiento donde el gobierno muestra su capacidad de reciclar a personajes turbios y ponerlos en lugares estratégicos del aparato estatal.
Si bien la salida de Pazo, quien dice querer retornar al sector privados tras haber cumplido su rol en la implementación de medidas de simplificación tributaria, podría leerse como un movimiento más en el gabinete libertario, la verdadera noticia reside en el ascenso de quien hasta ayer conducía la Dirección General Impositiva (DGI). Vázquez, es un funcionario con más de tres décadas en el organismo que arrastra un historial judicial muy opaco, plagado de causas por evasión, enriquecimiento ilícito y vínculos con los sótanos de la inteligencia.
El flamante titular de ARCA llega al cargo máximo del ente recaudador con un prontuario no muy compatible con las funciones que dice cumplir este organismo. Investigaciones periodísticas[i] y judiciales han revelado que Vázquez posee propiedades no declaradas en el exterior, adquiridas mediante un complejo entramado de sociedades offshore. En 2024, se descubrió que había comprado tres departamentos en Miami valuados en más de 2 millones de dólares, utilizando firmas radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para ocultar su titularidad. Estas operaciones, realizadas a espaldas de la Oficina Anticorrupción, se suman a antecedentes previos que lo vinculan con cuentas bancarias en paraísos fiscales como Luxemburgo y Curazao, causas en las que logró ser sobreseído no por inocencia, sino por falta de colaboración internacional que impidió avanzar a la justicia local. Es decir, el hombre encargado de perseguir a los evasores en Argentina es, curiosamente, un experto en eludir al fisco.
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Pero el perfil de Vázquez no termina solo con su habilidad para ocultar su patrimonio. Su carrera dentro de la ex AFIP está marcada por su paso estratégico por el Departamento de Inteligencia Fiscal, un área sensible desde donde tejió relaciones peligrosas con el poder político y los servicios de espionaje. Se lo señala como un hombre muy cercano a Jaime Situso, el ex agente de la SIDE que durante años manejó los hilos de la inteligencia estatal. Este vínculo con los servicios, sumado a su capacidad para sobrevivir a diferentes administraciones y enfrentamientos internos, lo convierte en una pieza de la casta más rancia, esa que opera en las sombras y utiliza información fiscal como herramienta de presión y negociación política. Su designación, firmada por Milei y Caputo, es una muestra más de que la transparencia no es un requisito para ingresar a este gobierno, sino, lo importante de este movimiento del Ejecutivo es, mantener el control férreo de un organismo clave para disciplinar opositores y proteger amigos.
La llegada de un funcionario con estas credenciales a la conducción de ARCA en el contexto actual hace que se enciendan las alarmas, por la gravedad que puede representar. Mientras el gobierno impulsa en el Congreso la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto diseñado para garantizar la impunidad de los grandes evasores y blanquear capital sin preguntas, pone al frente del organismo recaudador a alguien que conoce a la perfección los mecanismos de la fuga y la opacidad financiera.
En este escenario se logra juntar un marco legal que debilita el control con un ejecutor que tiene su propio historial de cuentas en negro. Esta combinación amenaza con terminar de transformar a la agencia de recaudación en una guarida para los delincuentes de guante blanco, consolidando un esquema de corrupción institucionalizada donde los únicos que paguen los platos rotos son los trabajadores y los pequeños contribuyentes.
Frente a este escándalo, que expone la hipocresía del relato oficialista y la podredumbre del régimen político, no alcanza con la indignación. La impunidad de personajes como Vázquez, que se enriquecen a costa del Estado y luego son premiados con ascensos, requiere una respuesta contundente.
La única forma de terminar con estos manejos es la creación de una Comisión Investigadora Independiente, ajena a los poderes del Estado y conformada por personalidades intachables, que tenga plenas facultades para abrir los libros, investigar las cuentas offshore y juzgar a todos los responsables del saqueo y la corrupción, sin importar el color político. Solo desmantelando los vínculos entre los funcionarios, los empresarios evasores y los servicios de inteligencia se pude terminar con todos estos manejos espurios que terminan afectando a las mayorías trabajadoras.
[i] https://www.lanacion.com.ar/politica/quien-es-andres-vazquez-el-jefe-de-la-dgi-que-protagonizo-episodios-polemicos-desde-los-dias-del-nid16122024/?R=78b0c4
