Al fin dictó su fallo la Corte Suprema de Justicia, integrada por cuatro privilegiados y una privilegiada que se abstuvo. Muy alejados de la realidad cotidiana de millones, aceptaron la presentación de Larreta y su derecho a la “autonomía”… para contagiar. Con su fallo, los supremos dejan en claro varias cuestiones. Por ejemplo, que no tienen autonomía del poder político y siempre terminan optando por alguno de los intereses en pugna. En este caso, a favor de quienes tras un discurso negacionista ponen en riesgo la vida de docentes, estudiantes, no docentes y familias.
Estos jueces millonarios, eternos en sus cargos, ajenos a lo que pasa en las escuelas y el transporte público, decidieron en una reunión virtual que la docencia trabaje en forma presencial. Así, exponen a toda la comunidad educativa a la segunda ola de la pandemia. Una casta decide sobre la vida de miles y miles, a quienes jamás les consultaron, en base a falsos argumentos como los de Larreta sobre la “cercanía” a las escuelas y el “buen uso” del transporte público, omitiendo la realidad.
Jueces que el pueblo no eligió ni sabe quiénes son le dieron así una victoria política momentánea al jefe de gobierno porteño, que se dice “preocupado” por la educación. ¿Cómo olvidar que es el mismo Larreta que recorta presupuestos educativos y deja sin vacantes a miles de niñas y niños? Es el mismo que tiene a la docencia con bajos salarios, recorta el envío de las viandas escolares y prioriza la educación privada y religiosa por sobre la pública.
Del otro lado de la grieta, el presidente Fernández salió a lamentar y criticar el fallo. Cristina y otros referentes del peronismo y el kirchnerismo criticaron duramente a los jueces de la Corte y a Larreta. Pero más allá de algunas críticas correctas, lo cierto es que el Frente de Todos es co-responsable de esta situación. Y por partida triple.
Primero, porque la Corte que hoy critica actúa bajo el mismo modelo judicial que el PJ se negó a modificar en todos sus gobiernos. Hubo un intento fallido de voto popular al Consejo de la Magistratura, pero mantenía el mecanismo antidemocrático de jueces y fiscales designados por pactos del poder político, llenos de privilegios y vitalicios. Es que le convenía tenerlos de su lado. Ahora, con el poder político “agrietado”, en el tema presencialidad escolar se les volvió en contra.
Segundo, en cuanto a la educación, en muchas provincias también los gobernadores del Frente de Todos empujan a la docencia a una presencialidad insegura. Y otros no garantizan el presupuesto acorde para una virtualidad y conectividad efectivas. Es el caso bonaerense, donde muchísimas escuelas están en mal estado, con falta de presupuesto e insumos sanitarios frente a la pandemia y docentes con salarios bajos que hacen lo mejor que pueden. Y tampoco garantizan un plan efectivo de vacunación para la docencia.
En el fondo, ni unos ni otros defienden ni jerarquizan nuestra escuela pública. Unos priorizan los negocios privados. Y otros, detrás del discurso, la abandonan. Es al revés: deberían priorizar la educación pública con hechos concretos. Darle un presupuesto acorde, defender la vida de su comunidad, pensar cómo fortalecerla en medio de una larga pandemia que la pone en riesgo y generar instancias democráticas, como un congreso pedagógico, para decidir colectivamente cómo actuar en forma correcta y científica.
Y tercero, el gobierno nacional es co-responsable porque al mantener abierta la economía no avanza a una restricción más efectiva y masiva, al menos por un mes, que no obligue a millones de trabajadores a viajar abarrotados en trenes, subtes y colectivos, garantizándoles sus salarios y un IFE de $ 40.000 a las familias sin trabajo. De hecho, la Corte aplica en su fallo un criterio utilitario similar: con total desprecio por la salud, considera a las escuelas guarderías de niñas y niños, útiles para que sus madres y padres puedan seguir trabajando. Aun a costa de más contagio, enfermedad y muerte.
Amamos la escuela pública, la única realmente democrática. Como madre quiero a mi hija allí, aprendiendo y compartiendo con sus compañeras y compañeros. Pero no a cualquier precio, bajo alto riesgo de contagio. Quiero y defiendo la educación pública con presupuesto suficiente para salarios dignos y que sus trabajadores no deban correr de escuela en escuela, de turno en turno, para llegar a fin de mes. La quiero con infraestructura e insumos suficientes para cuidar y prevenir.
Queremos un país donde un puñado de “supremos” no decida por miles. Donde todo lo que hace a la educación pública lo decida la comunidad educativa. Donde alguna vez a los jueces se los elija por voto popular, sus mandatos sean limitados, revocables y ganen lo mismo que una directora de escuela. Donde alguna vez los políticos y funcionarios estén obligados a usar ellos y sus familias lo público y no refugiarse en escuelas y clínicas privadas. Hasta que esto no suceda, seguiremos a merced de jueces privilegiados y negacionistas, o de voceros del “no se puede” que nunca van por cambios de fondo. Desde la izquierda alzamos otra voz, distinta, que se rebela contra esa grieta que nos deja sin futuro.