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Tras la denuncia presentada por el gobierno nacional, el juez federal Patricio Maraniello ordenó el “cese inmediato de la difusión” de los audios que involucran a Karina Milei en un escándalo de corrupción. La resolución judicial prohíbe expresamente su divulgación a través de cualquier medio de comunicación, marcando un precedente grave contra la libertad de prensa y de expresión.
Un blindaje judicial al poder
La decisión se produce en medio de la creciente polémica por las revelaciones que comprometen a la hermana del presidente y jefa de la Secretaría General de la Presidencia. Lejos de impulsar una investigación transparente, el fallo busca silenciar a la prensa y blindar al gobierno libertario, restringiendo el derecho de la sociedad a conocer información de evidente interés público.
Los audios filtrados exhiben negociaciones irregulares vinculadas con el manejo de recursos públicos y posibles pedidos de coimas. Sin embargo, en lugar de avanzar sobre los responsables políticos, la Justicia eligió criminalizar la difusión periodística y alinearse con la estrategia oficial de presentar el caso como una “operación política”.
Libertad de expresión en riesgo
La resolución constituye un acto de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos. Se trata de un nuevo capítulo en la ofensiva gubernamental y judicial contra voces críticas, que se suma a un escenario de creciente persecución política y digital.
El fallo de Maraniello no solo encubre la posible corrupción en el corazón del gobierno, sino que instala un peligroso antecedente de censura en democracia. Mientras los responsables políticos siguen impunes, la Justicia ataca a los medios y a la libertad de expresión, confirmando que en la Argentina de Milei, la transparencia se reemplaza por blindaje judicial y persecución.
Además el gobierno intentó avanzar con allanamientos e incautación de materiales, computadoras, celulares, entre otros elementos a los medios que difundieron los primeros audios. Mientras buscan hostigar al periodismo.
La mugre bajo la alfombra
Buscando cambiar el eje de la discusión para contrarrestar el avance del escándalo de corrupción, el Gobierno nacional. Además del reciente pronunciamiento de la Justicia, el oficialismo, presentó una denuncia penal por lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al Poder Ejecutivo mediante la filtración de audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo.
La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad, incluye una solicitud de medidas cautelares para prohibir la difusión de nuevas grabaciones y alega “influencia extranjera” con patrones similares a “operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”. Esta presentación, por sorteó terminó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py que hoy se encuentra siendo subrogado por el juez Julián Ercolini, un personaje con un currículum interesante, como su participación en el escándalo de Lago Escondido.
Otros frentes de la causa ANDIS
Mientras tanto, la causa principal por las presuntas coimas en ANDIS avanza con desarrollos procesales. El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” tras comprobar que obstruyó activamente los allanamientos en el barrio privado donde residen los hermanos Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. Las pruebas clave incluyen mensajes de WhatsApp donde De Vicentis instruía a su equipo: “Nosotros no tenemos que facilitarles el camino a los policías” y ordenaba derivar todo al área legal para “anular el factor sorpresa”.
En paralelo, la defensa de los Kovalivker lanzó una contraofensiva legal al solicitar la nulidad absoluta de toda la causa. Argumentando la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, el abogado Martín Magram sostuvo que la investigación se basa en audios obtenidos ilegítimamente que violan el derecho a la intimidad de Spagnuolo. “Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas”, afirmó, buscando invalidar desde el origen todas las pruebas recolectadas, incluidos los allanamientos y peritajes.
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Contra la corrupción y las coimas de Karina
La experiencia del gobierno libertario deja en claro que el poder Ejecutivo actúa sin frenos, amparado por instituciones que deberían controlarlo y que en los hechos lo avalan. Por eso, la única salida real para enfrentar los hechos de corrupción que tienen en el centro a Karina Milei, es una comisión investigadora independiente del poder político, integrada por referentes de trayectoria intachable, capaz de esclarecer hasta el final cada maniobra y garantizar que los responsables políticos y empresariales reciban castigo efectivo, con cárcel y la inhabilitación para volver a ser funcionarios.
Pero esta tarea no puede quedar solo en manos de un puñado: hace falta una enorme movilización popular, con millones de personas en las calles, porque mientras ajustan brutalmente áreas sensibles como la discapacidad o a los jubilados y repiten discursos vacíos sobre equilibrio fiscal, los mismos que hablan de “austeridad” se llenan los bolsillos con negocios corruptos. No hay equilibrio ni justicia posible mientras la casta libertaria siga saqueando al país bajo la bandera de la “libertad”.
