El dato que en el país hay 17 millones de pobres y 4,2 millones de indigentes, en medio de una situación social cada vez más conflictiva hizo sonar las alarmas del gobierno. Se anuncia un bono por tres meses para dos millones de indigentes. Para evitar que el monstruo del hambre siga creciendo hacen faltan medidas de emergencia y un plan alternativo.
Los funcionarios intentaron sin mucha convicción manipular los nuevos índices de pobreza (36,5%) y de indigencia (8,8%) correspondientes al primer semestre del 2022 difundidos por el INDEC. Aunque la indigencia aumentó, la pobreza habría descendido un punto con respecto a la medición anterior. Palabras huecas que intentan sintonizar con la línea, cada vez más surrealista, de la “economía que crece”, la desocupación “en baja” y las “enormes posibilidades del país”.
Una de las contradicciones que marcó este informe es que mientras la actividad económica habría crecido en el último año un 5,6%, no se produjo un decrecimiento de la pobreza similar y la indigencia; por el contrario, está aumentó. De acuerdo al Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, esto se explica por el desfasaje entre actualización salarial y la inflación. Los salarios aumentaron un 34,3% en este primer semestre mientras que la canasta básica alimentaria lo hizo en un 41,4%.
Los niños son los más vulnerables, el 50,9% de los menores son pobres. Son 5,54 millones de niños sumidos en la pobreza, de los cuales 1,83 millones son indigentes. Lo nuevo, que no hace sino profundizarse, es que el 30% de los trabajadores son pobres. Tener un trabajo ya no es una base pare el ascenso social. Son cada vez más los hogares donde entre sus integrantes no se llegan a reunir los $ 119.757 necesarios, según el INDEC, para que una familia tipo –dos adultos y dos menores- puedan adquirir alimentos, vestimenta y servicios básicos (no incluye costo de alquiler).
Los funcionarios esgrimen que el 6,9% de desocupación actual es uno de los índices más bajos de las últimas décadas. Lo que no explican es que el alto nivel de informalidad (1), sumado al deterioro constante del conjunto de los salarios que no pueden competir con esta inflación de más del 100% anual, y el recorte en los servicios públicos (salud, educación, obras de vivienda y saneamiento, tarifazos en energía y transporte, entre otros) ha derrumbado los niveles de vida de todos los trabajadores.
Lo cierto es que esta nueva foto de la catástrofe social ya es vieja, se tomó hace tres meses. En julio la inflación trepó al 7,4%, en agosto al 6,5% y se espera un índice de alrededor del 7% para setiembre. Volvió a tomar vuelo el precio de los alimentos con un índice aún mayor. Además, ya en el segundo trimestre (abril-junio) los indicadores mostraban un creciente deterioro con un 38,6% de pobreza y un 9,4% de indigencia (2). Con esta dinámica, el piso de la pobreza del tercer trimestre, según el Observatorio Social de la UCA, se va a ubicar arriba del 40%. Sumemos altas tasas de interés, un paulatino enfriamiento de la economía, para “cuidar los dólares” y “exportar mucho” y el cuadro no puede ser más negro.
Cristina como el tero: el grito en un lado y el huevo en otro
Conocidos los nuevos datos de pobreza, en medio de la crisis y conflictos de la semana pasada, la vicepresidenta reaccionó y le llamó la atención al equipo económico sobre la necesidad de controlar a los grandes empresarios de la alimentación para que no suban aún más los precios. Casi inmediatamente le contestó Rubinstein, el segundo de Massa- afirmando que los empresarios no tienen la culpa. Parece una película repetida, antes era Cristina contra Guzmán, ahora…
Lo cierto es que los ex funcionarios cristinistas Paula Español y Roberto Feletti no lograron bajar (ni controlar) los precios. Es que el gobierno del FdT necesita de la inflación para licuar jubilaciones, salarios y planes sociales para poder cumplir con el FMI. Los empresarios hacen sus grandes negocios remarcando y achicando salarios. En años en que la entrada de divisas al país registra cifras récords, los trabajadores y sectores populares ven reducirse brutalmente sus ingresos producto de una gigantesca transferencia de los mismos al capital concentrado y los buitres internacionales. Esto se refleja en la tendencia de aumento en el índice que estudia la brecha de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la población, que es de 15,.3 veces.
El bono de la miseria
El bono a la indigencia que se anuncia, una medida preventiva ante tanto descontento social, va a ser completamente insuficiente. Se habla de $ 50.000 en tres cuotas de $ 16.670 renovables. Lo podrán cobrar personas en situación de indigencia entre 24 y 65 años que no perciban ni la Prestación por desempleo, ni el programa Progresar, ni el Potenciar Trabajo, ni la tarjeta Alimentar, ni ningún plan social nacional, provincial o municipal. Dicen que llegaría a 2 millones de personas con un costo fiscal de 0,44% del PBI y que estaría en la línea del proyecto de salario básico universal presentado por la senadora ultra K, Juliana Di Tullio.
El bono se pagaría con parte de lo recaudado con el “dólar soja”. Otro ejemplo del nuevo fifty – fifty de Cristina y el FdT. Basta comparar a los sojeros que liquidaron en un mes 8.123 millones de dólares, de los cuales, además, hicieron una importante diferencia extra de casi U$S 3.000 millones, contra los U$S 170 millones aproximados que saldría por mes el bono contra el hambre.
Medidas de emergencia y un cambio de fondo
Hay que terminar con la costumbre de los empresarios que remarcan todos los días. Para ello es necesario un efectivo programa de congelamiento de precios de productos de la canasta familiar, con un control a cargo de los trabajadores de las empresas alimenticias y las organizaciones populares, y la aplicación de la ley de abastecimiento, sancionando e incluso expropiando a los que desabastezcan o especulen.
Junto a esto hace falta un aumento general de los salarios, jubilaciones y planes sociales, al nivel de la canasta familiar real, con cláusula gatillo de actualización automática y mensual.
Estas medidas deben ser parte de un plan económico alternativo, opuesto por el vértice al que proponen Massa, Cristina, Fernández, y los que avalan el acuerdo con el FMI: los grandes empresarios, la burocracia sindical y la derecha opositora de Cambiemos o Milei. Un programa que empiece por romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, y un plan de fuertes impuestos a los grandes capitalistas y banqueros. De allí saldrá el dinero para invertir en un gran plan de viviendas y obras públicas que relance el empleo y reactive la economía obrera y popular.
- Según la consultora LCG en la medición del último trimestre sobre 665.000 nuevos puestos de trabajo, el 22% quedó fuera del mercado formal.
- Datos del artículo Pobreza y algo más en las pospandemia, publicado en Perfil del 01/10/2022.