Artículo extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista.
Por Ana-Marcela Montanaro [1]
En Costa Rica, la letalidad de la violencia feminicida aumenta, en frecuencia y en ensañamiento. La violencia machista no es solo producto de un patriarcado a secas y sin apellidos; la violencia feminicida es un asunto que se liga a la mezcla letal e imbricada del patriarcado, al avance de las políticas neoliberales y a las diferentes expresiones de colonialidad. La violencia feminicida destruye las vidas de las mujeres, sobre todo las de las más empobrecidas material y simbólicamente; nos despoja de nuestros cuerpos-territorios y nos asesina.
Un grupo de organizaciones y activistas, presentó un documento exigiendo al INAMU que se declare una emergencia nacional debido al aumento de feminicidios y que se prioricen recursos y políticas. Además, demandan que la ministra esté comprometida con las mujeres, actúe con independencia y no como un instrumento del Ejecutivo. Que el estado debe asumir la responsabilidad y garantizar la protección de la mujeres.
El aumento de los feminicidios en Costa Rica, no solo es responsabilidad de una institución, ni solo es responsabilidad de Cindy Quesada, la actual Ministra de la condición de la mujer y que trabaja de la mano con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Yerlin Zúñiga Céspedes.
El INAMU, ni antes ni ahora, ha buscado transformaciones feministas estructurales, sino que, desde su creación en 1998, ha puesto parches asistenciales en el marco del neoliberalismo criollo y de los mandatos de los organismos financieros internacionales, limitando su capacidad para generar transformaciones feministas estructurales.
Desde su creación, a finales de los años 90, el INAMU se ha dedicado a desarrollar políticas públicas en materia de género, equidad de género, empoderamiento y, más recientemente, al «emprendedurismo»: un largo etcétera de políticas públicas que pretenden sacar a las mujeres de la pobreza e insertarlas en el mercado y en los marcos de un relato feminista de derechos humanos cercanos al neoliberalismo, un feminismo que llamo de la prosperidad, con el objetivo de que las mujeres entren en las dinámicas neoliberales.
Casi treinta años del INAMU, y hoy en Costa Rica abundan las políticas públicas y legislación en «materia de género» y leyes contra la violencia hacia las mujeres. Ni las políticas públicas ni las leyes han logrado detener el avance de la desigualdad social, la exclusión ni han frenado la violencia sistémica contra las mujeres. Esta realidad no es solo resultado de la incapacidad de una ministra, sino del engranaje estatal que sostiene y reproduce las violencias estructurales.
En las últimas semanas y desde algunos sectores del activismo, con el apoyo de las mayorías de fracciones legislativas del PLN, PUSC y Frente Amplio se votó una moción exigiendo la renuncia de la ministra Quesada.
Se repite, que la señora ministra es inepta para ejercer el cargo, y por alguna parte del activismo se dice que «el Estado ha fallado y el INAMU también» en proteger la vida de las mujeres; todo esto es debatible.
Es cierto que la señora ministra no tiene una sólida formación en feminismo, tampoco tiene un recorrido en el activismo. Sin embargo, no es la primera ministra de la condición de la mujer o presidenta del INAMU que desconoce las bases feministas, y cuando las tienen, han ejercido sus cargos de acuerdo a los postulados neoliberales de cada administración.
Es cierto que ministra Quesada, haciendo gala de su ignorancia ha descalificado a las organizaciones que denuncian la situación respecto a la violencia machista, calificándolas de «radicales” y se ha negado a declarar la emergencia nacional, pues señala que ella no es responsable de lo que ocurre.
El INAMU es parte del Estado, es una institución que responde a los gobiernos de turno. A lo largo de su historia, sus presidentas y ministras de la condición de la mujer, han sido corresponsables de profundizar el neoliberalismo criollo. La ministra Cindy Quesada, al igual que lo hicieron sus antecesoras, responde a políticas violentas y clasistas impulsadas por el gobierno de turno.
La actual ministra es acuerpada por el presidente Rodrigo Chaves, señor misógino y violento, que se diferencia muy poco de los anteriores; este, sin embargo, no esconde la violencia ni guarda en su discurso la corrección política. Sin embargo, esta ministra, al igual que las anteriores, responde a los mandatos de gobierno. Este y los anteriores gobiernos son igualmente patriarcales, clasistas, racistas y violentos, con su criollismo insertado. Unos y otros —PAC, PLN, PUSC y ahora Chaves— han socavado los derechos sociales y la cohesión social, han profundizado la precarización de la vida y las condiciones necesarias para una vida digna, lo cual incide en el aumento y la letalidad de la violencia feminicida.
Además, Rodrigo Chaves, en la línea del autoritarismo criollo y como reflejo de la tendencia global del avance de las derechas políticas autoritarias, no solo normaliza, sino que también profundiza la violencia estructural y el neoliberalismo, lo que contribuye al aumento de la violencia feminicida.
La ministra dice que quienes demandan su renuncia están ejerciendo violencia política en su contra. Se equivoca. La violencia política es la frase que repiten casi como mantra las mujeres que están en puestos políticos para evitar ser cuestionadas y esquivar el debate fuerte de ideas. No, señora Ministra Cindy Quesada, esto no es un asunto de violencia política en su contra.
Las demandas de renuncia de la ministra Quesada reflejan una disputa política más amplia. Lo que existe actualmente en Costa Rica respecto al INAMU es una disputa política por la hegemonía de una institución que se reviste de activismo feminista.
Subyace en la demanda de renuncia de la actual ministra del INAMU una disputa por el poder de un relato feminista y por mantener el statu quo de muchas femócratas que, en «nombre de los derechos de las mujeres», han profundizado la exclusión social, el neoliberalismo y la pobreza, corresponsables del aumento y letalidad de la violencia feminicida.
Las femócratas, como dice Hester Eisenstein, son mujeres feministas que tienen altos cargos técnicos o políticos en los gobiernos y en ONGs financiadas por el Estado y la cooperación internacional; las expertas en género, esas feministas prósperas que, en «nombre de los derechos de las mujeres», potencian a las derechas políticas, tal y como señala acertadamente Sara Farris.
Las feministas de la prosperidad, del género empoderado y del punitivismo; las feministas que apelan a más cárcel, que apelan a la seguridad y no a la libertad, a más sanción a los agresores y no a la vida buena, las mismas que, al igual que líderes del movimiento LGTBI, aplauden a figuras como Ana Helena Chacón, Carolina Hidalgo, Laura Chinchilla, las ex jerarcas del INAMU y otras mujeres que hablan de derechos humanos, género y feminismo, al tiempo que han sido parte de los gobiernos neoliberales y corruptos de turno, vaciando al feminismo de fuerza transformadora y convirtiéndolo en un feminismo progre institucional aliado al neoliberalismo criollo; reduciéndolo a meras banderas identitarias, a la «política de género», a una sororidad abstracta, un «feminismo de la prosperidad» vaciado de de transgresión.
Y es que hay diferentes expresiones feministas; hay feminismos hegemónicos y aliados al poder, pero también los hay periféricos, contrahegemónicos y críticos. Perspectivas feministas de quienes consideramos que el sistema no es solo patriarcal, sino que el capitalismo tiene apellidos: es un patriarcado-capitalista-colonial, no en una multiplicidad de fragmentos sino imbricados. Feministas que ponemos el foco más allá de la institucionalidad y el marco formal de derechos.
La crítica no debe limitarse a la figura de la ministra, sino a la lógica institucional que prioriza la asistencia superficial sobre los cambios estructurales.
Pensadoras y activistas como Silvia Federici, Nancy Fraser, Breny Mendoza, Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo, Françoise Vergès, Rita Segato, han señalado, desde diferentes perspectivas feministas, críticas como las que esbozo y han señalado la importancia de articular luchas feministas que trasciendan la institucionalidad y confronten las raíces sistémicas de la violencia contra las mujeres En Costa Rica, esta mirada es esencial para imaginar alternativas reales que no dependan únicamente del aparato estatal.
Cuestiono los discursos y praxis de los feminismos aliados al poder neoliberal-colonial criollo. Esos feminismos que buscan la «prosperidad de las mujeres» que se revisten de progresismo neoliberal y de femocracia.
No desvirtúo el trabajo de las trabajadoras públicas del INAMU, conozco a muchas de ellas y las considero trabajadoras comprometidas, pero una cosa es clara: del INAMU, de las políticas públicas de equidad de género y atención a la violencia, viven muchas «feministas de la prosperidad», «femócratas» que viven de consultorías muy bien pagadas, de viajes, vinculadas a organismos de derechos humanos; feministas de la prosperidad urbanas, académicas, «muy académicas», que viven del relato del género empoderado, cercanas al poder político, académico o económico y con enorme presencia en los diferentes espacios sociales y con gran poder simbólico en espacios académicos y políticos.
Las falencias del INAMU no son nuevas, no son solo responsabilidad de esta administración y sus impresentables, sino que son de vieja data. La atención de la violencia por parte del INAMU viene en retroceso desde hace tiempo. No, no solo es responsabilidad del gobierno de Chaves y de Cindy, es parte de un proceso de debilitamiento del Estado social de derecho y de las políticas que tienen algún sentido social.
Tanto Cindy como las anteriores ministras y presidentas ejecutivas son y han sido responsables directas del deterioro de las condiciones de vida de las mujeres, de la exclusión social y de la profundización del neoliberalismo con acento criollo. Ellas y las feministas de la prosperidad criollas han contribuido al avance de la letalidad de la violencia feminicida.
La disputa por el control del INAMU, la «apuesta a la institucionalidad», ir a por la renuncia de Cindy Quesada, resulta insuficiente para enfrentar la violencia machista y feminicida, y a la larga, es un error.
La solución a la violencia feminicida no pasa por cambios de liderazgo o reformas institucionales, sino por la construcción de movimientos sociales fuertes, autónomos, con sentido de clase y capaces de disputar el sentido mismo de la justicia y la vida digna. Por separarse de los relatos feministas de la prosperidad, que parecen ser los hegemónicos en Costa Rica. Hay que construir otros relatos y disputarlos. Necesitamos desmontar las estructuras que perpetúan la violencia feminicida, la precarización de las vidas de las mujeres, el control a los cuerpos-territorios y abrir espacios para otras formas de organización comunitaria y política.
[1] Ana-Marcela Montanaro se define como Feminista Anticapitalista y Anticolonial. Doctoranda en Derechos Humanos. Este articulo ha sido enviado para su publicación por el PRT de Costa Rica.