Los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos enfáticamente la formación y los objetivos de la “Mesa de Enlace” que agrupa a jefes retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Según su documento, es “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional” y se plantea “participar en los debates sobre defensa y seguridad nacional, amalgamar a la ‘familia de los uniformados’ y determinar sus intereses comunes”.
Como pueblo hemos sufrido un genocidio bajo el terrorismo de Estado y la dictadura militar, cuyos crímenes de lesa humanidad aún siguen siendo juzgados, y además desde 1983, bajo los sucesivos gobiernos, sufrimos la represión y el gatillo fácil de las policías y otras fuerzas de seguridad. Por ello, a todo ese aparato represivo del Estado que ha violado y viola los derechos humanos y democráticos no le reconocemos ni la más mínima legitimidad.
Ni la Constitución nacional ni la propia legislación vigente en materia de defensa y seguridad autorizan la formación y los fines de semejante engendro, que además se autoatribuye la función de representar a “los uniformados” en actividad. Por ello, y como de hecho constituye un grupo corporativo de presión frente a los poderes públicos y la sociedad, lo consideramos un peligro antidemocrático.
La actitud del gobierno nacional, que les otorgó a los uniformados el control social de la cuarentena, que cedió ante el motín de la Bonaerense y que aumentó el presupuesto represivo, envalentona aún más a estos sectores autoritarios. Ya días atrás el jefe del Ejército, al ordenársele bajar un tuit reivindicando el Operativo Independencia -inicio del terrorismo de Estado-, recorrió regimientos para reivindicarlo en persona. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ni siquiera lo apartó de su cargo por desobediencia y hasta ahora tampoco denunció penalmente a esta repudiable Mesa, a la que él mismo acusó de “conspiradores”. No bastan quejas periodísticas.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos (CADHU), Comité de Acción Jurídica (CAJ), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Colectivo Memoria Militante (CMM), Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF), HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).