En una resolución esperada, la Suprema Corte de Justicia dictó una medida cautelar este miércoles 21, por la cual devuelve a la Ciudad de Buenos Aires importantes fondos de la Coparticipación Federal asignados por la presidencia de Macri, que fueron redirigidos por el actual gobierno a la provincia de Buenos Aires para satisfacer el aumento otorgado por Kicillof a la Bonaerense, una importante masa de dinero en épocas de sequía de recursos, ajuste fiscal y pagos de la deuda. En el marco de un sistema impositivo totalmente regresivo, una coparticipación donde priman los acuerdos políticos por arriba y no las necesidades de la población se dicta una cautelar que en forma antidemocrática pasa por encima de una ley del Congreso y exacerba la pelea pre-electoral mientras la mayoría de la gente sigue penando para llegar a fin de mes.
En el año 2020, en oportunidad del levantamiento policial que le arrancó a Kicillof un importante aumento, el presidente Fernández resolvió sacar una parte importante del incremento en la coparticipación otorgada por Macri a la Ciudad de Buenos Aires y girar esos dineros para satisfacer las necesidades del gobierno provincial. Lo hizo primero por un decreto y luego por la ley del Congreso en diciembre de 2020.
La Coparticipación Federal es el mecanismo por el cual el gobierno nacional redistribuye a las provincias -en base a porcentajes acordados por unanimidad y que solo pueden cambiarse por acuerdo de la totalidad de los miembros de ambas cámaras del Congreso- los impuestos que recauda el Estado nacional. La provincia de Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires reciben los fondos a través de transferencias a cargo del Estado nacional, ya que al no modificarse la Ley de Coparticipación original no tienen los mismos derechos en el reparto que el resto de las provincias.
La Ciudad de Buenos Aires tenía asignado antes de la presidencia macrista el 1,4% de estos recursos. Macri, con la excusa del traspaso de los servicios de la Policía Federal a la CABA en 2016, los aumentó abruptamente por decreto al 3,75%. Con el Pacto Fiscal del 2017 esa cifra bajo al 3,5%. Este aumento fue corregido por el actual gobierno del Frente de Todos, como mencionamos, a un 2,32% por decreto, lo que marcó en su momento un abrupto distanciamiento en las políticas de buenos vecinos que durante parte de la pandemia tuvieron el presidente, Larreta y Kicillof. Este recorte fue aprobado a fin de 2020 por la Ley 27.606.
En esta disputa, el gobierno del JxC de la Ciudad apeló a la Corte Suprema de Justicia y esta acaba de dictar una cautelar por la cual eleva el porcentaje de coparticipación correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires a un 2,95%, ordenando al Banco Nación a que gire los fondos correspondientes a este nuevo porcentaje de la recaudación en forma diaria a la CABA.
Es una cautelar que todavía no se pronuncia sobre la “cuestión de fondo” planteada por el alcalde porteño del PRO, que exige la devolución total del porcentaje otorgado en su momento por Macri y el pago retroactivo de los ingresos no recibidos por el decreto de Fernández y la ley del Congreso -ahora rechazada en lo que hace al recorte por inconstitucional- de acuerdo a los criterios del Tribunal Superior de la Nación. Estos fondos no percibidos por Larreta fueron –solo en el 2021- de 83.000 millones de pesos.
Desde JxC se salió a festejar el fallo de la Corte como un enorme triunfo político sobre su rival del Frente de Todos. Larreta anunció la baja del impuesto extraordinario a las tarjetas de crédito dispuesto por su gobierno para compensar la baja de ingresos. También anunció la baja de Ingresos Brutos del 8% al 2,35%, tributos totalmente regresivos que impactaron durante estos años sobre todos los habitantes de la Ciudad sin discriminar su poder adquisitivo y que son la tapadera de un sistema tributario que, al igual que el de Nación, recae fundamentalmente sobre los hombros de las mayorías populares.
Desde la vereda de enfrente, esto es desde el PJ y el kirchnerismo agrupados en el gobierno del Frente de Todos pusieron el grito en el cielo. En primer lugar Kicillof, el primer afectado por el recorte de fondos que ahora sufrirá su jurisdicción; también el presidente Fernández, quien ha convocado a una reunión de gobernadores del PJ que se reunirá en el transcurso de estas horas para repudiar la medida y delinear una estrategia para enfrentar la misma. Algo que ofrece muchas dificultades en el terreno legal, ya que la posibilidad de una ley en el Parlamento encontraría trabas insalvables en Diputados y obligaría al presidente a un nuevo decreto que ratifique la ley cuestionada.
Un sistema coparticipable para la tranza política y pagarle al FMI
El sistema de Coparticipación Federal de impuestos que rige desde 1988 distribuye fondos de manera automática entre la Nación y las provincias. No está elaborado en función de parámetros objetivos claros, sino que obedece a los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que gobiernan cada jurisdicción, por lo que el análisis de su distribución resalta su arbitrariedad.
A esto se le suma que a la coparticipación directa, que se establece por acuerdos donde todos sus integrantes deben dar su complacencia por unanimidad, hay que sumarles las partidas especiales que se fijan en cada presupuesto nacional y que benefician a tal o cual provincia, de acuerdo a los convenios políticos establecidos en el momento. Además tenemos los ATN que son fondos distribuidos por el Tesoro Nacional en forma discrecional.
El sistema de coparticipación está regido por la Ley 23.548, que debía ser actualizada tal cual se fijó en la reforma constitucional de 1994, pero nunca se hizo. No están incluidas en este sistema la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni la provincia de Tierra del Fuego por esta razón. Por eso los fondos destinados a estas dos jurisdicciones salen directamente de la parte que le corresponde a la Nación.
Anteriormente a esta crisis entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, ha sido un tema recurrente el poco porcentaje de coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esta provincia asolada por altos índices de pobreza e indigencia no solo tiene un porcentaje muy inferior a su población y PBI; sino que ha visto descender su coparticipación en 6,2 % por los acuerdos del ex gobernador Cafiero con sus pares provinciales como parte de la campaña electoral de fines de los ’80, dónde perdió la postulación en la interna del PJ ante el caudillo riojano, Carlos Menem. (1)
Este tema ha sido un tema de constante debate y tironeo en la provincia más rica y poblada del país, que además tiene altísimos índices de pobreza e indigencia, muchas veces hechos con criterios totalmente oportunistas.
Algunos ultra liberales como Milei sostienen que no debe beneficiarse a las provincias más chicas con porcentajes de coparticipación superiores a lo que aportan sus economías. Que si no pueden sostenerse –en algunos de esos distritos lo aportado por la coparticipación llega a cubrir más del 90% de los gastos del Estado provincial- deben ejercer un durísimo ajuste para compensar sus cuentas, lo cual impediría frenar toda política de desarrollo del interior del país, en una economía que históricamente benefició a los que controlaban al puerto de Buenos Aires.
Las limitaciones de este debate se dan por el marco de un sistema impositivo totalmente regresivo. Entre muchos impuestos coparticipables, el IVA, Ganancias y el impuesto al Cheque son los que mayor recaudación obtienen. Estos impuestos se basan en una matriz muy regresiva –en particular el IVA- que hace que tributen mucho más los sectores trabajadores y pobres de la inmensa mayoría de la población.
En estas épocas de ajuste fiscal para cumplir con el FMI y los acreedores privados, en las cuales existe una insaciable sed del empresariado más monopólico por maximizar ganancias a costa de bajos sueldos y prestaciones sociales, esta estructura impositiva regresiva que se refleja en la coparticipación no hace sino redistribuir los recursos del país en manos de los sectores más poderosos y concentrados de la economía. Una política que se verifica en una baja constante de los presupuestos destinados a jubilaciones, asignaciones, planes sociales, salud y educación públicas, sueldos estatales, servicios públicos y obras de infraestructura, en constante deterioro.
La estructura de la coparticipación actual (2)
De los impuestos coparticipables un 15% se destina al sostenimiento del sistema previsional y otros gastos operativos, más una suma fija mensual que se va actualizando que se reparte entre las provincias. A partir de allí el reparto es el siguiente: el 42,34 % va al Tesoro Nacional, el 56,66% a las provincias y un 1% a Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A su vez, del porcentaje destinado a la repartija provincial dos puntos porcentuales se distribuyen entre Buenos Aires (1,5733 p.p.) y Chubut, Neuquén y Santa Cruz (0,1433 p.p. para cada una). Para tener una referencia sobre la actual coparticipación federal y distribución en los distritos ofrecemos un gráfico de autoría propia.
Hace falta cambiar por completo el sistema impositivo y la actual coparticipación
En primer lugar, hay que cambiar totalmente la actual matriz de la economía ordenada por pagar una fraudulenta deuda al FMI y los acreedores externos. El sistema impositivo y la coparticipación deben reordenarse en un esquema distinto que rompa con los usureros imperialistas y priorice las necesidades populares y de desarrollo del país.
En forma inmediata hay que eliminar el IVA en los productos de la canasta familiar, eliminar el impuesto al salario en la cuarta categoría de Ganancias y sacar todos los impuestos que descarguen sobre el conjunto de la población el mayor esfuerzo tributario. Al contrario de lo que pregona la derecha –y que el gobierno aplica con un discurso progre- hay que subir los impuestos a los grandes capitalistas y bajarlos con todo a los trabajadores y pequeños productores.
Este sistema regresivo debe ser reemplazado por otro que al revés descargue la mayor tributación sobre las grandes empresas y fortunas. Debe existir una segmentación completa de la base tributaria. En el campo se debe segmentar mucho más el sistema de retenciones, aumentar con todo a los grandes y retenciones más pequeñas a productores pequeños. Fuertes impuestos también hay que ponerles a los sectores industriales y financieros.
El Frente de Todos es el que sostiene, pese a su relato, el actual sistema tributario regresivo. Frente a la disputa con Larreta hablan de que se beneficia a la Ciudad más rica del país en detrimento de los más pobres, etc., etc.
Kicillof crítica a la Corte, llora lágrimas de cocodrilo porque los recursos no le alcanzan, le echa la culpa a la pandemia, a la guerra, a la baja coparticipación. Pero tuvo recaudación impositiva récord este año, un crecimiento de las exportaciones récord, mientras su presupuesto provincial baja las prestaciones sociales y sueldos estatales para pagar puntualmente los servicios de la fraudulenta deuda contraída por Vidal.
Lo cierto es que el gobernador K, cuya ley impositiva en realidad baja los impuestos en torno a la proyección inflacionaria, gobierna un territorio donde están asentadas importantes multinacionales y 1.300 familias poseen el 33% de las riquísimas tierras bonaerenses. Sobre todos ellos deberían caer fuertes impuestos para cubrir las necesidades del pueblo de la provincia. Pero a esos no los toca.
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Por eso, frente a la disputa por la coparticipación rechazamos la antidemocrática cautelar de la Corte que busca fortalecer a un sector político. A la vez denunciamos este sistema regresivo y de tranza entre distintos sectores capitalistas, proponemos cambiar toda la tributación y coparticipación de impuestos de raíz para que, rompiendo con el FMI, se desarrolle una economía donde haya impuestos progresivos a los grandes capitalistas y muy bajos para el conjunto de la población trabajadora. Donde la estructura de coparticipación este puesta al servicio del desarrollo soberano de nuestro país y no como ocurre actualmente al servicio de la transa, los negocios de la casta y el pago a los usureros que expolian a la Argentina.
- Según datos de la gobernación de Buenos Aires, la provincia participa del 35% del Producto Bruto nacional, tiene el 50% de la industria manufacturera, el 39% del agro, el 35% de la matricula estatal, aporta el 37% de la recaudación nacional y recibe apenas el 22% de la coparticipación en total.
- Datos del artículo Coparticipación federal: cómo se reparte, cuánto va a cada provincia y que impuestos abarca publicado en Economía y Negocios del Cronista el 22/12/2022