La renuncia de Elena Inés Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la reciente ley porteña por la cual la justicia local puede revisar y modificar sentencias del ámbito nacional volvieron a poner el foco en el sistema judicial y su vínculo con la casta política.
Un breve repaso
Highton de Nolasco fue la primera mujer que integró la Corte en democracia, en 2004, recomendada por Alberto Fernández al entonces presidente Néstor Kirchner. Al cumplir 75 años presentó un amparo para seguir en el cargo, pasando por sobre la letra de la Constitución. Ahora comunicó que dejará su cargo el 1º de noviembre.
Entre otros fallos en contra del pueblo trabajador, Highton votó a favor -junto con los jueces Rosatti y Rosenkrantz- de otorgar el beneficio del “2×1” a los genocidas de la última dictadura militar y de que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias, a diferencia de muchos trabajadores que sí lo pagan.
A su vez, en la Legislatura porteña, el macrismo acaba de aprobar una ley escandalosa a gusto del gran empresariado, muchas de cuyas compañías tienen sede en la Capital. Ese mamarracho jurídico habilita al Poder Judicial porteño a revisar y rectificar fallos laborales de la justicia nacional.
¿Por qué es importante resaltar ambos hechos? Porque mientras el Poder Judicial, como parte del Estado, sea servil a los intereses capitalistas, no importa demasiado quiénes lo integren. Menos aún con el actual formato de designación de los jueces y fiscales, que está atado al poder político a través de los Consejos de la Magistratura. Hace falta entonces una profunda reforma judicial que democratice todo el sistema para que los magistrados defiendan los intereses del pueblo y no los de la casta empresarial y política.
¿Y ahora, qué?
¿Cómo se cubre el cargo que deja Highton? “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto” (art. 99 inc. 4, Constitución Nacional). Es decir, los mismos que eligen a los bancos por sobre los jubilados, y los mismos que votan leyes y presupuestos de ajuste, decidirán quién se integra a la Corte, situación nada democrática para un poder público. Son los mismos que deciden sobre nuestras vidas en base al ordenamiento jurídico actual -y a veces incluso contra él-, poseen cargos vitalicios, no pagan Ganancias y son casi inamovibles. ¿Acaso en un sistema que se dice republicano se puede tolerar tal nivel de privilegios?
La Corte está lejos de entender las necesidades populares, con sus salarios exorbitantes, sentencias a la orden del establishment y jueces puestos a dedo como Rosatti y Rosenkrantz. Como los otros poderes, el judicial es ajeno a la realidad social, ante una pobreza que aumenta, una indigencia que indigna y salarios cada vez más por debajo de la canasta básica.
Desde el Poder Ejecutivo declaran “será una mujer sí o sí”, a tono con su retórica de género. Pero no hay que engañarse: elegir a una mujer como integrante no resuelve los problemas que sufren las mujeres. Menos cuando el gobierno destina cada vez menos fondos a combatir la violencia de género y designa como jefe de gabinete al antiderechos Juan Manzur.
La Corte, más allá de quién suceda a Highton, mantendrá su carácter de clase dominante, y su dependencia de los otros poderes que, mediante pactos y concesiones entre los distintos sectores políticos, la eligen para defender los intereses capitalistas.
En 2020 Alberto Fernández amagó con una reforma judicial y la derecha lo acusó de “defender a Cristina”. A su vez ella se quejaba del lawfare, o sea del uso político de la justicia en contra de ella. Falsos, tanto la reforma como el discurso de JxC. La reforma no contenía soluciones de fondo: no modificaba la elección de jueces y no buscaba independizar al Poder Judicial, sino aparecer como una “lucha contra los poderosos”. Y el discurso de JxC no tenía sentido, ya que la reforma oficial era casi igual a la que pretendía Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.
Además de luchar para derogar la reciente ley porteña, desde el MST y el FIT Unidad proponemos una verdadera reforma judicial. Los jueces y fiscales deben ser elegidos mediante el voto popular. Es decir, que la sociedad se integre, participe y decida democráticamente, ya que los fallos de la Corte y de todo tribunal no son ajenos a la vida cotidiana. Los mandatos deben ser limitados, revocables por mal desempeño y hay que establecer los juicios por jurados populares. Además deben cobrar salarios igual al promedio y derogar las jubilaciones de privilegio para terminar con la casta judicial. Así se arrancaría de cuajo la dependencia entre poderes y la justicia por fin defendería los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.
Dr. Nicolás Quiroz, CADHU–MST