Este artículo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista
La reciente invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y el secuestro ilegal de Maduro y su esposa, ha puesto al sistema multilateral de justicia y diplomacia frente al espejo de su propia obsolescencia.
Mientras el territorio sudamericano era agredido por las fuerzas comandadas por Donald Trump, los organismos del régimen capitalista reaccionaron con la lentitud y la ineficiencia que los caracteriza. La convocatoria urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) terminó en un fracaso estrepitoso, exponiendo una fractura política que imposibilitó incluso la redacción de un comunicado unificado. Esta especie de parálisis institucional termina siendo la confirmación de que estas organizaciones carecen de las herramientas necesarias para frenar la prepotencia de un imperialismo que ha decidido reconfigurar el orden mundial a base de fuerza bruta y el desconocimiento del derecho internacional.
El encuentro ministerial de la CELAC, realizado de manera virtual, dejó al descubierto posiciones que hoy resultan irreconciliables dentro de la región, por lo menos desde lo discursivo. Por un lado, un bloque de gobiernos progresistas (por darles una clasificación) encabezado por Brasil, Colombia y México intentó impulsar una declaración de rechazo a la acción militar, advirtiendo sobre el peligroso precedente que sienta la violación de la soberanía nacional. En la vereda de enfrente, Javier Milei lideró un bloque de diez países que bloqueó cualquier intento de condena. El alineamiento ciego del gobierno argentino con Washington fue tal que se enviaron delegaciones de bajo rango diplomático para restarle peso a la cumbre, mientras se trabajaba en comunicados alternativos que celebraban el secuestro de Maduro calificándolo como un hito en la defensa de la libertad. Esta división transformó a la cumbre en un trámite exprés, demostrando que mientras las potencias bombardean, los organismos regionales se pierden en roscas administrativas estériles.
Esta impotencia también se trasladó a los recintos de la ONU, donde el Consejo de Seguridad sesionó en un clima de máxima tensión, pero con nulos resultados prácticos. Mientras el representante venezolano denunciaba un acto de guerra colonial destinado a capturar las reservas petroleras, la administración de Trump se limitaba a invocar el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre la legítima defensa, una justificación jurídica que la mayoría de la comunidad internacional observa con un escepticismo que no se traduce en acciones.
La realidad es que Trump ya ha declarado muertas a estas instituciones al asegurar públicamente que el derecho internacional carece de sentido frente a los intereses estratégicos de su país. Con amenazas latentes de intervenir en Colombia o declaraciones sobre la anexión de Groenlandia, el mandatario norteamericano deja en claro que el nuevo mapa del imperialismo no admite mediaciones diplomáticas ni límites geográficos.
La movilización popular como única garantía de soberanía
Los límites de la diplomacia burguesa son estructurales, especialmente cuando los supuestos jueces del sistema internacional son los mismos verdugos de los pueblos. No se puede esperar una resolución progresiva de instituciones que conviven con ejercicios militares conjuntos con los agresores mientras fingen debatir la paz.
La CELAC y la OEA han demostrado ser incapaces de enfrentar el avance del imperialismo yanqui porque muchos de sus miembros son lacayos directos de la política estadounidense, priorizando la convivencia económica por sobre la defensa de la soberanía regional. Del mismo modo, la experiencia demuestra que tampoco se puede depositar ninguna confianza en los gobiernos progresistas de la región. Un ejemplo escandaloso de esto es la actitud de Delcy Rodríguez, quien, tras asumir la presidencia de Venezuela bajo la tutela de la justicia de su país, mostró una subordinación inmediata ante Trump. Al invitarlo a trabajar en una «agenda de cooperación» a pocas horas de la captura de Maduro, deja entrever la existencia de pactos o negociaciones previas que facilitaron la entrega de la soberanía. Esta esterilidad institucional y complicidad política solo sirve para ganar tiempo mientras que la injerencia norteamericana se consolida en el terreno.
Frente a este escenario de capitulación de los gobiernos latinoamericanos, la única salida real reside en el protagonismo de los pueblos movilizados de manera independiente. Hoy más que nunca urge enfrentar el injerencismo y el avance estadounidense en la región, sin que esto signifique apoyar a regímenes autoritarios como el de Maduro, sino para construir una alternativa que repudie cualquier injerencia extranjera y defienda los derechos de la clase trabajadora. La verdadera resistencia contra el imperialismo no saldrá de los salones de la ONU, sino de la organización obrera y popular que sea capaz de exigir la ruptura de tratados militares, la anulación de acuerdos de saqueo y la expulsión de las bases norteamericanas en suelo continental.
Ante esta situación es urgente transformar toda la indignación en un plan de lucha regional. Los gobiernos timoratos que piden diálogo mientras caen bombas solo facilitan el camino a Trump y sus socios locales. Solo la unidad de acción de los pueblos de Latinoamérica, con independencia de clase y sin compromisos con la burguesía extranjera, podrá poner freno a esta avanzada colonialista. Un ejemplo concreto de esta salida necesaria fueron las movilizaciones que se realizaron frente a la Embajada de Estados Unidos y en diversos puntos de la región, donde se demostró que la soberanía se defiende en las calles, enfrentando tanto a los regímenes opresores internos como a la voracidad de un imperio que busca devorarse el continente. Tenemos que organizar la pelea y construir una herramienta política anticapitalista y socialista que sirva para que sean los trabajadores quienes decidan su propio destino, barriendo con la estafa de la diplomacia imperial y sus instituciones vacías.
