En menos de 48 horas, el área de Transporte quedó sacudida por una seguidilla de renuncias que expone internas, denuncias por subsidios y el vaciamiento de un sector clave, en plena avanzada del ajuste y el plan privatizador del gobierno de Milei.
Renuncias en cadena ¿caos?
Pocas horas después de que Luis Pierrini presentara su renuncia como secretario de Transporte de la Nación —oficialmente por “motivos personales”— se desató un terremoto político y administrativo en las estructuras del Estado vinculadas al transporte público.
En menos de 48 horas, no solo se produjo la salida de Pierrini, sino que también renunciaron los presidentes de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), consolidando una ola de bajas que refleja una crisis de gestión, tensiones internas y debilitamiento institucional del área. La caída de Pierrini abrió la puerta a una rápida purga:
- Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, presidentes de SOFSA y ADIF respectivamente, presentaron su renuncia poco después del alejamiento del secretario de Transporte.
- En total, al menos cuatro funcionarios clave dejaron el gobierno en menos de 24 horas, incluyendo la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.
La Casa Rosada justificó estos cambios como parte de una “restructuración integral” del área, con el objetivo oficial de “optimizar la gestión de transporte”. Sin embargo, distintos medios señalan que las verdaderas razones tienen que ver con las tensiones por el manejo de subsidios y dinero público en el sistema de transporte automotor.
Denuncias por subsidios y reparto de fondos
La salida de Pierrini se produjo poco después de que saliera a la luz una denuncia sobre presuntas irregularidades en el reparto de subsidios al transporte, en particular en el área metropolitana (AMBA), donde el gasto supera el billón de pesos anuales. Según esa denuncia, una empresa de colectivos habría elevado artificialmente sus cifras de kilómetros recorridos para percibir mayores compensaciones del Estado.
Aunque la Secretaría intentó presentarlo como una cuestión técnica o meramente periodística, el destape de este esquema —que implicaría desvíos multimillonarios de fondos públicos— fue suficiente para precipitar la caída de Pierrini y poner en crisis a toda la cúpula del transporte estatal.
Empresas ferroviarias bajo la lupa
Los relevos en Trenes Argentinos también se interpretan como un movimiento de control político sobre áreas estratégicas del transporte público. Tanto SOFSA como ADIF se encuentran en el centro de planes que podrían incluir privatizaciones, licitaciones internacionales y una reducción del rol del Estado en el servicio ferroviario, algo que desde hace meses preocupa a trabajadores y sectores populares.
Sebastián Giorgetti, nuevo presidente de SOFSA, tiene larga trayectoria dentro del sistema ferroviario, pero su nombramiento llega en medio de un clima de profunda desorganización estatal y recortes históricos de subsidios al sector, que ya venía sufriendo mermas importantes antes del cambio de gestión.
Un vaciamiento funcional al ajuste
Este episodio se inscribe en el contexto del programa económico general del gobierno de Javier Milei, que ha recortado fondos a políticas públicas, debilitado a empresas estatales y debilitado la planificación democrática en sectores estratégicos como educación, salud y transporte. El resultado no es solo una purga de cargos: es un vaciamiento funcional del Estado que deja servicios esenciales en manos de ajustes, crisis y negociados.
Las renuncias y cambios en las autoridades del transporte no solo exponen crisis internas: señalan un rumbo claro de reducción del rol público, de subordinación a intereses empresariales y de presión sobre trabajadores y usuarios del sistema de transporte.
Lo que el Gobierno presenta como “reordenamiento” es, desde una perspectiva crítica, otra capa del ajuste generalizado: una ofensiva que combina el desmanejo de fondos públicos, la desestabilización de servicios estatales clave y la eliminación de controles efectivos sobre la distribución de subsidios, todo en un marco de creciente desconfianza social y conflicto político.
Este giro no solo queda en la puerta de Pierrini o de los directivos ferroviarios que dejaron sus cargos: refuerza un patrón donde el Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser mecanismo de desmantelamiento de servicios públicos, afectando especialmente a las clases populares que dependen del transporte público para vivir y trabajar.
