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El país atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales. La vacancia presidencial de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” no representa una victoria completa del pueblo, sino una maniobra del propio régimen para recomponerse en medio del colapso general. Los paros de transportistas, la balacera en el concierto de Agua Marina y el aumento imparable de las extorsiones y asesinatos han dejado al descubierto un Estado que ya no puede sostener ni la seguridad ni la vida. La violencia, la corrupción y el miedo se han vuelto parte cotidiana del Perú.
En este escenario, los mismos partidos que blindaron a Dina, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, entre otros, impulsaron cuatro mociones de vacancia. No lo hicieron por convicción democrática ni por empatía con las víctimas de este régimen, sino por cálculo político, porque no olvidemos que gracias a ellos Dina pudo permanecer en el poder tanto tiempo. No olvidemos que, durante su mandato más de 50 personas fueron asesinadas por la represión estatal: campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes de los barrios populares. Esos crímenes permanecen impunes, y hoy los responsables, congresistas, ministros, partidos y fuerzas armadas, continúan ocupando cargos y repartiéndose cuotas de poder.
El hecho de que el denunciado por violación José Jeri asuma la presidencia no solo constituye una afrenta moral al pueblo, sino una demostración cínica de la naturaleza misógina, patriarcal y podrida de este Estado. Es un insulto a las miles de mujeres que salieron a marchar contra la violencia machista, a las víctimas de abuso que jamás encontraron justicia, y a todo el movimiento feminista que ha sido uno de los pilares de la resistencia popular. Este nombramiento refleja con crudeza que el Congreso, dominado por sectores ultraconservadores, fujimoristas y neoliberales, no busca estabilidad ni justicia: busca impunidad y control.
Tampoco puede pasar inadvertido que Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y viejo operador de los aparatos represivos, haya asumido la Presidencia Interina del Congreso. Rospigliosi, símbolo del autoritarismo y de la persecución a los movimientos sociales, representa la continuidad del modelo de Estado policial que se ha consolidado desde la caída de Castillo. Bajo su mando, se puede prever una escalada de represión, censura y criminalización de la protesta. Su presencia no es casual: es una advertencia del régimen al pueblo, un intento de disciplinar con gases, perdigones y cárceles a quienes se atrevan a desafiar el orden establecido.
Sin embargo, la historia demuestra que la represión no detiene la lucha, la multiplica. Y esa fuerza ya está en marcha. Para el miércoles 15 de octubre, la llamada Generación Z, junto con estudiantes universitarios, sindicatos de base, organizaciones populares y diversos colectivos, han convocado un Paro Nacional que promete convertirse en un punto de inflexión en la lucha de masas. La juventud, que ya protagonizó las movilizaciones de septiembre, vuelve a encender la chispa de la resistencia. No se trata solo de una protesta contra el nuevo gobierno ilegítimo, sino de una rebelión contra todo el régimen, contra la corrupción, el autoritarismo y el abandono sistemático del pueblo trabajador.
A esta ola de movilización se suma la Marcha de Sacrificio del alcalde de Pataz, que recorre kilómetros junto a cientos de pobladores para exigir atención frente al abandono, la violencia del crimen organizado y la depredación minera. Su caminata, cargada de dignidad, sintetiza el drama nacional: mientras los pueblos andinos son asfixiados por la pobreza y las mafias, en Lima se reparten el poder los mismos corruptos de siempre. Esa convergencia entre las luchas locales y la movilización nacional de la juventud puede abrir un escenario de ruptura con la pasividad y el miedo.
Ni Dina ni Jerí: que se vayan todos
Esta vacancia no fue contra la delincuencia ni contra la impunidad. Fue una maniobra del propio sistema para reacomodar su poder, para seguir gobernando bajo las mismas reglas del régimen del 93, el que impone la desigualdad, la precariedad y el saqueo. Los partidos que ayer vacaron a Dina no representan al pueblo: representan a los grupos económicos, a los militares impunes, a los empresarios que lucran con el miedo.
Por eso, no basta con indignarse. No basta con decir “que se vayan todos” si no organizamos una fuerza desde abajo que lo haga posible. La salida no vendrá de ese Congreso ni de nuevas elecciones manipuladas. Vendrá de la unidad en acción: de los sindicatos, de las organizaciones de mujeres, de la juventud, de los pueblos que resistieron la represión y siguen de pie.
El país no aguanta más. Cada día que pasa bajo este régimen es un día más de muerte, corrupción y miseria. Por eso, convocamos a paro general este 15 de octubre: solo con movilización, organización y unidad de las luchas podremos quebrar este sistema. Que el miedo cambie de bando, que el pueblo vuelva a ser protagonista de su destino.
¡Por un Perú libre de corruptos, asesinos y opresores!
¡Por la unidad de los trabajadores, de la juventud y de los pueblos para conquistar una nueva sociedad!
¡15 de octubre, paro general!
Por Alternativa Socialista Perú – LIS
