En un nuevo gesto de alineamiento con el gobierno nacional, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este viernes al ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa de Gobierno de Corrientes, donde acordaron avanzar con la discusión de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Javier Milei, a horas de que el Senado comience el debate del proyecto.
Santilli, en plena gira federal para conseguir apoyos, insistió en que “ningún gobernador puede estar en contra” de una reforma que, en sus palabras, “generará empleo privado, aumentará la productividad y las inversiones” y que está orientada a formalizar puestos de trabajo e incorporar derechos a quienes están en la informalidad.
Por su parte, Valdés sostuvo que “es altamente positivo” discutir la “modernización” del sistema laboral siempre que no se pongan “en riesgo los derechos de los trabajadores”, menciona el gobernador de forma hipócrita, mientras negocia una ley que quiere barrer conquistas históricas.
La reunión se da en un contexto de feroz ajuste económico y fiscal: Corrientes enfrenta caída de ingresos por coparticipación y tensiones presupuestarias, mientras el gobierno nacional presiona por reformas estructurales que desmonten regulaciones laborales y sociales. Valdés, con fuerte influencia sobre los senadores correntinos, aparece como un actor estratégico para el oficialismo. Siendo escandaloso que una ley que afecta tan profundamente a los trabajadores sea debatida con los gobernadores y no con los trabajadores mismos.
¿Modernización o regresión social?
Los defensores del oficialismo repiten la narrativa de que la legislación vigente está desactualizada y que la reforma impulsará inversiones y crecimiento. Sin embargo, oeste tipo de reformas va a profundizar la desigualdad, facilitar despidos y precarizar aún más a amplios sectores de la fuerza laboral.
La reforma laboral está llamada a ser uno de los ejes del paquete de leyes a tratar en sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno, al igual que otras iniciativas que también generan inquietud entre amplios sectores populares como la ley penal juvenil y cambios en normas ambientales.
La visita de Santilli y el guiño de Valdés representan un paso más en la construcción de un “modelo de país” que prioriza beneficios para capitales y empresas por sobre la dignidad del trabajo. Hablar de “modernizar” el trabajo sin poner en el centro la distribución del ingreso, la defensa sindical y la protección social es un eufemismo para una reforma regresiva que podría profundizar la precarización del empleo con el argumento de combatir la informalidad.
Ante la avanzada de esta ley reaccionaria, hay que oponerle una enorme movilización con paro que rodee el Congreso el día que se trate, en virtud de organizar esa batalla se convoca este 4 de febrero a un Cabildo Abierto en el Htal. Garrahan.
