El pasado lunes, en una de las conferencias de prensa lideradas por el vocero del presidente, Manuel Adorni, se informó sobre un cambio en el principal ente recaudador del país. Luego de este comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pasaría a denominarse como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este cambio no alteraría el funcionamiento en general, pero serían más de 3000 trabajadores los que sufrirían este cambio con despidos y recortes salariales.
Como advirtieron las autoridades del gobierno, además del contenido de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, este cambio se colocaría en “el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”. Discurso que mantiene el gobierno libertario desde el principio de su gestión, donde los trabajadores estatales son uno de sus principales blancos, siendo más de 30.000 los estatales despedidos en la actualidad.
En busca de una “estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”, esta reconversión del ente recaudador del país reduciría un 45% las autoridades superiores y un 31% los niveles inferiores. Se eliminaría un 34% de la estructura actual, la cual equivale a $6.400 millones. Pero la motosierra pega directamente en los trabajadores. En principio, este ahorro millonario haría que se desvinculen 3.155 agentes, los cuales representan un 15% del plantel de este organismo.
Esta reconversión no está atada a cambiar cuestiones de fondo de un organismo que podría profundizar la persecución a evasores, a los gerenciadores del empleo en negro y demás asuntos donde los sectores concentrados de la economía se ahorran cuestiones impositivas. Por el contrario, no existe ningún cambio, con los voceros libertarios “preocupados” en generar ahorros a la caja estatal, el discurso se pasa del cinismo, sobre todo cuando vemos el presupuesto billonario que obtendría ARCA en 2025. Según la ley de leyes, para el año que viene este organismo gozaría de un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos para su financiamiento, convirtiéndolo en uno de los más costosos de la administración pública. Todo esto producto a una ley sancionada en el gobierno de De La Rúa, la cual se revalidó en 2009 con la gestión de Cristina Fernández, según la cual este organismo se nutre del 1,9% de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros.
Por otro lado, la dirección de ARCA quedaría en manos de Florencia Misrahi, acompañada de Andrés Gerardo Vázquez y José Andrés Velis. Estos dos últimos serían los titulares de la Dirección General de Impuestos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Vázquez se reincorporaría a este organismo con un interesante prontuario encima. Durante el 2008, cuando era encargado de vigilar las actividades de Cristóbal López y Lázaro Báez quedó marcado en materia judicial luego de que se descubriera bajo su control dos cuentas no declaradas en el exterior, con casi medio millón de dólares. Además de esos ítems en su currículum, también se anota en su haber relaciones con personajes de los sótanos de la democracia, como lo son los agentes del espionaje Francisco Larcher y Antonio Stiuso.
Por parte de los trabajadores no demoraron en mostrar su respuesta, y quedó organizado un apagón informático para el próximo miércoles, jueves y viernes, donde los trabajadores no realizarían sus tareas diarias, afectando al comercio exterior.
En este contexto, es fundamental rodear de solidaridad a los trabajadores del organismo y apostar por la construcción de una respuesta unitaria, que se exprese en las calles y con organización en contra de este gobierno, en donde los estatales son una variable del ajuste. Es momento de que tanto la CGT como las CTAs terminen su siesta y convoquen a un paro general, como puntapié de un plan de lucha que le pare la mano a Milei y todo su séquito.